Fin de año conflictivo: convocan a sesionar en verano para apurar los proyectos del Gobierno

El oficialismo llamará a sesiones extraordinarias con el objetivo de mantener activo el Congreso en los meses de verano y avanzar con una demorada agenda de proyectos, entre las necesidades de la Casa Rosada y las presiones del kirchnerismo por impulsar iniciativas que cosechan el rechazo de la oposición.

Faltan escasas semanas para que finalice el año legislativo y un cúmulo de proyectos de ley, algunos de ellos complejos y conflictivos, están pendientes de debate en la Cámara de Diputados. Las miradas recaen sobre el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y en su habilidad para pivotear entre las prioridades de la Casa Rosada y la presión del kirchnerismo por avanzar con una serie de iniciativas que rechaza la oposición y tienen a maltraer al empresariado, con el que el tigrense cultiva una buena relación.

Entre ambas agendas, Massa privilegiará los proyectos que provienen de la Casa Rosada y, en especial, aquéllos que Martín Guzmán, el ministro de Economía, requiera con cierta urgencia. Sucedió con el presupuesto 2021: tras un mes de negociaciones con gobernadores peronistas y opositores, el jueves pasado se votó un proyecto con más de 40 artículos nuevos y promesas varias para atender las demandas, sobre todo internas.

Massa lo festejó como un triunfo personal. Habrá que ver cuánto le dura la alegría: Máximo Kirchner y su bloque de diputados sacaron turno hace tiempo para que se debata en el recinto el impuesto que grava las grandes riquezas, cuyo dictamen está listo (y demorado) desde setiembre pasado.

No es un secreto que Massa es poco entusiasta frente a este proyecto. El presidente Alberto Fernández y su ministro Guzmán tampoco lo pusieron entre sus prioridades, aunque en público dieran muestras de respaldo. Con el argumento de otras urgencias, Massa demoró su tratamiento por varios meses pese que lleva el sello de Kirchner.

El jefe del bloque oficialista calla y espera. Si bien mantiene una buena relación con Massa, su diálogo con él se habría enfriado en el último tiempo, al igual que con el presidente Fernández. No pasó desapercibido su faltazo en el homenaje que el primer mandatario ofreció a su padre, Néstor Kirchner, en el décimo aniversario de su muerte. También desató suspicacias internas su decisión de no dar el discurso de cierre del debate de la ley de presupuesto: no pocos interpretaron que se trató de otro desplante.

Así las cosas, el impuesto a las grandes riquezas aún no tiene fecha cierta de debate. En la misma condición se encuentran otros dos proyectos kirchneristas también polémicos: el de Fernanda Vallejos que prohíbe toda ayuda estatal a empresas vinculadas a firmas offshorey otro de Máximo Kirchner que prohíbe el cambio de uso de los terrenos afectados por incendios.

Pero el que más urticaria genera en el empresariado es el que pretende gravar las grandes fortunas. Además del oficialismo, todos los bloques opositores, salvo Juntos por el Cambio, lo avalan. El presidente de la Cámara de Diputados analiza la idea de disimular el proyecto en el debate de la reforma tributaria, prometida por el Ministerio de Economía pero que aún no presentó.

Movilidad jubilatoria y reforma judicial

Tampoco vio la luz todavía el proyecto sobre movilidad jubilatoria. Se trata de una iniciativa clave que el Gobierno deberá tener aprobada antes de fin de año, cuando vence la suspensión de la fórmula votada en 2017 para la actualización de los haberes. Desde entonces el Poder Ejecutivo actualizó las jubilaciones por decreto, una medida que le redituó un ahorro de al menos $72.000 mil millones. Es lo que hubiese erogado este año si estuviera vigente la movilidad jubilatoria del gobierno macrista.

La discusión en el Congreso se anticipa compleja: la oposición –incluidos los bloques aliados– no acompañarán fácilmente una nueva fórmula de actualización de haberes que redunde en un perjuicio explícito a los jubilados. Sospechan que la propuesta del Gobierno iría en ese sentido: según trascendió, la fórmula se compondrá en un 70% de la variación salarial (el índice Ripte) y en un 30% de la recaudación, lo que dejaría a los haberes previsionales por detrás de la inflación.

Juntos por el Cambio promete dar batalla. Se acerca fin de año y se asoma, inquietante, el fantasma de diciembre de 2017, cuando se aprobó la reforma jubilatoria macrista en medio de una batalla campal frente al Congreso. El Gobierno se sabe en una encrucijada: este mes vendrá una nueva misión del Fondo Monetario Internacional y la reforma jubilatoria es una de sus asignaturas pendientes.

Lo último que quiere Massa es un fin de año conflictivo. Por eso, difícilmente prospere antes de 2021 la reforma judicial, con media sanción en el Senado. El Presidente nunca imaginó que esta iniciativa, un emblema en su campaña electoral, iba a darle tantos dolores de cabeza: la oposición lo acusó de pretender colonizar con magistrados afines los tribunales federales en nombre de la impunidad de Cristina Kirchner, la legión kirchnerista en el Senado desdibujó la letra de la iniciativa con la inclusión de miles de cargos judiciales a último momento y la vicepresidenta la desacreditó.

Pasaron dos meses desde la media sanción del Senado y Massa ni siquiera dio el puntapié inicial para que comience el debate en comisión. Sabe que no cuenta todavía con la mayoría de los votos para aprobarla, por lo que forzar su tratamiento sería suicida, razonan en su entorno.

Tampoco hizo hasta ahora demasiados esfuerzos por apurar otro proyecto conflictivo: aquel que propicia una quita de la coparticipación a la Capital por $24.500 millones, también con media sanción del Senado, pero que todavía espera su turno en la Cámara baja.

Sabida es la amistad de Massa con Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. El tigrense nunca avaló que el Gobierno, instigado por el kirchnerismo, se enfrentara con uno de los pocos referentes de Juntos por el Cambio que apoyó al Presidente en los momentos más aciagos de la pandemia.

Una votación con ruptura en Juntos por el Cambio

Rodríguez Larreta, al igual que los gobernadores opositores de Juntos por el Cambio, saben reconocer los gestos y operaron para que Juntos por el Cambio no votara en contra de la ley de presupuesto en la Cámara baja. La principal bancada opositora optó por la abstención en un gesto para no obstaculizar el debate. Aun así, media docena de diputados, en su mayoría de Pro, apoyaron la iniciativa. Massa estaba exultante: no solo había logrado aprobar la media sanción sin dificultades, sino que se vanaglorió de haber provocado una fisura en el conglomerado opositor.

En Juntos por el Cambio minimizaron estas diferencias en la votación y aseguraron que estaban acordadas desde un principio con los gobernadores. "Después de todo, esos votos no cambiaban el resultado final de la votación", aseguraban. Exaltaron la unidad de la bancada y desmintieron fracturas, aunque en las últimas horas se conoció que uno de los suyos, el diputado riojano Felipe Álvarez, de Pro, decidió dar un portazo para formar un bloque -Acción Federal- junto al chubutense Antonio Carambia, quien pertenecía al bloque Unidad y Equidad Federal, de José Ramón, aliado oficialista.

Álvarez ya venía dando muestras de disconformidad con la rigidez opositora de Juntos por el Cambio. No solo apoyó el presupuesto el jueves pasado; también fue el único legislador de Juntos por el Cambio que asistió al acto en la Casa Rosada en el que el Presidente presentó la reforma judicial. Massa se refriega las manos: con un bloque oficialista a pocos votos de alcanzar la mayoría, cualquier nuevo aliado es más que bienvenido.