Nuevas leyes firmadas por Greg Abbott para desalojar inquilinos ilegales en Texas: entran en vigor en septiembre
Las medidas entrarán en vigor el 1° de septiembre de 2025 y fortalecerán las sanciones contra las invasiones de propiedad no autorizadas en estado
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LA NACION
El gobernador Greg Abbott firmó dos leyes que protegen a los dueños de viviendas frente a “okupas” en Texas. La SB 38 y SB 1333, que entran en vigor el 1° de septiembre de 2025, tienen como objetivo eliminar vacíos normativos que dificultaban el desalojo de inquilinos ilegales y reforzar los derechos de propiedad.
Greg Abbott aprobó una ley para agilizar desalojos de “okupas” en Texas
A través de sus redes sociales, Greg Abbott señaló que los propietarios ahora cuentan con un mecanismo más rápido para recuperar sus viviendas tomadas por “okupas”. El acto de firma, durante una ceremonia realizada en el Capitolio de Texas, contó con la presencia de legisladores estatales y representantes de asociaciones empresariales y del sector inmobiliario.
“Los derechos de propiedad privada son la piedra angular de nuestros valores en Texas. Los dueños de viviendas del estado ahora tienen un medio eficiente para desalojar a los ocupantes ilegales de su propiedad”, enfatizó el gobernador republicano en una publicación de X.
En el comunicado oficial, Abbott aseguró que Texas se enfrenta a una crisis de ocupaciones ilegales, con propietarios que luchan por desalojar a “inquilinos morosos o a personas que nunca debieron estar en su propiedad”.
SB 38: los cambios en el procedimiento de desalojo de ocupantes ilegales en Texas
Una de las leyes firmadas por el gobernador (SB 38) introduce modificaciones al Código de Propiedad de Texas para estandarizar plazos, aclarar competencias de los tribunales y precisar requisitos de notificación. Entre los cambios principales, se establece que los tribunales de paz tienen jurisdicción sobre demandas de desalojo, pero no sobre disputas de titularidad.
La normativa determina que, en casos de falta de pago de renta, el propietario debe otorgar al inquilino un aviso por escrito con al menos tres días de anticipación antes de presentar la demanda. En situaciones derivadas de ventas por ejecución hipotecaria o fiscal, el plazo de notificación para desalojar será de 30 días si se decide no continuar con el contrato de arrendamiento.
También se definen los elementos que debe contener una petición jurada de desalojo, lo que incluye información del demandante, descripción de la propiedad y fundamentos legales. Se limita la exigencia de datos adicionales y se prohíbe la desestimación por errores subsanables.
En tanto, esta ley establece que los juicios por desalojo deben celebrarse entre diez y 21 días después de presentada la demanda, y al menos tres días después de la notificación al demandado. Permite audiencias por medios electrónicos y contempla la figura de disposición sumaria cuando no existan hechos en disputa.
Asimismo, se regula el proceso de apelación, que deberá presentarse dentro de los cinco días posteriores a la sentencia. El tribunal de condado deberá programar un juicio en un plazo máximo de 21 días desde la recepción del expediente.
En caso de apelación, el demandado deberá continuar con el pago de la renta al registro judicial para evitar la emisión inmediata de una orden de posesión. El incumplimiento de esta obligación autoriza al tribunal a ordenar el desalojo sin audiencia.
En la remoción, un oficial entregará la posesión al demandante y supervisará la salida de personas y pertenencias. Los bienes retirados deberán colocarse en un lugar próximo que no obstruya vías públicas, con posibilidad de almacenamiento por parte de terceros autorizados. La nueva ley aclara que el demandante no es responsable por daños derivados de la ejecución de la orden.
SB 1333: intervención inmediata de la autoridad, nuevos delitos y sanciones más severas para los ocupantes ilegales
La SB 1333 modifica el Código Penal y el Código de Propiedad para autorizar a los agentes de la ley y oficiales de policía a retirar de inmediato a ocupantes no autorizados cuando el propietario presente una queja bajo juramento que cumpla condiciones específicas.
El procedimiento requiere que la vivienda no esté abierta al público, que no exista litigio pendiente sobre su posesión, que el ocupante haya sido advertido y no sea inquilino ni familiar inmediato del propietario. Una vez verificada la queja, la autoridad notificará al “okupa” y entregará la posesión al solicitante.
Además, la ley tipifica dos nuevas conductas delictivas:
- La presentación de documentos falsos para aparentar derechos sobre un inmueble: se clasifica como delito menor de Clase A.
- La venta o arrendamiento fraudulento de viviendas sin contar con título o autorización: se clasifica como delito grave de primer grado.
Asimismo, se incrementan las sanciones por daños a la propiedad, con penas que varían según el valor de la pérdida y la naturaleza del daño: desde delitos menores de Clase C hasta delitos graves de primer grado para pérdidas superiores a 300 mil dólares.
El propietario que solicite la intervención de la autoridad debe presentar una identificación oficial y, si actúa un agente, un documento que acredite su representación. La queja debe incluir la dirección del inmueble y confirmar que cualquier documento del ocupante es fraudulento.
El solicitante asume responsabilidad por declaraciones falsas y por remociones indebidas, por lo que podría enfrentar daños y costas judiciales.
La ley SB 1333 establece que las personas removidas de manera injusta pueden demandar para recuperar la posesión, reclamar daños reales y ejemplares, así como honorarios legales. El tribunal deberá atender estas reclamaciones con prioridad.
Cuándo entran en vigor las nuevas leyes firmadas por Greg Abbott
Ambas leyes comenzarán a aplicarse el 1° de septiembre de 2025. Sus disposiciones regirán únicamente para demandas de desalojo presentadas a partir de esa fecha. Los casos iniciados con anterioridad continuarán bajo la normativa vigente en el momento de su presentación.
Con estas reformas, el estado de Texas redefine los procedimientos para desalojos y ocupaciones ilegales al establecer reglas más claras y mecanismos de actuación más rápidos, tanto en el ámbito civil como en el penal.
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