¿Qué se sabe de la reforma laboral que presenta el gobierno de Milei?
El proyecto ingresa al Congreso con propuestas sobre el fondo de cese, la jornada flexible y nuevas modalidades de contratación
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LA NACION
El Gobierno presentará este martes 9 de diciembre la nueva normativa para regular el mercado laboral. El Poder Ejecutivo formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 31 de diciembre para el tratamiento de esta iniciativa y del Presupuesto 2026. La administración de Javier Milei apunta a obtener la media sanción de la normativa antes del cierre del año y su aprobación definitiva en febrero con el respaldo de la nueva conformación parlamentaria.
Ejes centrales de la reforma laboral
El borrador del texto, al cual pudo conocer LA NACION, plantea modificaciones sustanciales en las condiciones y modalidades de trabajo. La propuesta habilita la celebración de contratos a tiempo parcial y otorga “libertad en las formas de contratación” para la contratación del personal. Un punto destacado es la posibilidad de pactar salarios en pesos, en moneda extranjera o incluso a cambio de alimentos y especias, como también fijarlos por productividad.
La iniciativa incorpora la figura del “banco de horas”, un sistema que apunta a flexibilizar la jornada laboral mediante la acumulación de horas extra en un saldo a favor del empleado. Estas se compensan con días libres o jornadas reducidas en el futuro en lugar de un pago adicional. La norma mantiene el mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.
El régimen de vacaciones también sufre alteraciones. El proyecto permite el fraccionamiento del período de descanso. El empleador debe notificar la fecha con 45 días de antelación en caso de imponerla. Otro cambio relevante es la eliminación de la antigüedad ante un cambio de empleador, beneficio que existía en casos de sustitución patronal.
El nuevo esquema de indemnizaciones y el fondo de cese
El Gobierno insiste con la creación de un fondo de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones tradicionales por despido con causa, un mecanismo que requiere un acuerdo previo mediante convenio entre las partes. El empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual del trabajador. El esquema contempla un aporte del 12% del salario durante el primer año y del 8% a partir del segundo. Los fondos van a una cuenta bancaria, generan intereses y son de libre disponibilidad e inembargables.
El proyecto prevé la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta caja se constituye con el aporte del 3% de las contribuciones patronales bajo la tutela de los ministerios de Capital Humano y Economía para afrontar “contingencias laborales”.
La reforma laboral busca reducir la “discrecionalidad” de los jueces en los conflictos. El texto establece un cálculo único para las indemnizaciones actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual. La norma prohíbe de forma explícita el devengamiento de intereses sobre intereses. La iniciativa excluye ítems como el aguinaldo, las vacaciones y los premios de la base de cálculo indemnizatorio.
La resistencia sindical y la negociación política
La ampliación de los servicios considerados esenciales figura como uno de los puntos de mayor conflicto. Los gremios interpretan esta medida como una “limitación al derecho a huelga”. Referentes de la CGT advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad de la norma y anticiparon la judicialización de la ley.
El proyecto oficial no restringe el cobro de la cuota sindical. Introduce un requisito para que las empresas actúen como agentes de retención: la validación expresa del gremio y del empleado. La normativa también contempla un endurecimiento de las penas para los delegados sindicales.
Las expectativas del Gobierno oficialista
Patricia Bullrich, quien asume su banca en el Senado el 10 de diciembre, defendió la iniciativa. La funcionaria calificó la ley ante el medio El Observador: “Es una ley ecuánime, moderada, que no se va a viejos proyectos que son de flexibilización laboral”. Y destacó que la norma “moderniza y genera certezas para trabajadores y empresarios”.
La Casa Rosada prevé resistencia por parte de los sindicatos y da por hecho la realización de movilizaciones. Fuentes oficiales aseguraron a LA NACION: “Es una reforma pro generación de trabajo. Todo lo que no implique generación de empleo no va a estar”. El Gobierno apuesta al diálogo con sectores del radicalismo, el Pro y senadores provinciales independientes para conseguir los votos necesarios ante la negativa del bloque kirchnerista.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.
LA NACION
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