Se reactiva una megacausa de corrupción con más de 200 personas imputadas
Investigan si unos $800 millones que debían destinarse para construir viviendas fueron a parar a los bolsillos de candidatos en campaña
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- La Justicia federal reactivó una gigantesca investigación por desvíos de fondos que estaban destinados a construir viviendas y aparentemente quedaron en manos de políticos locales.
La causa estuvo a punto de cerrarse, pero volvió a tomar impulso de la mano de la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona, en torno a supuestas maniobras de defraudación contra el Estado riojano.
La causa, que apunta un desvío de unos $800 millones, se inició en 2016 por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y están imputadas 228 personas físicas -entre ellas exfuncionarios provinciales de La Rioja- y alrededor de 30 personas jurídicas.
También está bajo la lupa el accionar del entonces ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, detenido desde el jueves para cumplir la condena por la tragedia de Once.
En contacto con LA NACION, la fiscal aclaró que “no está imputado De Vido hasta el momento; son todos funcionarios provinciales”. Por entonces, La Rioja era gobernada por el kirchnerista Sergio Casas, delfín de su antecesor, Luis Beder Herrera.
Los delitos investigados están vinculados a maniobras de defraudación contra el estado provincial, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos.
Parte de los fondos eran provenientes de Nación. Hay imputados exfuncionarios provinciales e integrantes de las fundaciones o asociaciones civiles que operaron como intermediarias entre los fondos que se entregaban para obras públicas y las empresas constructoras.
La causa -que registra un antecedente de nulidad- es muy compleja y la Fiscalía avanza en la toma de testimoniales y recolección de pruebas. Por ahora pidió informes de cuentas bancarias, contratos, convenios, registros de propiedades y vehículos, además de la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La investigación terminó por unir dos denuncias: una de los fiscales especializados en lavado y otra de la Oficina Anticurrupción de la Nación. El primer fiscal que intervino fue Horacio Salman.
La presentación de la Oficina Anticorrupción apuntaba a fondos entregados por el gobierno nacional a las ONG “Futuro”, “Amanecer” y “Nuevo Atardecer” para hacer obras encargadas por el ministerio de Infraestructura riojano. Ese dinero fue retirado “en forma inmediata” en efectivo del entonces Nuevo Banco de La Rioja y presuntamente destinado a funcionarios y políticos riojanos. En 2015, el banco se estatizó.
La denuncia de la Procelac apunta a las comunicaciones efectuadas por la conducción de entonces Nuevo Banco de La Rioja, que era del Grupo Ick, al Banco Central.
El Grupo Ick tiene base en Santiago del Estero, donde controla un gran número de empresas.
El planteo fue que varias ONG retiraron sumas muy importantes de dinero en efectivo sin cumplir las reglamentaciones vigentes. El Banco Central ordenó el inmediato cierre de las cajas de ahorro y pidió un estatus diferente para las ONG involucradas. En 2015, la Provincia expropió el 70% de las acciones del banco del Grupo Ick, que pasó a llamarse Banco Rioja.
“Fundaciones probablemente constituidas ad hoc para recibir dinero proveniente del Estado Nacional, sin antecedentes, aparentemente integradas por funcionarios provinciales, habrían recibido fondos cuyo destino era la construcción o mejoramiento de viviendas, en el marco de los Planes Federales de Vivienda concebidos por el Estado Nacional", describe la denunicia de la Oficina Anticorrupción. Y advierte que ese dinero, en vez de ir a la construcción de viviendas, "habría sido colectado por fundaciones intermediarias, y luego trasferido a candidatos a intendentes o funcionarios públicos que intentaban ganar las elecciones en la provincia". En 2016, cuando se presentó la denuncia, la Oficina Anticorrupción estaba a cargo de Laura Alonso.
Ese mismo año, Carlos Pagni recordó en LA NACION una denuncia del exdiputado y exministro de Defensa Julio Martínez de tres años antes: “Lázaro Báez compró un avión y todos los martes venía y hacía un recorrido recogiendo plata”, dijo sin precisar si el destino era su provincia, La Rioja.
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