La Coalición Cívica presentó un duro informe contra Ricardo Lorenzetti: de qué lo acusa

Elisa Carrió presentó este miércoles sus acusaciones para iniciarle un juicio político al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, en medio de la embestida del kirchnerismo contra el máximo tribunal. Se trata de fundamentos que remiten al pedido de juicio político presentado por la Coalición Cívica en marzo de 2021 y su proyecto de ampliación presentado un año más tarde.

La dirigente, a través de sus diputados, acusó al magistrado de “mal desempeño” y le atribuyó una “matriz de negocios” con fondos públicos, además de haber montado una “agencia de inteligencia paralela”. El pedido se conoció el mismo día en que Carrió anunció que competirá por la presidencia.

Los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto Lago, que responden a Carrió, dirigieron una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para formalizar el ingreso del expediente en el temario del debate en comisiones. El espacio ya había adelantado que las razones para solicitar la medida “no son las mismas” que las del oficialismo.

Lorenzetti ha estado en la mira de la Coalición Cívica desde hace tiempo, especialmente mientras se desempeñó como presidente de la Corte, entre 2007 y 2018. Carrió lo ha cuestionado en reiteradas oportunidades, presentó varias veces el pedido de juicio político, e incluso llegó a solicitar una auditoría de su gestión. En una ocasión, el juez llegó a plantearle una demanda.

Este miércoles, los diputados de su espacio presentaron un “informe de admisibilidad” para renovar el pedido contra el magistrado. Lo acusaron a Lorenzetti por “mal desempeño” y “eventual comisión de delitos”, por distintas razones. En primer lugar, le atribuyeron ser “el articulador de una matriz de negocios” que condicionó “el accionar en la magistratura” mientras estuvo al frente de la Corte. Así, le endilgaron, además, una “evidente falta de transparencia”.

Y, por otro lado, lo acusaron de “cooptar las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder” y el “manejo de los fondos de la Justicia”.

Carrió ya había adelantado a fines de enero que promovería el pedido contra Lorenzetti en medio del debate abierto por el Frente de Todos tras el fallo por la coparticipación porteña y la filtración de supuestos chats que involucran a la mano derecha del actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti. No obstante, la exlegisladora aclaró que su único objetivo es Lorenzetti.

“El juicio político a Lorenzetti lo mantenemos, pero por nuestras razones, no por las del Gobierno. Cuando se inicia el juicio político se analiza juez por juez. Entonces nuestro bloque y nuestros representantes en la comisión van a analizar que no es admisible a [Horacio] Rosatti, [Carlos] Rosenkrantz y [Juan Carlos] Maqueda, porque es una embestida de Cristina [Kirchner] contra estos jueces por imparciales”, había afirmado Carrió en Radio Urbana Play.

Y agregó entonces: “Cuando se tenga que analizar Lorenzetti, se tienen que analizar todos los expedientes. Allí, por un patrimonio oscuro, por sus relaciones, por todas las causales que fuimos poniendo con nuestro propio dictamen, vamos a pedir la acusación de Lorenzetti”.

Razones

En el documento presentado este miércoles, la Coalición Cívica le achaca 12 presuntas anomalías en la Corte, mientras fue su presidente. También le objeta “prácticas irregulares” en sus actividades previas a su función judicial que repercuten en su patrimonio, al que consideran “opaco”. Menciona como su supuesto socio al empresario Reinaldo Casabella.

Según el partido de Carrió, Lorenzetti avanzó con la “transferencia de estructuras propias” del Consejo de la Magistratura hacia el ámbito de la Corte, y promovió “la desarticulación” de “mecanismos de control interno” en el máximo tribunal respecto de la utilización de los recursos económicos que, según se detalló, “habría quedado en manos de personas muy allegadas”.

En tanto, entre otros puntos, aludieron a “sospechosos sorteos de causas” y expusieron dudas respecto del proceso de informatización del Poder Judicial, que había alentado Lorenzetti. Por caso, los legisladores citaron que las empresas Indra y Thompson-Reuters (La Ley) “impugnaron una licitación” por supuestas irregularidades “para informatizar todos los tribunales”.

