No están a salvo: la Administración Trump emite esta advertencia a los titulares de green card

La administración de Donald Trump emitió una nueva advertencia dirigida a los residentes legales permanentes en Estados Unidos, también conocidos como titulares de la green card. A través de publicaciones en redes sociales oficiales, el gobierno dejó claro que este estatus no garantiza una permanencia indefinida y que cualquier acción percibida como amenaza a la seguridad nacional puede desencadenar consecuencias graves.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) reiteró esta semana que tener una visa o una green card es un privilegio, no un derecho. En una publicación difundida este 30 de abril desde su cuenta oficial en la red social X, la agencia declaró: “Venir a Estados Unidos y recibir una visa o una green card es un privilegio. Nuestras leyes y valores deben ser respetados. Si incita a la violencia, respalda o apoya actividades terroristas, o anima a otros a hacerlo, ya no podrá permanecer en Estados Unidos”.

Estas afirmaciones formaron parte de una campaña de advertencia más amplia que la administración de Trump desplegó en los últimos meses. Apenas un día antes, el 29 de abril, Uscis había publicado: “Todos deben estar advertidos. Si eres un invitado en nuestro país, compórtate como tal. Nuestro sólido programa de monitoreo en redes sociales para identificar riesgos a la seguridad nacional y pública nunca se detiene. Uscis está atento a todo lo que represente una amenaza para nuestra nación y nuestro estilo de vida”.

Las publicaciones dejaron entrever el enfoque más estricto que adoptó el gobierno hacia quienes, aunque posean residencia legal, expresen ideas consideradas contrarias a los intereses del país norteamericano. Según Uscis, estos criterios ya están en aplicación y no se trata de advertencias abstractas.

Desde marzo, Uscis implementó una nueva medida que exige a todos los solicitantes de visas y tarjetas de residencia revelar sus nombres de usuario en redes sociales. Esta información ahora forma parte del proceso de verificación de identidad y evaluación de riesgos para la seguridad nacional.

De acuerdo con cifras publicadas por Newsweek, la medida afecta a más de 2,5 millones de personas que solicitan visas o cambios de estatus cada año, y sumará unas 286 mil horas de trabajo adicionales al personal de inmigración. Aunque desde el gobierno se insiste en que se trata de una política necesaria para preservar la seguridad, varios grupos de derechos civiles advirtieron sobre los riesgos para la libertad de expresión y el debido proceso.

El giro represivo de la administración Trump también encendió las alertas entre defensores de la libertad de expresión y la privacidad. Becca Branum, subdirectora del Centro para la Democracia y la Tecnología, explicó al medio citado que la vigilancia digital con fines migratorios genera un efecto inhibidor.

“La Primera Enmienda protege a todos los que se encuentran en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio. El monitoreo de redes sociales y las políticas basadas en puntos de vista arriesgan los derechos de todos”, señaló.

En la misma línea, Vera Eidelman, abogada senior del Proyecto de Libertad de Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU, advirtió que “expresar puntos de vista políticos —incluso aquellos que el gobierno no aprueba— no convierte a nadie en una amenaza. Lo que sí hace este monitoreo es provocar que la gente se lo piense dos veces antes de decir algo crítico contra el gobierno”.

Saira Hussain, letrada de la Fundación Frontera Electrónica, destacó que muchos de los afectados podrían llevar 30 o 40 años como residentes de Estados Unidos. “Esto crea un enorme efecto paralizador. Muchos tienen miedo de que ser sinceros en internet termine costándoles sus beneficios migratorios”, planteó.