La incertidumbre que viven miles de migrantes que pagaron sus impuestos en el IRS

El reciente acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) provoca preocupación en la comunidad inmigrante. Este convenio autoriza el acceso a información fiscal confidencial, que hasta ahora había sido utilizada por quienes declararon impuestos de manera segura, lo que genera temor entre los contribuyentes que confiaban en la protección de sus datos.

El IRS y el DHS comparten datos fiscales con ICE

“Mucha gente se siente traicionada”, dijo Adriana Rivera, de la Coalición Inmigrante de Florida a CNN. Es que el acuerdo entre las agencias permite que el ICE consulte datos fiscales para identificar personas vinculadas a investigaciones, incluso si estas no tienen antecedentes penales.

“Es aterrador pensar que te pueden localizar por haber hecho algo correcto durante años, como pagar impuestos”, afirmó Rivera.

Durante décadas, el IRS aseguró a los contribuyentes el carácter confidencial del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), una herramienta fundamental para que inmigrantes sin estatus legal declarado pudieran cumplir con sus obligaciones fiscales sin poner en riesgo su permanencia en el país. La reciente medida altera esa separación histórica entre agencias, lo que genera inquietud sobre la protección de la información tributaria.

“Muchas personas se preguntan: ”¿Qué debo hacer? ¿Sigo pagando impuestos? Porque comprenden la importancia y la obligación legal que implica”, agregó Rivera. “Pero tienen una decisión muy difícil. Cumplir con ese deber puede significar la separación de sus familias, e incluso, en algunos casos, poner en riesgo sus vidas”, planteó la vocera de la Coalición Inmigrante de Florida.

Menos ingresos, más déficit

El Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP, por sus siglas en inglés) advirtió que los inmigrantes indocumentados aportaron en 2022 casi 100 mil millones de dólares al sistema tributario. En este sentido, sostuvieron que si la desconfianza provocara una disminución en la cantidad de declaraciones voluntarias, el efecto sobre la recaudación federal podría ser considerable.

Carl Davis, director de del ITEP, advirtió a Axios que “los simples informes ya están generando miedo y pueden reducir la presentación de declaraciones, especialmente entre quienes están más expuestos a controles migratorios”, explicó. Según Davis, si la tasa de cumplimiento entre inmigrantes indocumentados —que ronda el 60%— cae al 30%, el costo fiscal podría superar los 28.000 millones de dólares anuales.

A mediano plazo, ese temor puede empujar a miles de trabajadores hacia la informalidad, lo que afectaría no solo la recaudación del impuesto a las ganancias, sino también ingresos por ventas y contribuciones estatales.

“Hay un aumento general del miedo a la deportación, más allá de sí el IRS comparte o no los datos”, señaló Davis: “Eso lleva a que la gente evite trabajos formales y se oculte del gobierno”.

El impacto, según el especialista, no se limitaría a una menor recaudación inmediata, también debilitaría la estructura fiscal a largo plazo al desalentar el cumplimiento voluntario entre quienes más aportan desde las sombras.

Demanda judicial contra el IRS por uso indebido de datos

Organizaciones de trabajadores inmigrantes presentaron una demanda federal contra el IRS, el DHS y el ICE. El litigio fue impulsado por Public Citizen y Raise the Floor Alliance en nombre de agrupaciones como Centro de Trabajadores Unidos, Immigrant Solidarity Dupage, Somos Un Pueblo Unidos e Inclusive Action for the City.

El documento judicial sostiene que el nuevo acuerdo viola las protecciones legales sobre confidencialidad fiscal. En este contexto, los demandantes pidieron una orden de restricción temporal para frenar la implementación del acuerdo, pero el tribunal la rechazó tras la declaración del IRS de que aún no había compartido información.

A fines de marzo, los abogados presentaron una solicitud de orden judicial preliminar para bloquear cualquier intercambio futuro de datos con fines migratorios.

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