¿Cambian las reglas de inmigración?: el temor de millones de latinos que obtuvieron la nacionalidad americana

Los ciudadanos naturalizados en Estados Unidos afrontan incertidumbre ante las nuevas decisiones políticas de la administración Donald Trump. En este contexto, las señales del gobierno federal, los anuncios del Departamento de Justicia y episodios de controles severos alimentan la duda de si cambiará el estatus que durante décadas se consideró definitivo y seguro.

Durante años, naturalizarse funcionó como un punto de llegada. La experiencia de Dauda Sesay —contada por Associated Press— refleja ese sentimiento.

Llegó desde Sierra Leona luego de huir de la guerra civil, pasó casi diez años en un campo de refugiados y finalmente encontró en Louisiana un lugar para empezar de cero.

Al escuchar que, si seguía “las reglas” y mantenía una vida ordenada, eventualmente podría pedir la ciudadanía, entendió ese paso como una protección. Con el tiempo, aseguró: “Cuando levanté mi mano y tomé el juramento de lealtad, creí en la promesa de que pertenecía”.

Ese convencimiento, sin embargo, comenzó a resquebrajarse tanto para Sesay como para otras personas naturalizadas a medida que la administración de Donald Trump introdujo cambios radicales en materia migratoria. La intención de redefinir quién puede considerarse parte de la comunidad nacional, los intentos por limitar la ciudadanía por nacimiento y las detenciones amplias en operativos de control encendieron alarmas que, hasta hace algunos años, les parecían impensadas, según el medio citado.

Para numerosos latinos con ciudadanía, un factor recurrente es el temor a viajar. En diferentes aeropuertos se registraron casos de personas naturalizadas retenidas o interrogadas de manera invasiva, indicó Associated Press. Incluso quienes viajan dentro del país norteamericano prefieren llevar el pasaporte en lugar del REAL ID, a pesar de que este último tiene estándares federales de seguridad más estrictos.

Los operativos de control también contribuyeron a esta incertidumbre. Según AP, redadas realizadas por agentes federales encapuchados en urbes como Chicago o Nueva York terminaron por incluir a ciudadanos estadounidenses dentro de sus operativos. Uno de ellos, detenido dos veces por error, presentó una demanda federal.

A esto se sumó otro anuncio que genera dudas en la comunidad latina: un memorando del Departamento de Justicia que detalló la intención de incrementar los procesos de desnaturalización contra personas acusadas de delitos o consideradas riesgos de seguridad nacional. El hecho de que el presidente Donald Trump amenazara públicamente con despojar de la ciudadanía al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, intensificó el temor de que la herramienta pudiera utilizarse con fines políticos.

La desconfianza es tal que varios líderes comunitarios se negaron a hablar públicamente por miedo a represalias o a quedar bajo la lupa de las autoridades. Solo Sesay aceptó hacerlo. Desde Nuevo México, la senadora estatal Cindy Nava señaló que jamás había visto tanta inseguridad entre personas naturalizadas, incluso entre quienes cumplieron todos los requisitos hace décadas.

Associated Press explicó meses atrás que el Departamento de Justicia impulsa una estrategia más robusta para revocar ciudadanías obtenidas de forma irregular. Aunque las desnaturalizaciones fueron históricamente poco frecuentes —solo poco más de 300 casos entre 1990 y 2017—, el gobierno busca ampliar esos procedimientos.

El memorando del titular de la División Civil, citado por AP, detalló que se priorizarán casos vinculados a:

• Personas consideradas amenazas para la seguridad nacional.
• Acusados de delitos violentos.
• Integrantes de pandillas o cárteles.
• Individuos que hayan cometido fraudes, incluidos los de Medicaid.

La iniciativa, según el medio citado, se parece a los esfuerzos de la Operación Janus, iniciada durante la presidencia de Barack Obama; una operación que detectó inconsistencias de identidad en cientos de expedientes. También coincide con la ampliación de una oficina especializada en casos de desnaturalización creada durante la primera administración de Trump.