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El Gobierno celebró la reforma de la ley de glaciares y cargó contra los ambientalistas
A través de un comunicado, la Oficina del Presidente aseguró que se explotarán “los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares”
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LA NACION
El gobierno de Javier Milei celebró este jueves la reforma de la ley de glaciares, aprobada en la Cámara de Diputados. A través de un comunicado, la Oficina del Presidente aseguró que, con estos cambios, se cuida “genuinamente el ambiente” y apuntó contra los ambientalistas, a quienes acusó de “intentos de interferencia” para “impedir el progreso”.
“La Oficina del Presidente celebra aprobación definitiva del proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos”, introdujo el texto publicado en las redes sociales.
Tras ello, la oficina indicó que se trata de una “reforma histórica” que “aclara con precisión científica” que se “debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas”. En paralelo, el Gobierno dijo que a la vez se permite “la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares”.
Además, desde la administración libertaria señalaron la ley original, la 26.639, sancionada durante el mandato de Cristina Kirchner. “La redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger. Eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias”, sumó el comunicado.
Y continuó: “Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.
Por otro lado, el Gobierno aseguró que la reforma “elimina las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”, y que “el proyecto reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”.
En otro tramo del extenso comunicado, el Ejecutivo señaló a las organizaciones ambientalistas, aunque sin mencionar a cuáles se refería. Tanto este miércoles como el día del debate en el Senado activistas de Greenpeace se dirigieron al Congreso para protestar contra la reforma de la ley y en ambas ocasiones hubo detenidos.
“Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder. Las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”, marcó el Gobierno.
A modo de cierre, Milei agradeció a los diputados y senadores que acompañaron la reforma y expresó reconocimiento especial a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza)“.
“Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido. A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”, completó.
La reforma
La reforma de la ley de glaciares se aprobó en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor. El debate, impulsado por el Poder Ejecutivo, dividió el recinto. Sus defensores insistían en que la iniciativa no afecta la protección que regía sobre los cuerpos de hielo que cumplen una función hídrica comprobada científicamente y desmintieron que la provisión de agua esté en peligro.
El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos.
Se delega en las provincias la definición de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, que incluye cuerpos de hielo cubiertos por fragmentos de roca que pueden constituir una reserva hídrica estratégica.
En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley del 2010 protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reducirá ese alcance, por lo que se limitará la protección a las geoformas consideradas relevantes. Este punto generó fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de la comunidad científica.
El gobierno nacional y las provincias mineras esperan que se destraben alrededor de US$20.000 millones en inversiones.
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