Define Greg Abbott: las leyes sobre aborto y productos con THC que están en manos del gobernador de Texas

Este 2 de junio marca un momento crucial en la política estatal de Texas. Dos proyectos de ley que podrían transformar tanto la política sanitaria como la industria del cannabis en el estado se encuentran ahora en manos del gobernador Greg Abbott. Las legislaciones tocan temas de altísimo impacto: el acceso a abortos y la regulación de productos derivados del cáñamo con THC. A medida que vencen los plazos legales, el curso que definirá el Ejecutivo es todavía incierto.

THC: Texas está al borde de una prohibición total

Uno de los proyectos que llegó al despacho del gobernador es el Senate Bill 3, una medida que propone una regulación estricta —en la práctica, una prohibición— sobre los productos que contienen THC derivados del cáñamo. Esta decisión afectaría de lleno a una industria que, según estimaciones, factura unos US$8000 millones al año solamente en Texas, según ABC.

La normativa apunta directamente a lo que hasta ahora era un área gris dentro del mercado del cannabis legal: los productos con cannabinoides psicoactivos derivados del cáñamo, que se comercializan libremente en tiendas especializadas y de conveniencia, muchas veces sin la necesidad de una receta médica ni regulación precisa.

La propuesta que ahora espera la firma del gobernador incluye los siguientes puntos centrales:

• Licencias y permisos obligatorios: se exigirán habilitaciones ocupacionales específicas para quienes elaboren, distribuyan o vendan productos que contengan cannabinoides derivados del cáñamo.
• Nuevas sanciones penales: el incumplimiento de la ley constituirá delitos penales, además de posibles sanciones administrativas y multas económicas.
• Prohibiciones directas: de aprobarse, la ley impedirá la venta de productos como gomitas, aceites o vaporizadores que contengan THC derivado del cáñamo, los cuales fueron extremadamente populares.
• Fecha de entrada en vigor: la normativa, de recibir luz verde, comenzará a regir a partir del 1° de septiembre de 2025.

La Constitución de Texas, en su Artículo IV, Sección 14, establece que el gobernador dispone de diez días —sin contar los domingos— para firmar o vetar una ley desde su recepción. Si no actúa en ese plazo, la medida se convierte automáticamente en ley. Si bien la legislatura ya finaliza su sesión, Abbott aún tiene la facultad de rechazar elementos específicos si realiza una proclamación pública dentro de los 20 días posteriores al cierre del periodo legislativo.

Aborto: se redefine el criterio de “peligro para la vida de la madre”

La otra legislación clave que aguarda decisión ejecutiva es el proyecto de ley SB 31, conocido como “Life of the Mother Act”. Este documento busca establecer definiciones más precisas y protecciones legales en torno a las excepciones médicas al aborto, un tema altamente sensible y cargado de tensiones políticas en Texas desde la anulación de Roe v. Wade en 2022.

Actualmente, la ley texana prohíbe prácticamente todos los abortos, salvo contadas excepciones que, según médicos y especialistas, no estaban claramente definidas. Esto generó incertidumbre en el personal sanitario, que teme enfrentar acciones legales, incluso al actuar en situaciones críticas para preservar la salud de la gestante.

El SB 31 introduce varias reformas sustanciales:

• Ampliación de criterios médicos: autoriza explícitamente el aborto si, en opinión médica razonable, la mujer padece una condición física que implique riesgo de muerte o de daño severo a una función corporal mayor.
• Eliminación de requisitos extremos: los médicos no deberán esperar a que el riesgo se vuelva inminente ni a que la paciente sufra ya un daño físico. Pueden intervenir ante la presencia del riesgo, aunque todavía no haya consecuencias visibles.
• Definición de “riesgo vital”: se aclara que una condición puede considerarse “capaz de causar la muerte” aunque aún no haya producido lesiones. Esto amplía el margen de acción médica.
• Protección legal para los profesionales: al tratarse de acciones en el marco de un “juicio médico razonable”, se busca reducir el temor de ser demandados civilmente por realizar abortos necesarios.

El proyecto también exige que, en la medida de lo posible, los tratamientos médicos se realicen de manera que maximicen las probabilidades de supervivencia del feto. Sin embargo, establece una salvedad: si ese intento incrementa el riesgo para la vida o la salud de la madre, el médico puede priorizar su bienestar.

Un reloj que corre: el rol del gobernador Greg Abbott

Ambas propuestas se encuentran desde el 27 de mayo en manos del gobernador Greg Abbott. Según lo que establece la Constitución estatal, si Abbott decide no firmar ni vetar los textos dentro del plazo previsto, las leyes se promulgarán automáticamente.

En el caso del SB 3, por tratarse de una ley que incluye partidas presupuestarias —a través de la imposición de tarifas y sanciones—, Abbott podría vetar elementos específicos, algo permitido por la normativa. Para ello, debería emitir una proclamación pública dentro de los 20 días posteriores al cierre de la sesión legislativa, según lo dispuesto por la Constitución de Texas.

Hasta ahora, el gobernador no manifestó su posición definitiva sobre ninguna de las dos leyes.

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