Revés del TPS para venezolanos: la Corte Suprema respalda a Trump y habilita el fin del programa para 350 mil inmigrantes
El máximo tribunal estadounidense pausó la orden de un juez federal que había bloqueado la medida, dejando a cientos de miles de extranjeros en riesgo inmediato de detención y deportación
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La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que la administración Trump puede, por el momento, revocar las protecciones temporales a cientos de miles de inmigrantes venezolanos, pausando una orden judicial federal que había considerado indebida la acción de los funcionarios. La decisión, emitida en una orden breve y no firmada, establece un precedente similar al de mayo, cuando el tribunal ya había permitido a los funcionarios federales cancelar estas protecciones para la comunidad venezolana.
TPS para venezolanos: 600 mil extranjeros en riesgo de deportación
“El mismo resultado que alcanzamos en mayo es apropiado aquí”, afirma la orden del tribunal. Este asunto regresó a la Corte Suprema después de que el juez federal de distrito Edward Chen dictaminara el 5 de septiembre que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había infringido la ley al revocar el estatus de protección temporal (TPS) de 1,1 millones de inmigrantes venezolanos y haitianos. El TPS permite a personas de ciertos países permanecer temporalmente en Estados Unidos por razones humanitarias.
La administración Trump solicitó a la Corte Suprema que suspendiera las partes de la orden de Chen relacionadas con los venezolanos mientras apelaba, sin intentar bloquear las secciones vinculadas a Haití, ya que el estatus de protección para los haitianos expirará en pocos meses. Los tres jueces liberales del tribunal superior expresaron su desacuerdo con la decisión de conceder la solicitud de la administración, según consignó The Washington Post.
“Otro grave abuso”: el voto disidente de la jueza Ketanji Brown Jackson
La jueza Ketanji Brown Jackson, en un voto disidente, criticó que el tribunal optara por “anular sin palabras los juicios meditados de nuestros colegas” de los tribunales inferiores, permitiendo que “esta Administración perturbe tantas vidas como sea posible, lo más rápido posible”. Jackson calificó la decisión como “otro grave abuso de nuestro expediente de emergencia”.
“Dado que, respetuosamente, no puedo tolerar nuestra repetida, gratuita y perjudicial interferencia en casos pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en juego, disiento”, añadió. Las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan también se habrían negado a suspender la orden de Chen, aunque sin detallar sus motivos ni sumarse al disenso de Jackson.
La administración Trump había declarado en documentos judiciales que Noem canceló el estatus migratorio de los venezolanos porque concluyó que las condiciones en su país ya no lo justificaban. Sin embargo, el juez Chen había argumentado que Noem actuó de forma caprichosa, sin “evidencia de una decisión razonada”. El Departamento de Justicia defendió ante la Corte Suprema que Noem “tenía autoridad inherente” para revocar el TPS de los venezolanos y que “un tribunal no tiene base para cuestionar esa determinación”.
La preocupación de las organizaciones civiles tras el fin del TPS para venezolanos
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advirtió que la acción de la Corte Suprema “deja a 350 mil venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediatamente, y a otros 250 mil venezolanos en riesgo de detención y deportación el 7 de noviembre”, cuando expira su estatus de protección. Cecillia D. Wang, directora jurídica nacional de la ACLU, denunció la orden, afirmando que “la Corte está ignorando sus criterios para dar luz verde a las acciones ilegales de la administración Trump”.
Defensores de los inmigrantes también criticaron duramente la decisión. Ana Gil García, líder de la Alianza Venezolana de Illinois, que asiste a inmigrantes en Chicago, expresó: “Esto es grave, Dios mío, no lo puedo creer. Pero lo puedo creer. La Corte Suprema se ha politizado a favor de Trump”.
El Departamento de Justicia no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elogió la decisión, calificándola de “una victoria para el pueblo estadounidense y el sentido común”. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, declaró que “el Estatus de Protección Temporal siempre se supuso que sería precisamente eso: temporal”.
El juez Chen había señalado en su fallo de septiembre que la decisión de la Corte Suprema de mayo no le impedía “decidir el caso sobre el fondo”. La administración Trump, en su solicitud de suspensión, argumentó que Chen estaba “ignorando las órdenes de esta Corte sobre el expediente de emergencia”.
Los abogados de los demandantes pidieron a la Corte Suprema que rechazara la solicitud de la administración, argumentando que la orden de Chen no ignoraba las acciones previas, sino que se basaba en “una alegación procesal completamente nueva y en un expediente fáctico más completo”.
Además, señalaron que pausar la orden de Chen causaría más daño que mantenerla, afectando las vidas de las personas, y que la administración Trump no demostró sufrir un “daño irreparable” si la decisión de Noem permanecía en suspenso.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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