¿Pueden los habitantes de Florida albergar a un indocumentado en su casa?

El Congreso de Florida aprobó a inicios de mayo la iniciativa SB 1718, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, cuya finalidad es que se tipifique como delito apoyar a cualquier inmigrante indocumentado en el estado. Un residente no puede ayudar a las personas que no están de manera legal en Estados Unidos, ni auxiliarlas para entrar al Estado del Sol, incluso si se trata de miembros de su familia. En caso de hacer caso omiso a estas nuevas indicaciones, la pena podría alcanzar hasta 15 años de prisión.

Esta ley entrará en vigor el próximo 1 de julio, según Fast Democracy, el software de seguimiento de proyectos de ley de Estados Unidos. Con esto se convierte en un delito grave el transportar u ocultar inmigrantes indocumentados en cualquier lugar, así como darles empleo. Además, el personal de los hospitales está obligado a pedir información sobre el estatus migratorio de un paciente antes de atenderlo e informar a las autoridades estatales en caso de cruzarse con un paciente sin papeles, informó News Nation.

La nueva legislación “aumentará las sanciones por el tráfico de personas, fortalecerá los estatutos para la detención de extranjeros ilegales, exigirá el uso universal de E-Verify, mejorará las sanciones por falsificación de documentos y prohibirá que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas irregulares que se encuentren en el estado”, se explica en la página oficial del gobierno de Florida.

DeSantis presionó para que se aprobara el proyecto de ley porque el gobierno había gastado cientos de millones de dólares en atención médica para inmigrantes indocumentados. Desde su perspectiva, es una situación inadmisible porque “Florida no es un lugar santuario”. Por lo tanto, aseguró que endurecerá las medidas para que esta nueva ley se cumpla y habrá consecuencias más graves para quienes no lo hagan. Al mismo tiempo, 772 mil inmigrantes indocumentados que radican en Florida se verán afectados directamente, según cifras del Migration Policy Institute.

Si bien ya existía una ley que castigaba a quienes transportaran gente sin documentos legales, la nueva aumentará las penas. Ahora a quienes los lleven, oculten o alberguen se les imputará un delito grave de tercer grado, con el que podrían recibir hasta cinco años de prisión, una multa de US$5000 y cinco años de libertad condicional. Si el indocumentado es menor, el tiempo de cárcel aumentaría hasta 15 años y la multa a US$10.000. Además, se atribuirá un cargo por cada persona irregular que se ayude. Por ejemplo, si alguien traslada a tres inmigrantes, recibirá el castigo por tres delitos, según explica el gobierno de Florida.

Asimismo, el nuevo mandato aprobado por la Cámara de Representantes significará que habrá nuevas medidas que los empleadores deben aplicar. Ya no podrán darle trabajo a cualquier persona, antes deberán utilizar E-Verify, un sistema federal que sirve para verificar si los trabajadores están registrados legalmente en territorio estadounidense. Si no es así, tienen que negarles el acceso. Se castigará a las empresas o establecimientos que empleen a alguien que use identificaciones falsas y para comprobar que la ley se cumpla, el gobierno de Florida hará auditorías constantes.