Houston vs. Abbott: el pasado olvidado de la ciudad que firmó un acuerdo con el ICE
Durante muchos años fue considerada como la “capital de la deportación”, pero en 2017 decidió romper su vínculo con la agencia federal
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LA NACION
La tensión actual entre los líderes demócratas de las grandes urbes de Texas y el gobierno estatal republicano, mucho más agresivo en su enfoque migratorio, enfrenta a las agencias locales con el reto de equilibrar seguridad comunitaria y presión federal. En Houston, sin embargo, este conflicto actual oculta una historia pionera de cooperación con autoridades migratorias federales.
La tensión actual en Houston, el corazón de Texas
En la actualidad, las fuerzas del orden de las principales ciudades de Texas se encuentran en una posición doble: pueden optar por pactar con ICE y afrontar la reprobación de sus propias comunidades, o rechazar la colaboración y arriesgarse a que la administración federal destine tropas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Patrulla Fronteriza o la Guardia Nacional a sus calles.
En Houston, la postura del alcalde Whitmire causó un tumulto local desde que se divulgó su reconocimiento de cierta cooperación con la agencia federal, indicó NBC News.
Aunque el Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) no mantiene un acuerdo oficial con el ICE, los reportes basados en registros públicos indican que las llamadas realizadas por la policía municipal a la agencia aumentaron drásticamente, en un 1000%, desde la reelección del presidente Donald Trump.
El HPD tuvo que defender sus protocolos, al argumentar que no indagan sobre el estatus migratorio, sino que están obligados a contactar a cualquier agencia emisora cuando encuentran a un individuo con una orden de arresto vigente.
Este protocolo se complica debido a que el ICE incorporó cientos de miles de órdenes administrativas —que corresponden a violaciones civiles y carecen de la firma de un juez— a la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC), consultada por los agentes de policía durante las detenciones de tráfico.
El condado de Harris: capital de la deportación y el Acuerdo 287(g)
La actual disputa en Houston, centrada en la cooperación policial, ignora el hecho histórico de que su jurisdicción condal fue, durante años, una de las fuerzas de deportación más potentes del país norteamericano.
El Condado de Harris se hizo conocido como la “capital de la deportación de los Estados Unidos”.
La zona, donde se asienta la ciudad de Houston, implementó el programa 287(g) de manera temprana, al comenzar en 2008. Este, autorizado por la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, permite a las agencias locales del orden asumir ciertas funciones de los oficiales federales de inmigración bajo supervisión.
Para octubre de 2009, la iniciativa 287(g) creció de manera gigante, al pasar de 29 acuerdos en 2006 a 73, con cerca de 1000 oficiales capacitados en todo el país norteamericano, tal y como indicó el informe de la audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Congreso, 16 años atrás.
El éxito, según sus defensores durante la audiencia, fue innegable. Por ejemplo, el programa en el Condado de Harris logró identificar y acusar a cerca de 5000 extranjeros criminales en un período de solo seis meses.
Esta eficiencia lo convirtió en un motor de remoción masiva: entre 2012 y febrero de 2015, el Condado de Harris expulsó a 12.670 personas, una cifra que superó a las 11.942 deportaciones registradas por el Sheriff Joe Arpaio en el Condado de Maricopa, Arizona, durante el mismo lapso de tiempo, según se desprende de un manual del Immigrant Legal Resource Center de 2019.
El impacto operacional del Programa 287(g) en el condado Harris
Aunque el ICE cubre los gastos de capacitación y reembolsa los gastos de viaje de los oficiales, las localidades utilizan fondos propios para ejecutar la agenda de deportación, ya que la agencia federal no compensa el tiempo del personal.
El manual del Immigrant Legal Resource Center para activistas que luchan contra los acuerdos 287(g) destaca que la participación tuvo un impacto financiero negativo en la jurisdicción.
