Apuraron la asunción de los tres miembros en la Auditoría y Pro denunció un nuevo pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo
El macrismo, que había presentado un amparo ante la Justicia, impugnó la maniobra; asumieron José Forlón, Mónica Almada y Pamela Calletti
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Como sucedió el jueves pasado de madrugada en la Cámara de Diputados, kirchneristas y libertarios volvieron a ponerse de acuerdo y apuraron este mediodía la asunción de los tres representantes de ese cuerpo en la estratégica Auditoría General de la Nación (AGN). El bloque de Pro, que había presentado un amparo judicial para evitar que se consumase la jura de los nuevos auditores, presentó una impugnación formal ante la AGN.
“Del mismo modo que corrieron desesperados para votar a las 2:55 de la madrugada, hoy volvieron a apurarse para consumar una jura irregular”, acusaron desde el macrismo, que insistió en que las tres designaciones en la AGN “nacen viciadas de nulidad, con resoluciones fechadas antes de que existiera la votación y con una causa judicial de amparo ya en trámite”.
Ante la posibilidad de que la Justicia pudiese frenar la asunción de los nuevos miembros, la ceremonia de jura se celebró este mediodía a las apuradas y en el mayor sigilo. El presidente de la AGN, el peronista Juan Manuel Olmos, fue el encargado de tomarles el juramento. Así tomaron posesión del cargo el kirchnerista José Forlón –quien cumplirá su segundo mandato en el organismo-; Rita Mónica Almada –de La Libertad Avanza- y Pamela Calletti –cercana al gobernador de Salta Gustavo Sáenz-.
Según el bloque Pro, por representación numérica el lugar de Calletti le corresponde al partido amarillo y advirtió que la resolución por la cual se designaron a los tres auditores es nula de nulidad absoluta.
Entre los principales argumentos que planteó ante la Justicia se destacan la violación del temario de sesiones extraordinarias −ya que la designación de auditores no figuraba en el decreto de convocatoria−; la irregularidad del procedimiento, al haberse presentado la moción sin debate previo y sin tratamiento en Labor Parlamentaria; y el avasallamiento de los derechos de las minorías parlamentarias.
“No se trata de una discusión política, sino de legalidad, debido proceso y respeto por la Constitución. La AGN es un organismo de control y transparencia. De ningún modo se puede avalar la incorporación de miembros de forma inconstitucional, de madrugada y a las apuradas”, cuestionó Ritondo.
Olmos, encargado de tomarle el juramento de los nuevos auditores, sostuvo que el trámite “se hizo de acuerdo a derecho y en cumplimiento de la resolución adoptada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”. “Es un acto institucional de trascendencia, ya que comienza a funcionar correctamente el órgano constitucional de control externo”, sostuvo.
“Con esta toma de posesión de sus cargos, el colegio de auditores generales alcanza el quorum necesario para funcionar y ejercer la tarea de control externo del sector público nacional conforme a lo establecido por la Constitución Nacional y las leyes que regulan el sistema de control público”, añadió.
En rigor, el colegio de auditores de la AGN está compuesto por seis integrantes y su presidente; sin embargo, desde hace dos años el organismo está prácticamente paralizado porque los principales bloques del Senado y de la Cámara de Diputados fracasaron sistemáticamente en ponerse de acuerdo a la hora de elegir sus representantes, tres por cada cámara.
Tras las elecciones legislativas y una vez renovadas ambas cámaras, los dos principales bloques de la Cámara de Diputados -Unión por la Patria y La Libertad Avanza- pactaron colocar un representante cada uno en virtud de su representación numérica y asignar el tercer lugar a un bloque “amigable” para ambos. Es así como, tras un acuerdo entre el presidente de la Cámara baja Martín Menem y el gobernador Sáenz, la bancada Innovación Federal salió favorecida en el reparto.
Los nombramientos se aprobaron en la sesión que se celebró el miércoles pasado (que se extendió hasta la madrugada del jueves) con 186 votos afirmativos, sin rechazos y con tres abstenciones. Pro, la UCR y Provincias Unidas se retiraron del recinto para no convalidar lo que consideraron un atropello institucional.
El bloque de Pro no solo cuestionó la legalidad de la maniobra sino que, además, advirtió que la resolución por la cual se designaron a los tres nuevos auditores tiene fecha del 17 de diciembre cuando, en rigor, la votación se realizó a las 02:55hs en la madrugada del día 18 de diciembre.
“Este es un motivo más que demuestra la ilegalidad que rodeó todo el procedimiento”, advirtió Ritondo en la impugnación enviada a la AGN.
La Auditoría es uno de los órganos más codiciados de la política; con un presupuesto que orilla los $76.000 millones anuales, cuenta con un plantel de personal de alrededor de 1800 empleados y sueldos de los más altos de la administración pública. Su rol es clave, pues es la encargada de controlar todos los estamentos del sector público nacional, incluidos los entes y empresas públicas.
Según pudo saber LA NACION, el Senado todavía no tiene planeado nombrar a sus tres representantes. De acuerdo a su representación numérica le correspondería uno a Unión por la Patria y otro a La Libertad Avanza. El radicalismo reclamará por el tercero. Habrá que ver si no resulta víctima, como Pro, de un nuevo pacto entre kirchneristas y libertarios.
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