Dallas y Houston vs. Abbott: las grandes ciudades de Texas se resisten a cooperar con el ICE con acuerdos 287(g)
A pesar de que el Poder Legislativo estatal avanzó con medidas que obligan a la colaboración, las principales localidades se oponen y mostraron sus resultados sin sumarse a este tipo de convenios
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LA NACION
Las principales áreas metropolitanas de Texas quedaron atrapadas en una disputa que combina política, seguridad pública y tensiones comunitarias. Aunque el gobernador Greg Abbott y la Legislatura estatal impulsaron medidas para reforzar la colaboración con el gobierno federal en asuntos migratorios, las dos ciudades más pobladas del estado, Dallas y Houston, mostraron divisiones internas, presiones políticas y temores sobre el impacto de estos acuerdos en la relación entre la Policía y la población.
Dallas vs. Houston: cómo enfrentan los acuerdos 287(g) con el ICE en Texas
Según lo informado por NBC News, Dallas y Houston debieron optar entre sumarse a los acuerdos 287(g) —que otorgan facultades de agentes migratorios a policías locales— o resistir, aun a riesgo de recibir un despliegue federal directo en sus calles.
Las conversaciones entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los departamentos policiales de las mayores ciudades texanas dejaron en evidencia estrategias opuestas. En Dallas, el jefe policial Daniel Comeaux rechazó la propuesta que recibió meses atrás de los agentes migratorios.
El ofrecimiento incluía integrar a la policía local en los operativos masivos impulsados por la administración de Donald Trump, pero este sostuvo ante las autoridades municipales que esa colaboración alejaría a los uniformados de sus responsabilidades cotidianas y afectaría los avances en la reducción del crimen violento.
Mientras Dallas adoptó una postura firme, Houston quedó envuelta en una controversia tras declaraciones del alcalde John Whitmire, quien admitió cierto nivel de cooperación con el ICE. Aunque el departamento policial no firmó ningún convenio formal, las llamadas desde la policía de la ciudad hacia la agencia migratoria aumentaron de manera abrupta, según documentos citados por el Houston Chronicle.
Las comunicaciones, originadas principalmente en controles de tránsito, se multiplicaron diez veces desde la reelección de Trump, lo que provocó preocupación y críticas en una ciudad con un alto porcentaje de residentes inmigrantes.
Estas decisiones opuestas pusieron en evidencia cómo las grandes ciudades, con importantes comunidades afroamericanas e hispanas, debieron escoger entre aceptar una alianza con el ICE —y arriesgar la ruptura de la confianza vecinal— o rechazarla y exponerse a la llegada de agentes federales o tropas de la Guardia Nacional, tal como ocurrió en Chicago, Los Ángeles y Charlotte.
Qué presiones reciben las ciudades de Texas para sumarse al 287(g)
Los legisladores republicanos de Texas se alinearon con la Casa Blanca y aprobaron normas que obligan a la cooperación. Una ley estatal exige que todas las oficinas de alguaciles en condados con más de 100 mil habitantes firmen un acuerdo 287(g) antes de diciembre de 2026. A ello se sumó el Departamento de Seguridad Pública estatal —que incluye a los patrulleros de carreteras—, que ya formalizó su convenio con el ICE.
En paralelo, departamentos policiales y oficinas de alguaciles en otras partes del país norteamericano, como Las Vegas o Miami, se sumaron al programa con una velocidad sin precedentes, de acuerdo con el Migration Policy Institute, citado por NBC News.
Según explicó Muzaffar Chishti, director de la oficina de esa organización en Nueva York, la oferta de fondos federales funcionó como un incentivo que reforzó la presión para que las autoridades locales detuvieran a más personas con presuntas infracciones migratorias. La agencia federal reembolsa el salario anual de los oficiales capacitados, una porción de las horas extra e incluso otorga premios trimestrales por desempeño.
En Dallas, Comeaux informó que el ICE ofreció hasta US$25 millones si la ciudad aceptaba participar. Sin embargo, subrayó que ese monto no alcanzaría para cubrir horas extra ni compensaría los efectos negativos de trasladar recursos policiales locales a tareas migratorias bajo supervisión federal.
En la reunión del comité conjunto del Concejo Municipal del 6 de noviembre, el jefe policial presentó cifras alentadoras: menos homicidios, menos delitos violentos, menor mortalidad vial y mejores tiempos de respuesta. A su juicio, cualquier desvío de personal pondría en riesgo esos avances.
El comité municipal votó en contra de la alianza. Comeaux reiteró que la medida “no haría a Dallas más segura” y recordó que su departamento ya se concentraba en perseguir a quienes cometían delitos violentos, por lo que la participación en operativos migratorios no aportaría beneficios concretos.
Houston y la polémica por sus contactos con el ICE: qué está pasando
La situación en Houston fue más compleja. Tras la polémica por las declaraciones públicas del alcalde, Whitmire intentó aclarar su postura en una sesión del Concejo el 12 de noviembre, donde afirmó: “Somos el Departamento de Policía de Houston. Hacemos cumplir las leyes estatales y municipales, no las de inmigración”. Su administración explicó que, si bien los asuntos migratorios corresponden al gobierno federal, cualquier persona con una orden pendiente de otro organismo debía ser reportada, según citó NBC News.
El departamento policial sostuvo que no preguntaba por el estatus migratorio, pero sí estaba obligado a contactar a la agencia que emitió una orden cuando un individuo figuraba en los registros. En abril, esa política derivó en un episodio particular: la policía avisó al ICE sobre una mujer salvadoreña que acababa de llamar al 911 para denunciar violencia doméstica.
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