- El Condado de Harris llegó a gastar aproximadamente un millón de dólares al año en el salario y el tiempo de su personal dedicado a las labores de los oficiales 287(g).
- El modelo más implementado, y el preferido por el ICE, fue el Modelo Correccional, que concentraba aproximadamente el 91% de las detenciones del programa, enfocado en identificar a extranjeros indocumentados al momento de su ingreso a la prisión.
- Las jurisdicciones que firmaban un 287(g) a menudo tenían un incentivo financiero significativo si este se cruzaba con un Acuerdo de Servicio Intergubernamental (IGSA). Estos generaban ingresos, ya que, en algunos casos reportados en una audiencia del Congreso, los reembolsos superaban con creces los costos operativos de la detención.
La controversia del Programa 287(g): entre la seguridad y el perfilamiento racial
El programa 287(g) fue diseñado originalmente para incrementar la seguridad, centrándose en la aprehensión y remoción de extranjeros criminales indocumentados envueltos en crímenes violentos y graves. La meta era ser un “multiplicador de fuerza” para el gobierno federal.
Sin embargo, en la audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes en marzo de 2009, las críticas hacia el programa fueron severas, donde se destacó que su aplicación real se había desviado significativamente de los propósitos originales.
Los críticos del programa 287(g) argumentaron que los acuerdos resultaban en un aumento del perfilamiento racial, el mal uso de recursos públicos y una erosión de la confianza necesaria para la policía comunitaria.
Según el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), presentado en la audiencia de 2009, el ICE carecía de controles internos esenciales que garantizaran que el programa funcionara como se había concebido.
El análisis del Congreso reveló deficiencias clave:
- Desviación de la Misión: a pesar de que la prioridad oficial era abordar crímenes graves, algunas agencias utilizaron su autoridad 287(g) para procesar a individuos por infracciones menores, tales como el exceso de velocidad. Esta desviación consumía recursos que debían enfocarse en amenazas mayores.
- Riesgo de Perfiles Raciales: la mitad de las jurisdicciones examinadas por la GAO reportaron inquietudes de la comunidad sobre la posibilidad de perfilamiento racial y actos de intimidación. Se argumentó que la participación socava la confianza, ya que los inmigrantes, independientemente de su estatus, temen cooperar con las autoridades locales por miedo a la expulsión.
- Supervisión Federal Insuficiente: la ley exige que los oficiales locales operen bajo la supervisión del ICE. No obstante, la agencia no había detallado la naturaleza y el alcance de esta supervisión, resultando en una práctica variable que iba desde el apoyo de primera línea hasta la total ausencia de supervisión directa.
A pesar de estas objeciones, los defensores del programa en aquel entonces, como el Center for Immigration Studies, insistieron en que el 287(g) era una herramienta vital contra el crimen y que las acusaciones sobre un “efecto paralizador” (donde los inmigrantes evitan reportar delitos) no estaban respaldadas por evidencia estadística.
El fin del acuerdo con el ICE: una decisión del 2017 que se sostiene hasta la actualidad
En febrero de 2017, el recientemente juramentado sheriff del condado de Harris, Ed Gonzalez, anunció la terminación inmediata del acuerdo 287(g). Con esa decisión, la mayor urbe de Texas puso fin al programa de cooperación con el ICE más grande de todo Estados Unidos en aquel momento, indicaba de Houston Chronicle por aquel entonces.
El programa, que había operado desde 2008, involucraba a 241 oficiales certificados y procesó a más de 16.000 personas solo en 2016. Sin embargo, según los cálculos del propio departamento del sheriff, costaba entre seis y siete millones de dólares anuales que el gobierno federal no reembolsaba por completo.
Ocho años después, en diciembre de 2025, el condado de Harris se mantiene como uno de los pocos grandes de Texas que se resiste a reactivar el 287(g), aunque la presión aumenta. Condados vecinos como Montgomery, Fort Bend y Galveston ya firmaron nuevos.
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