Actualizaciones recientes de la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.: las reglas que aplican a los migrantes en 2025

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos volvió a ocupar el centro de la escena política y judicial en 2025. Un proyecto de ley en el Congreso, una orden ejecutiva presidencial y una serie de fallos judiciales buscaron redefinir quién puede ser considerado ciudadano estadounidense al nacer. Las medidas, impulsadas por la administración Donald Trump, generaron un intenso conflicto legal que aún no tiene resolución definitiva.

• El 20 de enero de 2025, apenas asumido su segundo mandato, Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”.
• La medida buscó limitar la llamada birthright citizenship, es decir, el derecho automático a la ciudadanía de los niños nacidos en territorio estadounidense, incluso si sus padres son extranjeros.

El texto presidencial sostuvo que la Enmienda 14 de la Constitución nunca se interpretó como una garantía universal. Según el documento emitido por la Casa Blanca, el derecho de ciudadanía no debía aplicarse a niños nacidos de madres que estuvieran en el país norteamericano de manera irregular ni a aquellas cuya presencia fuera temporal —por ejemplo, bajo una visa de turismo, estudio o trabajo— cuando el padre no fuera ciudadano ni residente permanente legal.

“El privilegio de la ciudadanía de Estados Unidos es un regalo invaluable y profundo”, señaló el presidente en su orden ejecutiva, al afirmar que el objetivo era preservar el valor del estatus de ciudadano.

Además, instruyó a los departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Nacional y al Seguro Social a modificar sus políticas para impedir la emisión de documentos que reconozcan la ciudadanía a quienes no cumplan con los nuevos criterios.

La disposición estableció un plazo de 30 días para su entrada en vigor y aclaró que los nacimientos previos a esa fecha no serían afectados.

En paralelo, el 21 de enero de 2025, se presentó en la Cámara de Representantes el proyecto H.R.569, conocido como Birthright Citizenship Act of 2025. La iniciativa, según el resumen elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), redefine el alcance del concepto “sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos”.

De acuerdo con el texto legislativo, solo serían considerados ciudadanos al nacer los hijos de:

• Ciudadanos estadounidenses.
• Residentes permanentes legales que vivan en el país norteamericano.
• Personas con estatus migratorio legal que sirvan activamente en las Fuerzas Armadas.

La propuesta legislativa reflejó el mismo espíritu restrictivo que la orden ejecutiva de Trump, al intentar limitar la ciudadanía a los descendientes de padres con vínculos legales sólidos con Estados Unidos. No avanzó dentro del Congreso.

La medida presidencial fue impugnada en los tribunales casi de inmediato. Organizaciones de defensa de los inmigrantes, estados y ciudades presentaron demandas federales apenas horas después de su firma.

Según un reporte de SCOTUS News publicado en julio de 2025, tres jueces federales dictaron órdenes de suspensión que impidieron la aplicación de la orden ejecutiva en todo Estados Unidos, mientras que un cuarto juez emitió una medida más limitada que solo benefició a los miembros de ciertos grupos demandantes.

Durante los meses siguientes, el conflicto llegó hasta la Corte Suprema. En el caso Trump v. CASA, los magistrados escucharon los argumentos el 15 de mayo y publicaron su decisión el 27 de junio. En una votación de seis a tres, la jueza Amy Coney Barrett escribió la opinión mayoritaria, en donde concluyó que los tribunales inferiores no tienen autoridad para emitir cautelares universales —bloqueos a nivel nacional— contra políticas federales.

Aunque la resolución fue interpretada como una victoria parcial para Trump, no resolvió el fondo del asunto: la constitucionalidad del decreto sobre la ciudadanía por nacimiento. El fallo, sin embargo, abrió la puerta a nuevas demandas colectivas, conocidas como “class actions”, que podrían tener el mismo efecto de frenar la aplicación de la orden a nivel nacional.

De hecho, ese mismo día se presentó una nueva demanda colectiva que representó a bebés que podrían verse afectados por la orden. El juez federal Joseph Laplante, en New Hampshire, aceptó certificar a esos niños como una clase protegida y emitió un nuevo bloqueo nacional el 10 de julio.

En octubre, la batalla judicial continuó en Boston. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó el bloqueo a la orden ejecutiva en el caso New Hampshire Indonesian Community Support v. Donald J. Trump. El fallo respondió a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones de derechos civiles, como Make the Road New York, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Asian Law Caucus.

La corte de apelaciones sostuvo que la orden presidencial contradecía principios históricos del derecho constitucional estadounidense. “Las lecciones de la historia nos dan todas las razones para desconfiar de este intento de romper con nuestra tradición establecida de reconocer la ciudadanía por nacimiento”, señaló el tribunal en su resolución.

Desde la ACLU, Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, calificó la decisión como “otra reprimenda a los esfuerzos abiertamente inconstitucionales del presidente Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento”.

A pesar de los múltiples fallos en su contra, el gobierno federal apeló las decisiones y solicitó que la Corte Suprema revise los casos Barbara v. Trump y Washington v. Trump, ambos relacionados con la constitucionalidad de la orden ejecutiva. Mientras tanto, las medidas cautelares continúan vigentes, lo que impide que la orden entre en efecto.

El panorama legal sigue abierto. La Corte Suprema deberá pronunciarse, probablemente en 2026, sobre si el Ejecutivo tiene autoridad para restringir la ciudadanía por nacimiento o si esa potestad está limitada por la Enmienda 14.

Hasta entonces, la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos se mantiene como un derecho intacto.