Es okupa de un Airbnb en Washington D.C. y se niega a abandonarlo hace diez meses
Una reserva de 32 días se convirtió en una estadía prolongada que enfrenta a una propietaria con el sistema legal del Distrito de Columbia
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LA NACION
Una huésped de Airbnb permaneció en una vivienda más allá del periodo contratado y comenzó a invocar derechos de inquilino, lo que derivó en un extenso conflicto judicial en Washington D.C. El caso involucra a la propietaria Rochanne Douglas y a Shadija Romero, quien se encuentra en la propiedad desde febrero y se niega a abandonarla.
Una okupa se instaló en una casa en Washington D.C. y desató un conflicto legal
El caso comenzó cuando Shadija Romero ingresó a la vivienda mediante una reserva de Airbnb. En su registro, afirmó haber perdido el acceso a su propia casa debido a un incendio y señaló que necesitaba alojamiento mientras se realizaban reparaciones.
La propietaria, Rochanne Douglas, aceptó su estadía tras escuchar esa explicación.
“Nunca le di un contrato de arrendamiento”, aclaró en una entrevista con 7News. La reserva, según detalló, fue pactada solo por 32 días en febrero de 2025. Sin embargo, una vez completado ese periodo, Romero se negó a dejar la vivienda.
Según lo retomado por el medio local, la ocupante sostuvo que, tras superar los 30 días, su presencia adquiría características que le otorgaban derechos de inquilina conforme a las disposiciones de arrendamiento del Distrito de Columbia.
A partir de ese momento, Douglas perdió el acceso a su propia propiedad. “Todas las responsabilidades recaen sobre mí y no puedo entrar a mi casa. Hay una fuga en la propiedad, la factura del agua está aumentando y no puedo entrar allí para ver qué está pasando”, se quejó.
La denuncia de la propietaria y las primeras acciones legales para recuperar la vivienda
Tras la negativa de la mujer a dejar la propiedad, la dueña inició una serie de acciones: emitió un aviso de 30 días para desalojar, buscó asistencia policial, presentó documentos en la corte y, posteriormente, le ofreció a la okupa 2500 dólares a cambio de firmar un papel en el que reconocía no tener la condición de inquilina. Romero rubricó ese acuerdo, pero permaneció en el lugar.
“Llegó el 15 de noviembre y ella me dijo: ‘Esto ya no funciona para mí, haz lo que tengas que hacer, no me voy’”, relató Douglas. “Fui a la Policía con mi orden y me dijeron que no hay nada que puedan hacer, que necesito ir a la corte, lo cual he hecho”, continuó.
La propietaria llevó el caso ante el tribunal, pero la fecha de audiencia fue fijada para el 11 de diciembre, lo que extiende aún más el periodo en el que la ocupante permanecerá en el inmueble sin autorización de la dueña.
Mientras tanto, como medida para alertar a los vecinos, Douglas instaló un aviso en el exterior de la casa con la indicación de que Romero no tiene autorización para estar allí. Este cartel fue rápidamente cubierto con una sábana lanzada desde una de las ventanas.
“Necesito asistencia policial. Es simplemente impactante para mí que se abuse de un sistema así”, concluyó Douglas.
Qué establecen las normas de Washington D.C. sobre los okupas ilegales
El conflicto se ve atravesado por las normas específicas del Distrito de Columbia en materia de arrendamiento y acceso a la propiedad. La legislación local establece que una persona comete una infracción al ingresar o permanecer sin autorización en una propiedad privada.
Sin embargo, cuando la estadía supera los 30 días, como es el caso de Romero, pueden surgir condiciones legales que otorgan ciertos derechos de tenencia, lo que limita la capacidad del propietario para solicitar un desalojo inmediato.
Además, el simple vencimiento de un plazo de alquiler no constituye motivo suficiente para una expulsión.
Esta regulación genera un escenario en el que el propietario debe iniciar un proceso judicial para recuperar la vivienda. Las autoridades no pueden retirar al ocupante sin una orden emitida por el tribunal, por lo que el procedimiento suele extenderse y requiere cumplir con requisitos formales.
Motivos legales para un desalojo en Washington D.C.
La normativa vigente establece diez motivos específicos que permiten la recuperación de una vivienda:
- Falta de pago de la renta.
- Violación de una obligación de arrendamiento.
- Determinación judicial de que el inquilino u ocupante realizó un acto ilegal.
- Uso y ocupación personal del propietario.
- Uso y ocupación personal del comprador por contrato.
- Alteraciones y renovaciones que no se pueden realizar de forma segura mientras las unidades están ocupadas.
- Demolición.
- Rehabilitación sustancial.
- Interrupción de la utilización de la vivienda.
- Conversión a condominio o cooperativa.
Cada uno de estos supuestos exige notificaciones previas. Asimismo, los propietarios deben presentar pruebas y seguir estrictamente el proceso judicial. La ejecución final de un desalojo debe realizarse mediante la supervisión del Servicio de Marshals de EE.UU. (USMS, por sus siglas en inglés).
La ley también prohíbe métodos como cortar servicios o cambiar cerraduras. La entrada a una vivienda habitada exige aviso previo de 48 horas o, en su defecto, una orden emitida por el tribunal.
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