Adiós al ICE en Virginia: la gobernadora Spanberger pidió eliminar acuerdos de operaciones conjuntas
La mandataria aseguró que su estado colaborará con el gobierno federal, siempre que haya una orden judicial vigente
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LA NACION
La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, dio un nuevo paso para redefinir su rol frente a la política migratoria federal y marcó un punto de inflexión en la relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Con una orden directa a las fuerzas de seguridad estatales, la mandataria demócrata buscó despegar al estado de las operaciones conjuntas con agencias federales.
La orden directa de Spanberger para romper acuerdos con el ICE
La decisión anunciada por Spanberger y citada por The Washington Post implica la disolución de todos los acuerdos de cooperación vigentes entre las agencias de seguridad estatales de Virginia y las autoridades federales de inmigración.
En concreto, la gobernadora instruyó a la policía estatal, al sistema penitenciario y a otros organismos bajo su órbita a cancelar cualquier convenio firmado bajo el programa conocido como 287(g), un mecanismo que permite delegar en funcionarios estatales tareas propias de la aplicación de las leyes migratorias federales.
Según explicó la mandataria en una breve conferencia de prensa, estos acuerdos establecen que los agentes locales deben actuar “bajo la supervisión o dirección” del ICE, una condición que, a su entender, entra en conflicto con el principio de autonomía y liderazgo interno de las agencias estatales.
Para Spanberger, la línea jerárquica debe ser clara: los efectivos de Virginia tienen que responder a las autoridades del estado y no a mandos federales externos.
El antecedente inmediato y el cambio de rumbo que propone Spanberger
La medida se inscribe en una serie de acciones iniciadas apenas asumió el cargo, el pasado 17 de enero, explicó The Washington Post. Uno de sus primeros actos como gobernadora fue firmar una orden ejecutiva que dejó sin efecto una disposición de su antecesor, el republicano Glenn Youngkin, quien había establecido como obligatoria la participación de las agencias estatales en acuerdos 287(g) con el gobierno federal.
Durante la gestión de Youngkin, Virginia había mostrado un alineamiento más estrecho con la estrategia migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, lo que incluyó apariciones públicas del entonces gobernador junto a funcionarios federales para destacar operativos de detención de inmigrantes indocumentados. Spanberger decidió desandar ese camino y subrayó que su enfoque apunta a reforzar la confianza de la población en las fuerzas de seguridad locales.
Las críticas de Spanberger a las tácticas federales y la pérdida de confianza
En sus declaraciones ante la prensa, la gobernadora fue especialmente crítica con las prácticas observadas en otros estados. Citó como ejemplo lo ocurrido recientemente en Minnesota, donde personal federal mató a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en el marco de un operativo de inmigración. Para Spanberger, episodios de este tipo evidencian “malas tácticas, mala capacitación y malos procesos de selección” que terminan erosionando la credibilidad de las fuerzas del orden.
A su juicio, estas situaciones no solo afectan la imagen de las agencias involucradas, sino que generan un clima de temor que se traslada a las comunidades. “Eso degrada la confianza en la aplicación de la ley”, sostuvo.
Cooperación con el ICE en Virginia sí, pero con límites claros
Spanberger remarcó que no se opone a la cooperación entre distintos niveles de gobierno cuando se trata de hacer cumplir la ley. De hecho, aseguró que las autoridades de Virginia seguirán con su colaboración con agencias federales en los casos en los que exista una orden judicial válida para efectuar un arresto. Sin embargo, estableció una diferencia tajante con la aplicación civil de las leyes migratorias.
Según la gobernadora, la inmigración es una competencia exclusiva del gobierno federal y la participación de fuerzas estatales o locales en ese ámbito provoca efectos contraproducentes. Entre ellos, mencionó el temor de muchos residentes a comunicarse con la policía incluso cuando son víctimas de delitos o necesitan asistencia urgente.
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