Una ofrenda al FMI que el Gobierno aprobó a escondidas

Que los jubilados han sido la variable de ajuste del gasto público se convirtió en una lamentable verdad de Perogrullo. Lo fue tanto durante los dos últimos años de la gestión de Mauricio Macri –durante este período los haberes perdieron casi 20% frente a la inflación- como durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Con la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria de su antecesor, el nuevo gobierno ahorró para el fisco más de $100.000 millones. No los animó un sentido perverso sino la impotencia y la incapacidad de resolver el sempiterno problema de la crisis previsional y sus haberes de miseria.

El debate sobre la nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios en el Congreso se quedó en la mera superficie. En un duelo retórico estéril entre el oficialismo y la oposición. Ni el bloque del Frente de Todos ni Juntos por el Cambio dedicaron un minuto de sus discursos a abordar el problema de fondo: el 40% de los trabajadores informales que no aportan a la Anses. Mientras esta cuestión continúe irresuelta, el sistema previsional estará condenado a la crisis recurrente. Y a una sucesión de fórmulas de actualización de los haberes que se pergeñarán conforme a las necesidades macroeconómicas de turno.

No fue casual que el oficialismo escogiera la jornada de ayer para discutir la nueva ley de movilidad jubilatoria: el mismo día en que el Gobierno inició la campaña de vacunación contra el coronavirus en todo el país; el mismo día en que el Senado discutía la ley de legalización del aborto. Hábilmente, logró que los focos de atención periodística estuvieran bien lejos de la Cámara de Diputados para que la sanción de la nueva norma pasase desapercibida;evitó, así, que nuevamente rondase frente al Congreso el fantasma de los violentos desmanes de diciembre de 2017, cuando Mauricio Macri dejó jirones de su imagen pública con la sanción de la ley de reforma jubilatoria con la que pretendía ajustar el gasto público.

Esta vez no hubo insultos ni escándalos dentro del recinto. Tampoco hubo manifestaciones violentas frente al Congreso. Sin la presión mediática ni popular sobre sus espaldas, al oficialismo no le costó demasiado convencer a algunos bloques opositores cercanos para que lo acompañaran en una iniciativa tan sensible como polémica. En otro contexto, la tarea seguramente le hubiese resultado más costosa.

"No apoyamos una buena fórmula de movilidad, solo la menos mala", admitió el rionegrino Luis Di Giacomo, uno de los aliados más fieles, en un rapto de "sincericidio". Los cuatro diputados cordobeses que responden a Juan Schiaretti, claves para que el oficialismo alcanzase el quorum en la sesión, optaron, en cambio, por justificar su voto positivo, tal como lo hicieron en su momento con la reforma previsional macrista. "Fue un voto pensado en la gobernabilidad. Igual que ahora", sostuvo el diputado Carlos Gutiérrez.

La nueva ley de movilidad jubilatoria es, a todas luces, el triunfo legislativo más importante del primer año de la gestión de Alberto Fernández. No porque se trate de una norma virtuosa sino porque, en el actual contexto de crisis extrema agudizada por la pandemia, evitará que las variables de la macroeconomía se resientan aún más. Tal vez no se trate de un logro que el Gobierno esté gustoso de ostentar, pero aquí lo que importa es el afán por mostrar las cuentas públicas más o menos ordenadas. Ahora habrá que ver si la ley finalmente conforma las exigencias del Fondo Monetario Internacional -el verdadero destinatario de esta ofrenda-, ávido por encontrar señales de orden fiscal de un gobierno cuyo rumbo aún parece incierto.

Por Laura Serra

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