También le adjudican haber contratado a la empresa Dinatech para la provisión de cartelería digital, que fue investigada en la Justicia debido a contratos con la Anses y el Ministerio del Interior. Y pusieron de manifiesto la designación y asignación “arbitraria del personal” con un aumento “exponencial” de la planta del máximo tribunal.

La Coalición Cívica lo acusó, asimismo, de maniobras para evitar informar sobre sus bienes personales. “Para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública -por la ausencia de transparencia en su patrimonio-, modificó el contenido de las Declaraciones Juradas previstas en la norma; y dispuso así la creación de un sistema complejo para obtenerlas, que, en la práctica, no funciona correctamente”.

Entre los principales puntos cuestionados se encuentra, según el pedido, el “manejo irregular y discrecional de la obra social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn). Afirmaron que no se cubrieron vacantes durante tiempos prolongados tanto en el directorio como en la subdirección médica. Y criticaron la falta de registración contable y de previsión presupuestaria.

A su vez, le atribuyeron un interés en “intervenir en causas sensibles” a través del funcionamiento del cuerpo de peritos del Poder Judicial para casos de corrupción y de delitos contra la administración pública. Los legisladores hicieron notar que ese cuerpo se creó extrañamente “bajo la superintendencia directa” de la propia Corte, algo que no ocurre con otros departamentos periciales. “Constituyó otra maniobra más de Lorenzetti de sumar cada vez más poder con fines espurios”, dijeron.

En tanto, también le cuestionaron su incidencia respecto de la oficina de escuchas judiciales que, en diciembre de 2015, pasó del Ministerio Público Fiscal al ámbito de la Corte. El Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) fue integrado con funcionarios cercanos. Según la Coalición Cívica, el entonces presidente del máximo tribunal avanzó en la “designación de sus allegados en las áreas operativas”, lo que le permitía tener una “Agencia de Inteligencia Paralela”.

“No podemos pasar por alto que el juez Lorenzetti montó un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos), todo manejado sin independencia, o con un disfraz de independencia, que quedó a cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el entonces presidente de la Corte, quienes estaban en puestos claves”, recalcó la Coalición Cívica.

Patrimonio “oscuro”

La Coalición Cívica señaló en este contexto que Lorenzetti formó parte -en su ciudad de procedencia, Castellanos, Santa Fe- de la sociedad Apreme SRL, en la que fue socio. Según la denuncia, la firma celebraba “contratos con obras sociales para terceros, que eran precisamente los sanatorios donde ellos eran sus dueños”. “Por ese rol de intermediarios, para contratar con ellos mismos, cobraban comisiones millonarias que engrosaron sus patrimonios y poder”.

También apuntan contra la sociedad Ratio SA, que Lorenzetti donó a sus hijos y sostienen que hubo irregularidades en la compra que esa sociedad hizo de un departamento en Puerto Madero donde el juez, según el escrito presentado este miércoles, residiría. A través de Ratio, el magistrado habría adquirido ese inmueble “a una filial de una sociedad inglesa registrada en el estado de Delaware de Estados Unidos, Delaware Business Incorporators Inc.

A su vez, el reciente pedido menciona a la firma Mutual Pyme Rural. Según describieron, en el padrón de asociados de la firma, se encuentran tanto Lorenzetti como miembros de su familia. Lo llamativo es que esa firma fue investigada por haber cambiado cheques de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), una situación que fue investigada en la causa Fútbol para Todos.

En tanto, los diputados que responden a Carrió marcaron que el expresidente de la Corte tiene un socio poco conocido en materia de negocios. Se trataría de Reinaldo Casabella. “Este empresario es uno, junto con el grupo Tita, de los que maneja centros de salud en Rafaela, Rosario y otras localidades de la provincia de Santa Fe”, añadieron.

Tanto López como Oliveto Lago marcan que Elisa Carrió denunció la situación “opaca” del patrimonio del expresidente de la Corte ante la Unidad de Información Financiera y ante la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal, aunque no hubo avances.

LA NACION

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