Rebelión en Virginia: Spanberger se niega a cumplir una orden de transferencia de custodia de un migrante al ICE
La gobernadora exigió que, en lugar de un “detainer”, la agencia envíe una orden judicial firmada por un juez local
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LA NACION
La gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, se negó a cumplir una solicitud del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para transferir la custodia de un inmigrante acusado de asesinato. El caso involucra a un ciudadano de Sierra Leona que enfrenta cargos por la muerte de una mujer en una parada de autobús y que, según autoridades federales, tiene un largo historial criminal.
El caso de asesinato que enfrenta al ICE con la gobernadora Spanberger
La controversia gira en torno a Abdul Jalloh, un inmigrante de 32 años originario de Sierra Leona que fue arrestado por el presunto asesinato de Stephanie Minter, una madre de 41 años, en una parada de autobús en el condado de Fairfax, Virginia, a fines de febrero.
Según informó Fox News, Jalloh fue detenido un día después del ataque en una licorería, luego de que un empleado llamara al 911 para denunciar un presunto robo en la tienda. Las autoridades lo identificaron como el sospechoso del homicidio ocurrido el día anterior.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), citado por Fox News, el hombre ingresó a Estados Unidos en 2012 y desde entonces acumuló más de 30 arrestos por diferentes delitos.
Las acusaciones previas incluyen cargos por violación, agresión, heridas maliciosas, posesión de drogas, robo, disparo de arma de fuego, allanamiento, hurto, robo de identidad y otros delitos. A pesar de ese historial, según las autoridades federales, el hombre fue liberado en múltiples ocasiones y quedó en libertad.
Por qué Abigail Spanberger rechazó la solicitud del ICE
Tras el arresto por el presunto asesinato de Minter, el ICE solicitó formalmente a las autoridades locales que mantuvieran detenido al acusado para poder tomar custodia y comenzar el proceso de deportación.
Sin embargo, la oficina de la gobernadora Abigail Spanberger indicó que el estado no cumpliría con el llamado “detainer” del ICE, es decir, la solicitud administrativa mediante la cual la agencia federal pide que una cárcel local retenga a un inmigrante hasta que agentes federales puedan asumir la custodia.
Según explicó Fox News, un portavoz de la mandataria estatal señaló que el Departamento de Seguridad Nacional debería obtener una orden judicial firmada por un juez local si desea asegurarse de que Jalloh sea transferido a las autoridades migratorias.
En redes sociales, el DHS criticó duramente a la mandataria estatal, acusándola de priorizar la protección del sospechoso por sobre la seguridad de los ciudadanos. “[La gobernadora Abigail Spanberger] está luchando por proteger a un asesino [en mayúscula] por encima de los ciudadanos estadounidenses”, publicó el DHS en la red social X.
La reacción de la Casa Blanca y de expertos en inmigración
La negativa de la gobernadora provocó una reacción inmediata de varios funcionarios republicanos y expertos en políticas migratorias. En otro artículo publicado por Fox News, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, afirmó que exigir una orden judicial en este contexto no tiene fundamento legal.
El funcionario explicó que el sistema habitual para deportar inmigrantes con antecedentes penales que están detenidos en cárceles estatales se basa en las solicitudes de transferencia de custodia realizadas por el ICE antes de que el detenido sea liberado.
“Cada semana se remueven miles de criminales a través de este sistema”, sostuvo Miller. “En ciudades o estados santuario, los criminales simplemente son liberados para volver a cometer delitos”.
Expertos legales también cuestionaron el planteo de la gobernadora. Andrew Arthur, analista del Center for Immigration Studies, explicó que en los procedimientos migratorios no se utilizan órdenes judiciales tradicionales porque la deportación es un proceso civil, no penal.
Arthur indicó que el ICE puede iniciar el proceso de expulsión mediante detenciones administrativas y solicitudes de custodia dirigidas a las autoridades locales que mantienen detenido al sospechoso.
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