Es oficial: actualizaciones recientes de la Ley de Protección al Migrante en EE.UU. y cómo puede usarse contra el ICE
La norma fija exigencias para la contratación, transporte, alojamiento y empleo de extranjeros en los campos de EE.UU.
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LA NACION
La Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y de Temporada (MSPA, por sus siglas en inglés) se volvió una herramienta clave para los trabajadores agrícolas temporales en Estados Unidos. Con reglas de contratación y obligaciones sobre vivienda y transporte, ofrece un margen de defensa ante abusos en el campo. Aunque no fue diseñada para frenar acciones migratorias, su estructura permite denunciar irregularidades y exigir compensaciones, incluso cuando existen temores a represalias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Qué cubre la MSPA, la ley laboral clave para trabajadores agrícolas migrantes en EE.UU.
El Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), responsable de administrar la MSPA, describió esta normativa como el principal resguardo para la mayoría de los trabajadores migrantes y temporales empleados en la agricultura.
Esta cobertura se extiende a quienes interactúan con contratistas de mano de obra, asociaciones agrícolas, productores y responsables de viviendas para cuadrillas, siempre que no estén dentro de las excepciones previstas por la propia ley.
La MSPA fija exigencias mínimas para quienes reclutan, trasladan, alojan o emplean a personas dedicadas a labores agrícolas. Estas obligaciones se aplican tanto a los contratistas como a los empleadores y asociaciones agrícolas, y abarcan aspectos centrales de la relación laboral.
La misma norma exige que cada contratista se registre ante el Departamento de Trabajo antes de iniciar cualquier actividad vinculada con la contratación o gestión de trabajadores.
A su vez, quienes contraten los servicios de un contratista deben verificar de antemano que la persona esté autorizada para cada una de las tareas que desempeñará, tal como detalla la información oficial citada por la agencia federal.
También se reconoce la figura del “empleo conjunto”, que puede surgir cuando un productor utiliza la mano de obra provista por un contratista.
En ese escenario, el empleador agrícola asume igual responsabilidad que el contratista en todos los deberes vinculados con la ley, incluidas remuneraciones, información clara sobre las labores y respeto de los acuerdos establecidos.
Derechos laborales de los migrantes agrícolas en EE.UU.: qué pueden reclamar bajo la MSPA
El Departamento de Trabajo detalla que esta legislación otorga a los trabajadores migrantes y temporales el derecho a recibir información clara al momento de ser reclutados y a solicitar esos datos por escrito si son empleados de temporada.
Además, la MSPA exige que los empleadores respeten los términos ofrecidos. Cuando esto no ocurre, la ley abre la puerta a reclamos formales.
Los empleados protegidos tienen permitido presentar quejas ante la División de Horas y Salarios, iniciar demandas privadas o colaborar en investigaciones sin temor a amenazas, represalias, intimidaciones o despidos.
Cómo usar la MSPA para defenderse de abusos y represalias en el campo
La firma de abogados Villalobos & Moore explica que la Ley de Protección al Migrante funciona como un resguardo decisivo para empleados extranjeros que enfrentan explotación o condiciones indignas.
La normativa reconoce que los trabajadores temporales poseen derechos básicos, como recibir información veraz sobre su empleo, cobrar íntegramente sus salarios y desempeñarse en un entorno seguro.
Según la firma, estos elementos permiten reclamar compensaciones cuando un empleador incumple.
La presencia de estos derechos también abre un camino concreto para enfrentar prácticas intimidatorias. Si un trabajador migrante sufre abusos o explotación y el patrón intenta valerse de su estatus migratorio para intimidarlo —incluso si recurre o amenaza con llamar a agencias federales como el ICE— esa conducta puede incorporarse a una denuncia amparada por la MSPA.
La ley protege a los empleados que colaboran en investigaciones y prohíbe toda forma de coerción. Bajo esa lógica, cualquier intento de utilizar procesos migratorios como herramienta de presión puede constituir una infracción contemplada por la ley.
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