Deportaciones en Houston: el condado que fue demandado por destinar fondos para ayudar a inmigrantes

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra el condado de Harris, que incluye a la ciudad de Houston, por destinar recursos públicos a un programa que brinda asistencia legal a inmigrantes en procesos de deportación. La iniciativa, creada en 2020 y conocida como Immigrant Legal Services Fund, canaliza fondos del condado hacia cinco organizaciones dedicadas a ofrecer representación jurídica gratuita.

El conflicto se intensificó después de que, en octubre, el condado aprobara una nueva partida de 1,3 millones de dólares para mantener activo el programa de Texas que ayuda a los migrantes en sus defensas legales.

El Immigrant Legal Services Fund, detalló Associated Press, fue impulsado por la jueza del condado, Lina Hidalgo, y aprobado por mayoría partidaria en 2020. En ese momento, Harris era el condado más grande del país norteamericano sin un programa de apoyo legal para inmigrantes.

Hidalgo explicó entonces que la diferencia entre contar con un abogado o no podía ser decisiva: “Cuando una familia enfrenta una audiencia de deportación sin un abogado, la tasa de deportaciones es de alrededor del 90%. Pero cuando tienen representación legal, esa cifra baja a cerca del 5%”, afirmó, según el Houston Chronicle. La iniciativa distribuye los fondos entre estas cinco entidades:

• BakerRipley
• Galveston-Houston Immigrant Representation Project
• Justice for All Immigrants
• KIND, Inc. (Kids in Need of Defense)
• Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Service

En su presentación judicial, Paxton sostuvo que iniciativas como la de Harris “constituyen subsidios inconstitucionales de fondos públicos a entidades privadas para financiar defensas individuales contra la deportación”.

Además, dijo que esta medida representa un uso inconstitucional de recursos públicos y “no cumple ningún propósito público”. Calificó el programa como “malvado y perverso” y pidió a un juez suspender de inmediato la entrega del dinero a las organizaciones beneficiadas.

El fiscal, que también compite por un escaño en el Senado de Estados Unidos, promovió otras demandas similares contra las ciudades de Austin y San Antonio, en esos casos por el uso de fondos públicos en apoyo a organizaciones vinculadas con el acceso al aborto.

En junio, un tribunal de apelaciones falló a su favor e impidió que San Antonio destinara recursos a personas que debían viajar fuera del estado para realizar el procedimiento.

Por su parte, el abogado del condado, Christian Menefee, aseguró que el programa “es perfectamente legal” y adelantó que su oficina defenderá su validez ante los tribunales. En un comunicado, calificó la demanda como “una maniobra política barata”.

“En un momento en que el presidente ha desatado a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para aterrorizar barrios de inmigrantes, deportar ciudadanos estadounidenses y pisotear la ley, es vergonzoso que los funcionarios estatales republicanos se sumen en lugar de defender a los texanos”, declaró.

Tras la votación de octubre, el comisionado Rodney Ellis defendió la continuidad del fondo y señaló que “el acceso a la representación legal no solo mejora los resultados de los casos, sino que ayuda a mantener a las familias unidas”. Agregó: “En un condado tan diverso como el nuestro, el gobierno local debe actuar para proteger la seguridad, la justicia y a las personas a las que servimos”.

En lo que respecta a la realidad de los extranjeros en el Estado de la Estrella Solitaria, se consolidó en 2025 como el epicentro de las detenciones migratorias en Estados Unidos.

Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), el estado mantiene un promedio diario de 13.415 personas bajo custodia del ICE, la cifra más alta del país norteamericano.

A nivel nacional, el ICE reportó 59.762 personas detenidas al 21 de septiembre de 2025, pero casi una cuarta parte de ellas se encontraba en centros ubicados en Texas. La mayoría, un 71,5%, no tenía antecedentes penales, de acuerdo con el mismo informe citado.