Tras otra muerte, Minneapolis se declara en pie de guerra y los demócratas presionan a Trump
El caso del enfermero abatido durante un operativo del ICE en Minneapolis desató protestas, una fuerte disputa entre autoridades estatales y federales y una creciente ofensiva demócrata contra las políticas antimigratorias del gobierno
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Corresponsal en Estados UnidosGuillermo Idiart
WASHINGTON.– Mientras crece la indignación en Estados Unidos por la muerte de un enfermero por disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, un caso que llevó a la oposición demócrata a rechazar en duros términos las tácticas antimigratorias del gobierno de Donald Trump, este domingo se desató una feroz disputa entre funcionarios estatales y federales por la investigación, en medio de versiones cruzadas sobre las circunstancias del incidente.
Aunque los análisis de los videos de la muerte el sábado del norteamericano Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de una unidad de cuidados intensivos de 37 años, revelan que ya estaba desarmado y reducido al momento de recibir el primer disparo, funcionarios del gobierno reforzaron su defensa al accionar de los agentes federales que participaban del operativo en Minneapolis, al afirmar que el manifestante representaba una amenaza para las fuerzas de seguridad.
La muerte de Pretti –que inflamó las protestas en Minneapolis por el fallecimiento de Renee Nicole Good a manos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el 7 de enero pasado– fue denunciado por la oposición y diversas ONG como un caso de abuso de fuerza de los agentes federales.
Los análisis de los videos que capturaron el incidente desde varios ángulos revelaron que los agentes federales le quitaron una pistola a Pretti de la parte baja de la espalda, cerca de la cintura, momentos antes de que le dispararan varias veces.
Posteriormente, las autoridades informaron que Pretti portaba una pistola semiautomática de 9 mm., y que tenía permiso para portar un arma.
Investigadores y fiscales del estado de Minnesota solicitaron a un tribunal federal que impida que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles) y del Departamento de Justicia destruyan u oculten pruebas relacionadas con el tiroteo mortal a Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza.
En un documento presentado ante un tribunal de distrito a última hora del sábado, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, afirmó que los agentes federales habían cometido errores “asombrosos” tras el tiroteo, lo que le hacía sospechar que “el gobierno federal podría seguir ocultando –y no protegiendo– las pruebas”.
Ellison declaró que las autoridades estatales se vieron impedidas una vez más de recabar pruebas en el lugar donde Pretti fue abatido a tiros por agentes federales. Además, afirmó que el enfermero fue asesinado “a plena luz del día, ante nuestros ojos” por agentes federales. “Tanto el estado de derecho como el sentido de justicia que todos llevamos dentro exigen una investigación completa, justa y transparente de su muerte”, dijo.
Incluso un creciente grupo de legisladores republicanos, como el senador Bill Cassidy (Luisiana), respaldó los llamados a una investigación independiente sobre el tiroteo, lo que indica que la versión de los hechos del gobierno podría ser objeto de escrutinio bipartidista.
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el republicano Andrew Garbarino (Nueva York), solicitó el testimonio de los directivos del ICE, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). “Mi principal prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de los estadounidenses”, dijo.
La presentación de Ellison abrió un nuevo frente en la continua disputa entre las autoridades estatales y federales sobre las operaciones de las fuerzas federales (como el ICE y la Patrulla Fronteriza) que han resultado en muertes de civiles. Las autoridades locales no han podido investigar el incidente en el que falleció Good, de 37 años, a manos de un agente del ICE, que encendió las protestas en Minneapolis.
La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, defendió las acciones de los agentes de inmigración, al alegar que fueron atacados, y calificó las acusaciones de destrucción de pruebas como “un intento ridículo de dividir al pueblo estadounidense”.
El sábado por la noche, el juez Eric Tostrud emitió una orden temporal que prohíbe a la administración Trump “destruir o alterar pruebas” relacionadas con la muerte de Pretti, y está prevista una audiencia para este lunes en el tribunal federal de Minnesota.
En tanto, este domingo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, acusó a funcionarios de la administración Trump de llevar a cabo una campaña de desprestigio “despreciable” contra Pretti.
Trump, a través de un largo posteo en Truth Social, volvió a apuntar contra Walz y el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, a quienes exhortó, junto “a todos los gobernadores y alcaldes demócratas, para que cooperen formalmente” con su administración para “hacer cumplir las leyes, en lugar de resistir y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia”.
