Los puntos clave de la reforma laboral aprobada en Diputados

La Cámara de Diputados votó positivamente este jueves el proyecto de reforma laboral. El plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Senado ya emitió un dictamen favorable y se busca tratar el texto el próximo viernes para asegurar su sanción definitiva. El presidente Javier Milei siguió las alternativas de la sesión desde Estados Unidos.

La nueva normativa establece transformaciones profundas en el esquema de despidos y la organización gremial. El texto busca desalentar los litigios judiciales mediante la imposición de límites económicos a las costas procesales. Los aspectos centrales de la propuesta legislativa son los siguientes:

• Modificación en el cálculo de indemnizaciones: se propone una reducción de la base de cálculo y, de esta forma, ya no se considerarán ítems como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Además, se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Además, para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.
• Creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL): las empresas realizan aportes mensuales obligatorios a cuentas inembargables para financiar futuros ceses de contratos. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores.
• Flexibilidad en la jornada diaria: el esquema permite turnos de hasta 12 horas con un descanso obligatorio de 12 horas entre cada día de trabajo. El empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios.
• Regulación de servicios esenciales: los sectores clave como la educación deben garantizar el 75% de su operatividad mínima durante un paro.
• Blanqueo y regularización: el programa ofrece la condonación de hasta el 70% de las deudas por falta de pago de aportes a la seguridad social.
• Flexibilidad en las vacaciones: el empleador y el empleado pueden pactar el fraccionamiento del descanso en periodos mínimos de siete días.
• Baja de estatutos profesionales: la ley deroga normativas para operadores de radio/telegrafía, peluqueros, viajantes de comercio y conductores privados, además de pautar el fin del régimen del periodista profesional para 2027.

El salario de los trabajadores se puede pagar en dinero, moneda extranjera, especie o alimentos. La ley introduce el concepto de salario dinámico para pagos por mérito personal o productividad según el acuerdo entre las partes. La base remuneratoria para el cálculo de los despidos tiene un tope de tres veces el salario promedio mensual del convenio aplicable.

Los empleadores conforman el FAL bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Las grandes empresas aportan el 1% de sus contribuciones patronales a este fondo. Las pymes destinan el 2,5% de sus recursos. Este mecanismo busca abaratar los costos de desvinculación. En los casos de sentencias judiciales, las grandes firmas pagan la deuda en seis cuotas mensuales, mientras que el plazo para las pequeñas empresas llega a los 12 meses.

La reforma permite la ampliación de la jornada de trabajo de ocho a 12 horas. El empleador y el empleado acuerdan de manera voluntaria un régimen de compensación con un banco de horas. Las vacaciones ocurren entre el 1° de octubre y el 30 de abril. Las partes acuerdan el fraccionamiento del descanso en tramos no menores a siete días.

El texto crea la figura del repartidor independiente para el sector de aplicaciones móviles. La normativa aclara que “este vínculo no constituye una relación laboral”. Esta definición otorga libertad para las formas de contrato en las plataformas digitales. La antigüedad de los trabajadores se cuenta desde el inicio de la relación. El reingreso bajo el mismo empleador tras una desvinculación mayor a tres años anula el cómputo del tiempo de servicio anterior.

La operatividad de los servicios esenciales asegura una cobertura del 75% durante las protestas. El proyecto califica como esencial a la educación en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deben prestar servicio al 100% y los servicios trascendentales el 50% de su funcionamiento normal.

El Gobierno mantiene la cuota sindical obligatoria con un tope del 2% del salario mensual. Este cobro dura dos años para trabajadores afiliados y no afiliados. Los empleadores actúan como agentes de retención de estos fondos. La reforma prioriza los acuerdos por empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales de alcance nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Laura Serra.