Cuál es el capítulo clave del Presupuesto que el Gobierno no pudo imponer

La Cámara de Diputados rechazó la sección undécima del presupuesto nacional. El oficialismo perdió la votación para derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Esta decisión parlamentaria ocurrió ante la falta de apoyo de bloques provinciales y sectores aliados. El resultado mantiene gastos obligatorios que el Poder Ejecutivo pretendía eliminar para cumplir su plan financiero.

¿Qué contiene el “capítulo XI” que perdió el oficialismo?

Este apartado del proyecto de ley incluía 12 artículos que buscaban desarticular normativas con un peso significativo en el gasto estatal. El punto de mayor fricción fue el artículo 75, que establecía la derogación de la ley de financiamiento de las universidades y la ley de emergencia en los servicios de discapacidad, ambas normas contaban con el respaldo previo del Congreso. Las cámaras legislativas insistieron en su validez tras los vetos que aplicó el presidente Javier Milei meses atrás. El oficialismo suspendió su vigencia pero buscó su eliminación definitiva mediante el dictamen presupuestario.

La estrategia legislativa falló en el recinto. Los diputados que responden a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, votaron en contra. Lo mismo hicieron dos de los tres integrantes del bloque Independencia de Tucumán. Otros legisladores como Bernardo Biella, Karina Banfi y Diógenes González se desmarcaron de la propuesta oficial. El Gobierno perdió el apoyo de radicales aliados como Gerardo Cipolini y Darío Schneider. Ante este panorama, fuentes del oficialismo en LA NACION afirmaron: “Sin el capítulo XI del proyecto el presupuesto ya no tiene razón de ser”.

Además de este artículo, el capítulo XI incluye los siguientes:

• Régimen de zonas frías: dispone subsidios en las tarifas de gas en las localidades de menores temperaturas del país. El Gobierno buscó acotar el beneficio a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe (Mendoza). La intención oficial fue dejar sin efecto la ampliación del régimen que el Congreso aprobó en 2021. Aquella reforma sumó a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
• Asignaciones familiares: el Gobierno buscó la derogación de la movilidad de estos pagos. Se trata de las asignaciones que otorga la Anses por hijo, discapacidad, ayuda escolar, nacimiento, adopción y matrimonio. También incluye la AUH y la asignación por embarazo. Hoy estos ingresos se actualizan de forma automática por inflación. El Ejecutivo pretendió fijar los aumentos de manera discrecional.
• Deudas con las distribuidoras eléctricas: el artículo 70 buscó un esquema de compensación para las empresas del sector. Entre ellas figuran Edenor y Edesur, además de firmas provinciales y municipales. El texto reconoció ingresos no percibidos por congelamientos tarifarios previos. La cifra estimada superó los US$3000 millones. Las empresas planearon el uso de estos fondos para cancelar deudas con Cammesa.
• Discapacidad: el Gobierno propuso que los aranceles de las prestaciones surjan de un acuerdo entre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Ministerio de Salud. Esta medida buscó compensar la derogación de la ley de emergencia del sector.

Alcance económico de las leyes de educación y salud

La vigencia de estas leyes representa una carga financiera que el Ministerio de Economía no contempló en su proyección de equilibrio fiscal. La ley de financiamiento de las universidades tiene un impacto fiscal de 0,23% del PBI. Esta cifra equivale a 2billones de pesos este año, según los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El Estado nacional debe cumplir ahora con estas transferencias obligatorias a las instituciones de educación superior. El Poder Ejecutivo considera que este gasto pone en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas.

El costo de la ley de emergencia en discapacidad añade otra presión sobre las arcas estatales. Las proyecciones oficiales sitúan este gasto entre el 0,25% y el 0,48% del PBI. El incremento responde a la incorporación de nuevos beneficiarios a las pensiones y la compensación económica para los prestadores del sistema. La caída del capítulo XI impide al Gobierno centralizar el control de estos fondos. El rechazo parlamentario mantuvo el esquema de emergencia previo sin las modificaciones que pretendía la Casa Rosada.

Ruptura de acuerdos políticos y crisis con aliados

La derrota del oficialismo se vinculó con la ruptura de relaciones con sus socios habituales. El jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, reaccionó contra el presidente de la Cámara, Martín Menem. El descontento surgió por un pacto entre los libertarios y el kirchnerismo para ocupar cargos en la Auditoría General de la Nación. Esta situación afectó el tratamiento de todo el articulado. El Gobierno incluyó además una concesión de coparticipación del 1,55% para la ciudad de Buenos Aires dentro del capítulo XI para asegurar el apoyo del Pro.

La maniobra fracasó por la desconfianza entre las fuerzas políticas. El rechazo total del apartado dejó sin efecto tanto los beneficios para las empresas eléctricas como el acuerdo de transferencia de fondos para el distrito porteño. Los legisladores aliados consideraron que el oficialismo sobreestimó su fuerza como primera minoría. El bloque libertario no llega a los 100 legisladores y dependió de negociaciones que no prosperaron. De persistir el enojo del Pro, la sanción de futuras leyes clave para el programa económico enfrentará serias dificultades en el Congreso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Laura Serra.

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