San Luis: la Justicia federal prohíbe a Rodríguez Saá la entrega de dinero, créditos y planes sociales en campaña electoral
Lo determinó un juez porque considera que viola el código electoral; a fuerza de subsidios y pagos en efectivo, el gobernador busca revertir la derrota de las PASO
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal Juan Esteban Maqueda prohibió al gobernador de San Luis, Alberto Rodriguez Saá, la entrega de dinero en efectivo por unos 85 millones de pesos y le impidió pagar nuevos planes sociales y entregar de microcréditos por unos 1250 millones de pesos, así como dar subsidios a los asalariados estatales.
La decisión obedece a una medida cautelar solicitada por el fiscal federal Cristian Rachid, que entiende que el pago de esos subsidios constituyen violaciones al Código Electoral y son medidas de clientelismo. La denuncia fue formulada por el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio.
A raíz de todos los elementos aportados en la denuncia, el fiscal Rachid requirió al juez Maqueda varias medidas que implican la prohibición al gobernador de la provincia y a todos los funcionarios públicos, hasta el 15 de noviembre de 2021, de utilizar dinero de cajas chicas para entregar dinero en efectivo, abstenerse de efectivizar pagos de nuevos planes sociales y entrega de microcréditos y dar subsidios a los asalariados estatales.
Al respecto, Jimena de la Torre, presidenta de la asociación civil Bases Republicanas e integrante del Comité de Control Electoral, afirmó: “Nadie se opone a que el Poder Ejecutivo provincial se cumpla debidamente con sus funciones y asista a los sectores más vulnerables de la población, sino que nos oponemos a que ello se realice con fines electoralistas y en pleno proceso en marcha de la campaña electoral”.
Una vez finalizados los comicios legislativos del 14 de noviembre, podrán continuar con dichas operaciones, sin perjuicio de la investigación penal que seguirá su curso tanto por los delitos electorales como por los delitos establecidos por el Código Penal para los funcionarios públicos.
La denuncia penal fue presentada hace dos semanas por representantes de Juntos por el Cambio, y se denunciaban delitos electorales, consistentes en el uso de fondos públicos para financiar la campaña política de los candidatos kirchneristas del gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Los delitos consistían en la entrega de dinero en efectivo y bienes con el objetivo de revertir el resultado electoral de las elecciones primarias de septiembre. En las PASO, el Frente “Unidos por San Luis”, espacio opositor liderado por el senador nacional Claudio Poggi, se impuso con el 46,87 por ciento de los sufragios.
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