Alguaciles se oponen al fin del programa 287(g) y advierten que seguirán colaborando con el ICE en Maryland
La nueva normativa, impulsada por el gobernador Wes Moore, exige cancelar convenios migratorios antes de julio
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LA NACION
La entrada en vigor de la ley SB 245 en Maryland abrió un escenario de conflicto institucional entre el gobierno estatal y autoridades policiales locales. La norma impide que agencias de seguridad mantengan convenios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a través del programa 287(g), que habilitan a oficiales locales a cumplir funciones vinculadas al control migratorio, pero los alguaciles quieren seguir colaborando.
Alguaciles de Maryland rechazan el fin del programa 287(g)
La nueva disposición, firmada por el gobernador Wes Moore en febrero, establece que todos los acuerdos vigentes deben ser cancelados antes del 1° de julio de este año. La medida tiene carácter de emergencia, por lo que comenzó a aplicarse de manera inmediata tras su promulgación.
Pese a este marco legal, un grupo de nueve alguaciles expresó su desacuerdo con la decisión. Los funcionarios consideran que la cooperación con autoridades federales forma parte de sus estrategias de seguridad y anticiparon que evaluarán alternativas para sostener ese vínculo.
Entre los referentes de esta postura se encuentran Jeff Ghaler y Chuck Jenkins, quienes encabezaron declaraciones públicas contra la nueva legislación. Ambos sostienen que el intercambio de información con el ICE contribuye a la gestión de detenidos y al control de personas con causas penales.
“Los demócratas en Maryland han decidido demonizar el programa, difundir noticias falsas diciendo que agentes del orden están en las calles deteniendo autos y pidiéndole a la gente su estatus migratorio y sus documentos. Esto no está ocurriendo y no ha estado ocurriendo en Maryland”, dijo Ghaler, sheriff del condado de Harford, a Univision. “El 287 es estrictamente basado en el sistema correccional”, explicó.
En el condado de Harford, el programa funcionó durante ocho años hasta su cancelación obligatoria. Según datos aportados por Ghaler, en ese período se realizaron cientos de derivaciones a autoridades migratorias, aunque la decisión final de actuación dependía del gobierno federal.
En Frederick, el esquema llevaba cerca de dos décadas en funcionamiento. Jenkins indicó que la iniciativa formaba parte de la operatoria habitual de su jurisdicción.
“Por ser un programa de modelo carcelario completo, pudimos investigar el estatus migratorio de todo aquel que fuera arrestado en este condado y viniera a nuestra cárcel“, señaló. “Hay maneras de cooperar y trabajar con el ICE fuera del programa 287(g), lo cual planeo hacer si puedo. No violaré la ley porque no lo haré”, agregó.
Ley SB 245 en Maryland: qué prohíbe y cómo afecta los acuerdos con el ICE
La nueva normativa prohíbe de manera expresa la firma de nuevos acuerdos entre organismos locales y autoridades migratorias federales. También ordena rescindir los convenios activos mediante las cláusulas previstas en cada contrato.
El texto legal fija como fecha límite el 1° de julio para la finalización de todos los vínculos formales con el programa 287(g). A partir de ese momento, las agencias locales no podrán ejercer funciones delegadas en materia migratoria.
Desde el gobierno estatal, Moore defendió la iniciativa al señalar que busca evitar la delegación de tareas federales en agentes locales sin competencias específicas en inmigración. También sostuvo que la medida apunta a preservar la relación entre fuerzas de seguridad y comunidades migrantes.
“En Maryland, defendemos los derechos constitucionales y la actuación policial conforme a la Constitución, y no permitiremos que agentes del ICE sin capacitación, sin cualificación y sin rendición de cuentas designen a nuestros agentes del orden público como agentes de la ley”, dijo en un comunicado. “Maryland es una comunidad de inmigrantes, y esa es una de nuestras mayores fortalezas”, agregó.
Maryland: organizaciones proinmigrantes advierten sobre posibles violaciones a la ley SB 245
El escenario generó posiciones contrapuestas. Mientras los alguaciles insisten en la utilidad operativa del programa, organizaciones que trabajan en defensa de inmigrantes cuestionan su implementación y advierten sobre posibles incumplimientos de la ley.
“Definitivamente es alarmante que tengamos a estos alguaciles diciendo que van a violar la ley, que no van a seguir al pie de la letra la nueva normativa como es y que van a buscar otras maneras diferentes para poder trabajar con el ICE“, dijo Ninfa Amador, gerente de políticas de la organización CASA, a Univision.
Esta organización sostuvo que una proporción significativa de las personas alcanzadas por procedimientos migratorios no registra antecedentes penales. Además, alertaron sobre la posibilidad de que surjan mecanismos informales de cooperación entre autoridades locales y federales.
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