Más tarde, el presidente anunció que enviaría a Tom Homan, el responsable de la política fronteriza de su administración, a Minnesota el lunes por la noche.
“Noem debe renunciar”
Mientras los casos de Good y Pretti han reforzado la presión sobre el gobierno de Trump por su estrategia de seguridad y contra la migración ilegal, también la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quedó en el ojo del huracán.
Varios congresistas demócratas han presionado para que la Cámara de Representantes considere la posibilidad de iniciar un juicio político contra Noem, responsable de las agencias que se encargan de la seguridad interior.
Según reveló The Washinton Post, que citó fuentes bajo condición de anonimato, legisladores demócratas participaron este domingo en una llamada con Walz y Ellison para interiorizarse de los pormenores del caso, que ha sacudido a la política norteamericana.
Tras la reunión informativa, demócratas de todo el espectro ideológico condenaron la violencia de los agentes federales y criticaron en duros términos a Noem.
“Noem debe renunciar”, exigió, por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, convertido en una de las figuras demócratas de alcance nacional. “Pongan fin a la militarización de ICE y al repugnante perfil racial”, añadió.
Tras la muerte de Good, más de 100 demócratas firmaron una resolución que solicitaba un juicio político para destituir a Noem. Sin embargo, autoridades del partido de varios comités pidieron que se investigara y se recopilara información antes de proceder con un posible impeachment.
La muerte de Pretti parece estar empezando a cambiar esa postura más cauta para muchos demócratas. La resolución de juicio político presentada por la representante demócrata Robin Kelly (Illinois) cuenta ahora con 118 copatrocinadores, con seis legisladores que se unieron en las últimas 24 horas.
Además, senadores demócratas anunciaron que intentarían bloquear un paquete de gastos bipartidista que incluye 10.000 millones de dólares para el ICE y que debe ser aprobado antes del viernes para evitar un cierre del gobierno (shutdown).
Por su parte, el expresidente Barack Obama y sus mujer, Michelle, emitieron un contundente comunicado este domingo en respuesta a la muerte de Pretti, en el que afirmaron que los agentes federales parecen estar utilizando tácticas “diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro” a los residentes de Minnesota.
Obama y su esposa señalaron que Trump y los funcionarios de su administración “parecen deseosos de agravar la situación”, y advirtieron que “esto tiene que parar”.
También el expresidente demócrata Bill Clinton dio un fuerte mensaje y acusó a la administración Trump de “mentir” a los estadounidenses sobre los tiroteos que tuvieron lugar en Minneapolis a manos de agentes federales migratorios.
En un comunicado el domingo, Clinton condenó enérgicamente las “escenas horribles” en Minneapolis “que nunca pensé que ocurrirían en Estados Unidos”, dijo.
“Personas, incluidos niños, han sido secuestradas de sus hogares, lugares de trabajo y de la calle por agentes federales enmascarados. Manifestantes pacíficos y ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a observar y documentar la actuación policial han sido arrestados, golpeados y, lo que es aún más grave, en los casos de Good y Pretti, asesinados a tiros”, continuó Clinton. “Todo esto es inaceptable y debería haberse evitado”, añadió.
En medio de la creciente presión por el caso, Gregory Bovino, el funcionario a cargo de las operaciones de la Patrulla Fronteriza, declaró en una conferencia de prensa que los agentes implicados en el tiroteo de Pretti permanecerían en la agencia, pero no en Minneapolis, alegando motivos de seguridad y el temor a que se filtrara información personal sobre ellos.
En el plano judicial, un juez federal en Minnesota examinará este lunes una cuestión legal extraordinaria: ¿puede el despliegue de agentes federales ser tan peligroso e intrusivo que viole la soberanía de un estado, según lo estipulado en la décima enmienda de la Constitución?
Los abogados del estado de Minnesota, junto con los de las ciudades de Minneapolis y St. Paul, han argumentado que el despliegue de unos 3000 agentes de inmigración por parte de la administración Trump traspasó los límites, constituyendo una ocupación inconstitucional e ilegal. Han solicitado a un juez que detenga temporalmente este despliegue, mientras que el gobierno desestimó la teoría legal del estado.
La atención sobre la audiencia de hoy en el Tribunal de Distrito en Minneapolis se intensificó durante el fin de semana después de que agentes federales dispararan y mataran a Pretti.
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