Reforma laboral: el Gobierno se resiste a modificar el capítulo de Ganancias y hay tensión con las provincias
En la Casa Rosada no hay intenciones de modificar el texto original a pesar del pedido de los gobernadores dialoguistas; buscan ir al recinto el 11 de febrero
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Si se toman en cuenta los cálculos del Gobierno, quedan solo 13 días para llevar la reforma laboral al recinto del Senado, porque en Balcarce 50 siguen firmes con la idea de que eso se haga el 11 de febrero próximo. Pero, aunque las conversaciones siguen abiertas, el debate por el momento se trabó.
Más allá de que el ministro del Interior, Diego Santilli, va y escucha a los gobernadores -como hizo hoy al mediodía con los del norte, que se reunieron en Buenos Aires, antes de venir a la mesa política-, en el núcleo más fuerte de poder libertario están aferrados a una parte del articulado que molesta a los mandatarios provinciales y, por lo tanto, admiten que eso genera una situación de estancamiento en la previa de que se trate la reforma laboral.
Tras terminar la reunión de la mesa central, la postura no se modificó. E incluso actores que siempre fueron tendientes a hacer concesiones se mantuvieron firmes en la decisión de que la parte del texto que modifica la recaudación de Ganancias -esa que genera los chispazos- no se va a tocar, según pudo saber LA NACION de tres fuentes distintas y con conocimiento de las conversaciones.

En su texto, la reforma del oficialismo tiene una parte de ajustes tributarios y el apartado que más molesta a las provincias es el que reduce el impuesto a las Ganancias para sociedades, como así también para aquellos que alquilen propiedades con destino a casa-habitación. ¿Por qué los gobernadores se quejan? Porque la caja del impuesto a las Ganancias nutre los fondos coparticipables, que derivan a las arcas provinciales.
Desde hace semanas, los gobernadores aliados le reclaman a Santilli que cambie ese tramo del texto o que al menos les dé una garantía de que van a ser compensados por los fondos que, ellos calculan, van a perder.
“Se harán algunas modificaciones en el formato de redacción y de estilo, pero no habrá ningún cambio en ningún tema trascendental; ni tampoco estamos buscando llegar a una postura intermedia”, aseguró este jueves una fuente con fuerte peso en la toma de decisiones del Gobierno, que desde el inicio del debate se mostró intransigente con introducir enmiendas.
Consultada esa misma fuente por LA NACION sobre un escenario en el que salga la reforma laboral aprobada en general en el Senado, pero que se caigan los artículos impositivos, se mostró despreocupada. “Si no sale, no sale”, especuló e insistió con que en la ley no piensan incluir ningún complemento formal para las provincias y que, en última instancia, “depende cómo vote” cada legislador, se evaluará cada caso puntual. Pero recién después de ver si esa provincia acompaña o no al oficialismo en el Congreso. Una suerte de toma y daca.
El Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf) estima que el costo fiscal inicial de estas modificaciones en Ganancias durante 2026 sería de 0,22% del PBI. Tal como contó LA NACION, los gobernadores estiman que el impacto en los giros automáticos rondaría entre $5000 y $6000 millones mensuales.

El Gobierno dice otra cosa: que los mandatarios "están haciendo las cuentas mal” y que esa recaudación se va a equilibrar cuando la ley laboral entre en vigencia y, así, acompasadas por un supuesto crecimiento de la economía en 2027, las arcas provinciales no se verán afectadas.
“Seguimos hacia adelante. Nosotros estamos convencidos que hay que bajar impuestos y que para 2027 van a ser recuperados con mayor formalidad y crecimiento”, dijo otro integrante de la mesa chica libertaria -más conciliador- a este medio, para explicar por qué se resisten a acceder al pedido de las provincias.
En la misma sintonía, un tercer actor del Gobierno replicó ante LA NACION: “Nosotros queremos bajar impuestos y las provincias se resisten. Ese es el tema [que complica las conversaciones ahora]. Para nosotros es importante porque baja el costo argentino”.
Antes del encuentro de la mesa política en la Casa Rosada, Santilli vio en la Casa de Salta al gobernador de esa provincia, Gustavo Sáenz; al de Catamarca, Raúl Jalil; y al de Tucumán, Osvaldo Jaldo, todos con raíces peronistas pero colaboracionistas de Milei. Mañana viajará a reunirse con otro aliado: el gobernador correntino Juan Pablo Valdés, de extracción radical.
“Nosotros siempre hemos acompañado y garantizado la gobernabilidad, y acompañado las medidas que creíamos necesarias. Pero nunca afectando los intereses de cada una de nuestras provincias. Si eso se entiende, vamos a acompañar”, expresó al terminar el encuentro Saénz, en un mensaje directo a Balcarce 50. “En eso coincidimos todos [los gobernadores]. Entendemos que es una ley que es necesaria, pero hay que hacerla bien”, insistió.
Además, comparó esta situación con una mesa y dijo que para que “esté servida” tiene que haber “cuatro patas”: los empleados, los sindicatos, los empleadores y las provincias.
Con el Gobierno fortalecido tras las elecciones legislativas de 2025, en las que tiñó la mayor parte del país de violeta, los gobernadores quedaron en una posición más débil para negociar. Por estas horas, los que la Casa Rosada habilitó para sentarse a la charla quieren -como planteó Sáenz y en una postura dialoguista- hacer valer el peso que todavía tienen en el Congreso para no perder los fondos con los que gestionan la diaria en sus territorios, a menos de dos años de distancia para las Ejecutivas de 2027.
Pero la administración de Javier Milei de momento no está dispuesta a torcer el brazo con el corazón del texto, la mayor apuesta dentro del temario que ya mandó al Congreso para tratar en las extraordinarias de febrero.
Por ahora, todas las voces coinciden; el status es: “Conversaciones abiertas”.
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