De qué trata la nueva denuncia del Gobierno contra la AFA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero detectó maniobras millonarias vinculadas a la salida indocumentada de divisas; el organismo fiscalizador puso bajo sospecha el accionar de los proveedores durante los últimos tres ejercicios fiscales
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LA NACION
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concretó este jueves una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el presunto delito de facturación apócrifa. La presentación administrativa ante la justicia sucedió tras el encuentro en Suiza entre el jefe de Estado, Javier Milei, y el máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino.
De qué trata la nueva denuncia del Gobierno contra la AFA
La presentación de ARCA señala la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero del país. La investigación fiscal detectó que la institución bajo la conducción de Claudio Tapia declaró proveedores inexistentes en sus registros oficiales. El monto estimado de estas maniobras alcanzaría los 376 millones de pesos y comprende los períodos anuales de 2023, 2024 y 2025.
Fuentes oficiales explicaron que la acción judicial derivó “a partir de tareas de fiscalización y análisis efectuadas por ARCA, en las que se detectaron movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes”.
Los datos recolectados quedaron bajo la órbita de los tribunales. El organismo fiscal prometió que “se continuará avanzando con las acciones administrativas y judiciales correspondientes, en el marco de sus competencias legales”.
Esta iniciativa legal coincide con la actividad oficial del Presidente en Davos. Milei y su hermana, Karina Milei, posaron para una fotografía junto a Infantino durante el Foro Económico Mundial.
La imagen representa un mensaje político hacia la cúpula de la calle Viamonte, ya que el dirigente suizo mantiene un vínculo cercano con Tapia. La Casa Rosada mantiene su postura firme contra el denominado "AFAgate" y ratificó la continuidad de las inspecciones sobre los negocios de los directivos del fútbol.
Cuál es el panorama judicial de Claudio “Chiqui” Tapia
El titular de la entidad deportiva recibió una notificación judicial relevante este jueves. El magistrado en lo penal económico Diego Amarante aceptó al ARCA como querellante en un expediente previo. Ese proceso investiga a la institución y a su presidente por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por cifras millonarias. Es la única causa donde el dirigente figura bajo imputación formal hasta el momento.
Desde el Poder Ejecutivo defendieron la profundidad de las investigaciones actuales sobre el fútbol argentino. Una fuente relevante de la administración nacional aseguró a LA NACION: “Todos se quejan, pero ningún gobierno avanzó contra la AFA como lo hicimos nosotros”.
La estrategia oficial también incluyó exigencias de la Inspección General de Justicia. El organismo solicitó la presentación de balances pendientes para justificar gastos por cientos de millones de dólares. La entidad deportiva cumplió con la entrega de la documentación antes del vencimiento del plazo fijado para el martes pasado. Los técnicos estatales analizan ahora los números suministrados para decidir los próximos pasos administrativos.
Cómo sigue la fiscalización de la Inspección General de Justicia sobre las cuentas
Daniel Vítolo, responsable de la IGJ, analizó la situación contable de la casa madre del fútbol y la Superliga. El funcionario descartó la designación inmediata de un veedor oficial para monitorear las finanzas de la organización.
Según el titular del ente, las explicaciones de los contadores y el desglose de los conceptos en los estados contables permiten postergar esa medida. La información de los ejercicios desde 2017 hasta 2024 atraviesa una etapa de revisión técnica exhaustiva.
Vítolo precisó que “podrá determinarse si deben exigirse mayores precisiones o si se tendrá por cumplido el requerimiento”. Los integrantes del Gabinete nacional esperan los resultados finales de este análisis para el cierre de la próxima semana.
Algunos sectores del Gobierno consideran que la documentación entregada confirmará la necesidad de imponer veedores oficiales en el futuro cercano. La Casa Rosada descartó contradicciones internas sobre estos procedimientos y plazos administrativos.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.
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