Sin antecedentes: lo que revelan las contundentes cifras de las redadas del ICE en Chicago
Mientras el gobierno federal aseguraba que iba detrás de “lo peor de lo peor”, un listado mostró que no hubo ningún demorado con antecedentes por delitos graves
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LA NACION
Un documento judicial reveló una radiografía sobre las recientes redadas migratorias en Chicago. Aunque el gobierno federal durante semanas aseguró que sus operativos apuntaban a personas peligrosas, los registros mostraron un panorama completamente distinto: la inmensa mayoría de los extranjeros arrestados no tenía historial delictivo.
El 97% de los migrantes detenidos en Chicago no tenía antecedentes graves
El listado de 614 personas arrestadas por agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y difundido tras una orden del juez federal Jeffrey Cummings dejó en evidencia una profunda contradicción entre el discurso oficial y la realidad de los operativos.
Según la reconstrucción publicada por Chicago Tribune y ampliada por NPR, apenas 16 personas —equivalente al 2,6% del total— tenían antecedentes penales de cualquier tipo.
El gobierno señaló desde el inicio que la operación estaba dirigida a “los peores de los peores”, una categoría que, según sus propias declaraciones, incluía homicidas, violadores y agresores violentos que supuestamente aprovechaban las políticas santuario de Illinois. Sin embargo, la información presentada en el expediente judicial reveló que no existía ni una sola condena por asesinato o violación entre los detenidos.
Un total de 598 personas detenidas carecía totalmente de antecedentes. Aun así, 42 fueron colocadas por el Departamento de Seguridad Nacional en la categoría de “alto riesgo”, sin que se ofrecieran explicaciones sobre los criterios usados para esa evaluación.
Cómo se realizaron las detenciones del ICE en Chicago
Los medios citados explicaron que el juez Cummings reconstruyó las circunstancias de los arrestos a partir de más de 150 peticiones en trámite en tribunales federales.
Ese análisis reveló que los operativos afectaron a personas que realizaban actividades cotidianas y ajenas a cualquier indicio de peligrosidad. De acuerdo con su evaluación, la operación no estuvo orientada a localizar delincuentes, sino que tuvo un alcance indiscriminado.
Según lo expuesto por el magistrado, muchos de los detenidos realizaban tareas laborales, familiares o administrativas cuando fueron interceptados:
- 54 personas fueron detenidas mientras trabajaban, incluidos jardineros, conductores de servicios de transporte y vendedores callejeros.
- 20 migrantes fueron arrestados mientras viajaban hacia o desde sus empleos.
- Nueve individuos fueron interceptados en tiendas de herramientas como Home Depot o Menards.
- Seis fueron sorprendidos afuera de sus viviendas o de domicilios de conocidos.
- Siete fueron capturados mientras acudían a audiencias migratorias o citas oficiales.
- 11 más fueron detenidos en espacios públicos, desde supermercados hasta un autoservicio de Dunkin’ Donuts.
La descripción llevó al juez a afirmar que resultaba “altamente improbable” que quienes figuraban en esos expedientes fueran integrantes de grupos delictivos, narcotraficantes o pandilleros, como sostenía el ICE.
El listado del ICE abrió un nuevo frente judicial: fuertes críticas y cuestionamientos
La publicación del listado se produjo en el marco de una demanda que cuestiona múltiples violaciones a un acuerdo alcanzado en 2022, conocido como el convenio Castañón Nava. Ese decreto limita las detenciones sin orden judicial a situaciones donde los agentes tienen motivos razonables para creer que la persona permanece ilegalmente en el país y representa un riesgo de fuga.
Sin embargo, los abogados que representan a los migrantes afirmaron que el ICE ignoró abiertamente esas condiciones e incluso distribuyó entre sus agentes formularios de órdenes de arresto en blanco para completarlos durante los operativos, una práctica que generó duras críticas del magistrado.
Entre los nombres incluidos en el listado figuraban personas cuyas detenciones habían sido objeto de cobertura previa. Chicago Tribune mencionó el caso de una pareja arrestada mientras trasladaba a su hijo mayor a la universidad. Moises Enciso Trejo y Constantina Ramírez Meraz recuperaron la libertad días atrás y se reencontraron con sus cuatro hijos.
Otro ejemplo es el de Darwin Leal, migrante venezolano de 24 años, detenido mientras manejaba con su familia en Little Village y posteriormente enviado a una cárcel en Texas, pese a haber sido clasificado como riesgo “bajo”.
Abogados de organizaciones como la ACLU de Illinois remarcaron que los números contradicen de forma contundente el relato oficial. “Es evidente que realizaron una barrida indiscriminada y no una operación selectiva”, declaró Michelle García, citada por NPR.
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