Comenzó el juicio por Sueños Compartidos, con los Schoklender y De Vido en el banquillo de los acusados
La causa se inició hace 15 años; se juzgarán presuntos desvíos en el programa de viviendas ejecutado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo
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A las 9.30 de este miércoles, al filo de la prescripción, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) puso en marcha el juicio oral por Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales implementado durante kirchnerismo que fue ejecutado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo y sobre el que pesan acusaciones de desvíos millonarios.
La maniobra que hoy comenzó a ser juzgada en Comodoro Py consiste en el otorgamiento irregular de convenios que habría requerido la convivencia de funcionarios nacionales y provinciales del kirchnerismo y miembros de la fundación, según la acusación de la fiscal de instrucción Paloma Ochoa.
Sentados en el banquillo de los acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, involucrados en el manejo del programa dentro de la fundación, los exfuncionarios Julio de Vido, José López y Abel Fatala, entre otros. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, era una de las acusadas, pero falleció en 2022.
La audiencia inaugural de este miércoles, en la que se avanzará con las acusaciones contra los imputados, se desarrolla en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, con algunos de los imputados presentes en la Sala, como los hermanos Schoklender, y otros conectados de manera virtual, como De Vido, que está condenado en múltiples causas y preso por la Tragedia de Once.
“Para lograr el éxito de la maniobra, se instrumentó un acuerdo entre los funcionarios públicos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y finalmente, las provincias y los municipios, en virtud del cual se contrató para la ejecución de las obras a la Fundación”, leyó hoy un secretario del Tribunal que integran los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.
“En el escenario descripto, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, a cargo de José Francisco López, transfirió un importe de $ 748.719.414,64 –sin perjuicio de que el monto original comprometido ascendió a $ 1.295.218.967– para la ejecución de las obras convenidas, suma de la que fueron sustraídos $ 206.438.454,05, lo que equivale al 23,54% de la financiación total otorgada”, siguió.
Durante la instrucción, la investigación determinó que las irregularidades vinculadas al programa no se limitaron solo a la adjudicación de las obras -realizada sin licitación- sino que también se extendieron a su ejecución, un periodo en el que se verificó la ausencia de controles.
Según la fiscalía, la fundación incumplió obligaciones previsionales al retener aportes de empleados entre 2008 y 2011 sin depositarlos en el sistema de seguridad social, además de registrar deudas vinculadas al fondo de cese laboral y a la cobertura de riesgos del trabajo.
A su vez, la investigación detectó fallas en los mecanismos de supervisión estatal: se otorgaron aprobaciones técnicas sin cumplir requisitos y muchas obras carecían de cronogramas que permitieran monitorear su avance. El fiscal del juicio oral es Diego Velazco.
Los hermanos Schoklender fueron condenados en 1981 por el parricidio de sus padres, un caso de altísimo impacto público por aquellos años. Tras su liberación, a mediados de la década del 90′, Sergio se vinculó a Hebe de Bonafini y comenzó a trabajar en la fundación, de la que fue luego apoderado. Finalmente, con la explosión del caso, terminarían ambos enfrentados con la fundación.
En la causa, se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por el propio Sergio Schoklender y la emisión de cheques que “lo tenían como beneficiario”
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