Alberto Fernández busca compartir el peso de la reconstrucción

El Presidente sumó a empresarios, sindicalistas y piqueteros a su plan pospandemia; el desafío será ahora conciliar con todos los sectores y evitar una profundización de la crisis
El Presidente sumó a empresarios, sindicalistas y piqueteros a su plan pospandemia; el desafío será ahora conciliar con todos los sectores y evitar una profundización de la crisis Crédito: Presidencia
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11 de julio de 2020  • 04:00

Un día antes del mensaje conciliador por el Día de la Independencia, Alberto Fernández desorientó a sindicalistas y empresarios. Canceló sobre la hora su participación en la conferencia virtual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una suerte de ONU del mundo laboral en la que se promueve el diálogo social como política de Estado. El faltazo impactó sobre todo en Daniel Funes de Rioja y Gerardo Martínez, casi los embajadores del organismo en el país. Ninguno de los dos pudo explicar realmente qué pasó cuando se los consultó desde Ginebra. En el Gobierno lo adjudicaron a problemas de agenda.

El Presidente, sin embargo, calmó los ánimos de inmediato, al convocar a Olivos al Grupo de los Seis (G-6), conformado por los representantes de las principales cámaras empresarias del país, y a la CGT. Les pidió su ayuda para la reconstrucción del país. Solo por las limitaciones que impone el coronavirus, en la foto no estuvieron los representantes de la Iglesia, los movimientos sociales y hasta algún dirigente opositor, aclaran en la Casa Rosada.

En la intimidad de la quinta, Fernández reflotó con gestos el pacto social como la viga maestra de la etapa que se avecina y dio el puntapié a la tan esperada reconstrucción por la que presionan empresas y gremios. Todos la llaman pospandemia, aunque en verdad el plan daría sus primeros pasos con el coronavirus tal vez en su pico. Nadie lo sabe.

El desafío del Gobierno será ahora conciliar entre las condiciones que plantearon los empresarios y el deseo de los gremios de no perder más de lo que ya perdieron. Resta saber, y quizás suceda después de que se conozca el desenlace de la negociación de la deuda, si es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pretenderá tallar en el rediseño económico que supondrá emerger de una crisis como la actual.

La reconstrucción es por ahora un espejismo a pesar de que el Gobierno recién ayer mostró algunas de sus cartas: una amplia moratoria, un blanqueo de capitales focalizado en la obra pública y privada, y una serie de beneficios impositivos para fomentar la inversión y conservar empleos. A la espera de que esas intenciones se materialicen en proyectos de ley, el equipo del Presidente acumula las propuestas que acercan diferentes sectores.

Los empresarios picaron en punta con una serie de pedidos: reprogramar vencimientos impositivos; promover incentivos fiscales para la inversión; mantener hasta fin de año el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por el que el Estado se hace cargo de la mitad del salario de los trabajadores de firmas en crisis, y disminuir la carga tributaria. La Cámara de la Construcción pidió por un blanqueo de dinero que esté en el país y que sea destinado a proyectos privados. También hubo demandas vinculados a las retenciones al agro y a la necesidad de reactivar Vaca Muerta, el inmenso reservorio de gas y petróleo no convencional que se considera una mina de oro, pero cuyo futuro hoy es incierto.

Vicentin y grandes fortunas

La iniciativa de los hombres de negocios fue acercada cuando había bajado la tensión por el conflicto de Vicentin y con el proyecto oficial de crear un impuesto a las grandes fortunas casi frenado. ¿Qué pasará si el kirchnerismo duro reactiva ahora ambas batallas, como se prevé? En tratar de desdramatizar esa eventual situación trabaja el ministro del Interior, Wado de Pedro, que oficia de nexo entre empresarios y sindicalistas. Su rol es valorado desde ambas orillas. Una de las próximas misiones del funcionario será sentar a solas a Alberto Fernández con Paolo Rocca, el CEO de Techint. Sería una reconciliación después del cruce por las 1450 cesantías en cuarentena.

El Presidente respaldó el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas; lo impulsan Máximo Kirchner y Carlos Heller
El Presidente respaldó el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas; lo impulsan Máximo Kirchner y Carlos Heller

Así como el Presidente distingue en los empresarios un rol protagónico cuando el virus haya muerto y sea necesario reconstruir el tejido social y económico con la creación de empleo, valora también el acompañamiento de los sindicatos en este contexto de ruinas. Se lo dijo a Héctor Daer a solas en Olivos, pero también se lo habría repetido por teléfono a Hugo Moyano, aislado en su casa de Barracas y sin apariciones públicas desde el 1° de abril. "Les doy las gracias por entender la fragilidad del momento", reforzó Fernández el mensaje a los gremios.

El gesto de agradecimiento al sindicalismo se da cuando el Gobierno comenzó a sentir el desgaste de algunos aliados que insinúan la posibilidad de bajarse del barco o que exigen un cambio de rumbo. Hasta Daer, el gremialista más cercano al Presidente, ingresó en una pulseada judicial con el Estado por un beneficio en el transporte público para los trabajadores de la salud que cumplen tareas en la pandemia. El ministro Mario Meoni quedó incómodamente atrapado en ese conflicto.

Viviendas y reforma laboral

Con varios ejemplos en carpeta, en la CGT advierten cierta improvisación oficial. Sin embargo, no hay visos de un plan Marshall sindical para imaginar una salida. La central obrera no acercó ni siquiera un borrador. Daer, al menos, plantó bandera con un mensaje: "Discutimos la pospandemia con los trabajadores dentro de las empresas". Solo se tiró sobre la mesa la posibilidad de avanzar con un plan nacional de viviendas como atajo para reactivar de manera veloz la obra pública. Fue quizás para contener a Gerardo Martínez, jefe de la Uocra, que le factura al Gobierno 200.000 bajas laborales en la construcción.

Héctor Daer, el jefe de la CGT, y Alberto Fernández
Héctor Daer, el jefe de la CGT, y Alberto Fernández Fuente: Archivo - Crédito: Ignacio Sánchez / LA NACION

Luis Barrionuevo reconoció hace unos días que en la CGT "hay una suerte de sálvese quién pueda". Da la sensación de que son las reglas que impone la crisis, salvo, por ahora, en la administración pública.

Comenzó incluso a notarse esa segmentación a la que hizo referencia el gastronómico en la estrategia de algunos sindicatos. En más de una de las mesas sectoriales que se activaron por la pandemia se lanzaron las palabras reforma laboral. No hay dudas entre empresarios y sindicalistas de que el Gobierno no avalará una modificación en la legislación, aunque diferente sería si la flexibilización se acordara entre partes en un convenio colectivo específico. Sería algo así como una reforma a medida, como las que avanzaron durante el macrismo en el sector marítimo, petrolero y en la industria láctea. Son por ahora conversaciones. El veterano mercantil Armando Cavalieri tuvo que dar explicaciones puertas adentro de la CGT cuando en una entrevista dio a entender que les abría las puertas los cambios. Por los protagonistas y el contenido, es un revival de los años 90, pero también de 2001.

La otra iniciativa que llegó a manos de Fernández fue una de los movimientos sociales. Con el impulso de la Iglesia, se avanza con celeridad en un proyecto de ley para crear un salario universal. Proyectan una suba de la tasa de desempleo y pobreza a pesar de medidas como la doble indemnización. "No hay aún monto preciso del salario universal, pero sí está el concepto", aseguró un dirigente que trabaja en el proyecto y que metaforizó que la luz al final de túnel todavía está lejos. Para él, lo peor está por venir.

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