El Gobierno anunció el inicio del proceso de privatización de AySA
Así lo comunicó el vocero Manuel Adorni en conferencia desde la Casa Rosada; se abrirá una licitación pública nacional e internacional
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LA NACION
El Gobierno anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (AySA). Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. Según informó, se transferirán el 90% de las acciones que tiene el Estado en la empresa a capitales privados.
“El Gobierno tomó la decisión de iniciar el proceso privatización de AySA. De esta manera, se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones en manos del Estado a través de un esquema mixto que combina licitación pública nacional e internacional”, detalló el portavoz del presidente Javier Milei ante la prensa.
Con respecto al 10% restante de las acciones, el funcionario indicó que los empleados permanecerán como accionistas de ese porcentaje restante del capital social de la empresa “dentro del programa de propiedad participada”.
“Todo este proceso, que inicia hoy, será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los estándares más altos nacionales e internacionales para garantizar la transferencia. La privatización permitirá modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio. Este es el paso más importante en el camino para la irremediable privatización de AySA", expresó.
Según datos del Indec, desde diciembre de 2023 la empresa desvinculó a 1454 personas. Pasó de tener una dotación de 7790 empleados a una de 6336. La gran mayoría de las bajas, unas 1200, adhirieron al plan de retiros voluntarios.
Por otro lado, el vocero presidencial apuntó contra las gestiones anteriores de la empresa. “Desde su reestatización en 2006, AySA requirió aportes del Tesoro permanentes totalizando más de US$13.400 millones hasta 2023. En este sentido, indicadores claves muestran que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura y en los costos operativos. La dotación creció un 90% durante la gestión estatal y el nivel de morosidad de los usuarios alcanzo el 16% cuando supo ser del 4% en promedio”, enumeró Adorni al mencionar las razones de la decisión de la administración libertaria.
En ese marco, el portavoz destacó que cuando Milei llegó a la Casa Rosada “se encontró con que se habían gastado más de US$4800 millones en la última gestión de gobierno” [Alberto Fernández como presidente y Malena Galmarini como titular de la empresa] y apuntó: “Con todo este presupuesto, la empresa funcionó como plataforma de campaña”.
Tras eso, señaló a la gestión de Galmarini. “Hubo US$200 millones destinados a obras y el 25% de esas obras se destinaron a Tigre y Malvinas Argentinas, dos municipios de donde provenía su cúpula (Galmarini es de Tigre y el vicepresidente de la empresa en aquel entonces, Leonardo Nardini, de Malvinas). Además, se gastaron un US$1.300.000 entre 2022 y 2023 en esponsoreo de AySA para eventos en estos dos municipios. En 2023 se compraron las famosas [Renault] Kangoo que se adquirieron por un precio muy superior al del mercado”, insistió Adorni.
Propuesta
Tal como anticipó LA NACION, a fines de marzo las autoridades de AySA le habían entregado al Poder Ejecutivo su propuesta de venta para que el Estado comenzara a desprenderse del 90% de las acciones.
AySA le había propuesto al Gobierno abrir dos posibilidades para su privatización. Una de ellas era la publicación de una licitación que pusiera a la venta los activos del Estado [la que finalmente se anunció]. La otra planteaba lanzar a la Bolsa las acciones, dejar que el mercado bursátil fijara su cotización y que se las quedara el mejor postor.
Mientras tanto, Aysa se concentró en exhibir a la empresa como una compañía rentable. Los números que le hicieron llegar al Gobierno indicaron que la firma terminó el primer año de gestión libertaria con un resultado operativo positivo de $104.000 millones, tras las actualizaciones mensuales en las boletas de agua. El desempeño de la compañía en 2024 contrasta con el déficit de $278.000 millones registrados en 2023.
De acuerdo al plan de AySA, la empresa se va a desprender de 83 obras de expansión, que son consideradas “grandes”. Contempla transferirlas a la Secretaría de Obras Públicas, a municipios o a la provincia de Buenos Aires.
Caso YPF
En otro tramo de la conferencia, luego de que este viernes Estados Unidos presentara ante la Justicia el respaldo a la Argentina en el caso de YPF -en el cual se sentenció en Nueva York que el país entregue acciones de la petrolera como parte de pago-, Adorni agradeció el apoyo de la gestión de Donald Trump y habló de la suspensión, de momento, de la transferencia de los activos.
“La Argentina logró que se disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF. Esta decisión seguirá hasta que la Cámara de Apelaciones defina si la mantiene durante todo el trámite de apelación”, expresó Adorni.
“La Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier difusión mal intencionada de reuniones paralelas y acuerdos clandestinos. La única vocería autorizada en este tema es el Estado nacional a través de la Procuración el Tesoro”, aseveró el portavoz ante la denuncia de supuestas filtraciones del caso.
Sobre el apoyo de la administración estadounidense, Adorni destacó: “Se suma a que el propio Departamento de Justicia ya se había expresado en noviembre en defensa de la posición argentina, es decir, en contra de la entrega de las acciones. No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado”.
Y se diferenció de gestiones anteriores: “Basta recordar que en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, la Corte Suprema de Estados Unidos le solicito al gobierno norteamericano su opinión sobre la inmunidad jurisdiccional invocada por la Argentina. En esa ocasión, el gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae [cuando un actor ajeno al caso emite un litigio] y emitió un dictamen contrario a nuestra posición”.
Tras ello, Adorni incluyó elogios a Milei. “Logró que en menos de un año, y bajo dos administraciones, la de [Joe] Biden y la de Trump, el Departamento de Justicia estadounidense apoyara la posición argentina en esta causa, es un hecho significativo que refleja una política exterior coherente y clara”, insistió.
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