Nueva York busca proteger a los migrantes en 2026: leyes sobre límites a redadas y derecho a un abogado

El estado de Nueva York se prepara para introducir leyes que transformarían su relación con las políticas federales de inmigración. Con miras a entrar en vigor en 2026, los legisladores neoyorquinos buscan reforzar la protección de los migrantes frente a redadas sin orden judicial, restringir la cooperación con el ICE dentro de propiedades estatales y garantizar acceso a representación legal gratuita para quienes enfrenten procesos de deportación.

Límites a las indagaciones sobre estatus migratorio en Nueva York

Uno de los proyectos más ambiciosos es la Ley S8523, conocida como Acta de Protección de No Ciudadanos y Seguridad Pública.

Esta propuesta apunta a limitar las preguntas y controles sobre el estatus migratorio realizados por agencias del gobierno estatal, además de restringir la entrada y las detenciones por parte de autoridades federales en edificios públicos.

La medida busca proteger a residentes y trabajadores de indagaciones innecesarias, al preservar su acceso a programas sociales y servicios estatales sin temor a represalias.

El texto legislativo establece parámetros claros sobre qué entidades pueden solicitar información migratoria y bajo qué circunstancias.

• Indagaciones restringidas: los empleados estatales, excepto los agentes de la ley, no podrían preguntar por el estatus migratorio de una persona, salvo que sea indispensable para determinar la elegibilidad de un programa o beneficio.
• Acción limitada de la policía: los oficiales solo podrían indagar sobre el estatus de alguien si investigan una actividad delictiva concreta. El simple hecho de ser un inmigrante sin documentos no constituiría motivo de investigación.
• Prohibición de uso de recursos estatales: los agentes no podrán utilizar personal, vehículos ni instalaciones del estado para detener o buscar a individuos acusados únicamente de violaciones civiles migratorias.
• Acceso restringido a instalaciones: el ICE solo podrá ejecutar arrestos dentro de edificios públicos si presenta una orden judicial válida o si la acción está vinculada a un proceso legal en curso dentro de ese espacio.
• Confidencialidad garantizada: los funcionarios no podrán compartir información con autoridades migratorias federales para fines civiles de deportación, salvo que exista una orden judicial que así lo exija.

Proyecto de ley en Nueva York: propiedades públicas libres de redadas migratorias

Otra de las medidas centrales es el Proyecto de Ley S8539, denominado New York State ICE-Free Zones Act. Este texto introduce un concepto novedoso: convertir las propiedades estatales y municipales en “zonas libres del ICE”. Es decir, lugares donde las autoridades federales no podrían ejecutar redadas o interrogatorios sin una orden judicial válida.

La iniciativa plantea que los espacios públicos deben ser áreas seguras para todos los residentes, sin distinción de estatus migratorio. Esto incluye escuelas, hospitales, estaciones de transporte, parques y edificios de gobierno.

• Restricción del uso de la propiedad estatal: ninguna dependencia pública podrá ser utilizada para operativos de detención, vigilancia o interrogatorio por motivos migratorios sin una orden judicial emitida por un juez.
• Definición de acción migratoria civil: se considera toda actividad relacionada con arrestos, transporte o procesamiento por parte del ICE en el contexto de procedimientos de deportación.
• Protección individual: ninguna persona podrá ser interrogada o arrestada dentro de un edificio estatal sin que exista un documento judicial que lo autorice expresamente.
• Señalización obligatoria: las instalaciones deberán colocar carteles visibles que informen que el lugar no puede utilizarse para acciones migratorias sin una orden judicial válida.

Derecho a un abogado en procesos de deportación en Nueva York

El acceso a la defensa legal se presenta como otra iniciativa dentro de las reformas migratorias. El Proyecto de Ley S1066, titulado Acceso a Servicios, Aplicación de la Ley y Asesoría Legal, establece el derecho a representación gratuita para las personas que enfrenten procesos de deportación y no cuenten con recursos para contratar un abogado.

El texto, respaldado por legisladores estatales, prevé que el estado asigne fondos para garantizar asesoría jurídica en todos los procedimientos migratorios que afecten a residentes en Nueva York o en estados limítrofes. Además, incluye medidas que buscan evitar la discriminación por origen o estatus.

• Acceso a servicios sin riesgo migratorio: las agencias no podrán registrar ni preguntar el estatus migratorio de quienes soliciten beneficios o asistencia pública, salvo requerimiento legal.
• Restricciones a detenciones por motivos civiles: los agentes estatales y locales no podrán arrestar o retener a una persona únicamente por una infracción administrativa migratoria.
• Prohibición de cooperación con el ICE: ninguna autoridad local podrá ejecutar funciones federales de inmigración bajo el programa 287(g), que permite a policías locales actuar como agentes migratorios.
• Límites de detención: si una persona es retenida por una solicitud del ICE, el plazo máximo será de 48 horas, y solo bajo tres condiciones: orden judicial, antecedentes graves o vinculación con bases de datos de terrorismo.
• Representación legal garantizada: cualquier persona sin recursos y bajo proceso de deportación tendrá derecho a un abogado designado por el estado.

El debate por el programa 287(g) en Nueva York

Mientras una parte de la Legislatura neoyorquina impulsa leyes orientadas a la protección, otro sector propone una dirección opuesta.

El Proyecto de Ley A5467, denominado New York State Immigration Enforcement Act of 2025, busca autorizar a policías locales a colaborar directamente con el ICE mediante la implementación del programa federal 287(g).

Este programa permitiría que hasta diez oficiales por agencia reciban entrenamiento y autoridad para identificar, arrestar y transferir a migrantes considerados “criminales”.

Los defensores del texto argumentan que esta cooperación mejoraría la seguridad pública y reduciría la reincidencia de delitos graves.

Por ahora, todas las propuestas permanecen en etapa de iniciativa y deberán ser discutidas y votadas antes de convertirse en ley.

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