Doble crimen en Belgrano: recusaron al tribunal y el juicio a la narcoabogada quedó suspendido cerca del final
El abogado Leopoldo Murúa, uno de los representantes de Julieta Bonanno, afirmó que durante el debate “se vulneraron los derechos de la defensa” y puso en duda la imparcialidad de los jueces; si hacen lugar a su pedido, habrá que hacer un nuevo debate con otros jueces
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Faltaban pocos minutos para las 10 cuando comenzó una audiencia clave en el juicio donde se juzga a Julieta Bonanno por su presunta participación, como facilitadora, en el homicidio de quien era su cliente, un mexicano integrante de una organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes, hecho por el que recibió el apelativo de “la narcoabogada”.
Uno de sus defensores, el letrado Leopoldo Murúa, anunció en el comienzo de lo que debería haber sido su alegato que iba a recusar al tribunal: puso en duda la imparcialidad de los jueces y les atribuyó una eventual “connivencia” con el Ministerio Público Fiscal. Los magistrados, después de analizar la presentación, dispusieron un cuarto intermedio para resolver el planteo. El debate, que estaba en su etapa final, ingresó en un impasse. Si el planteo de la defensa prospera, habrá que realizar un nuevo juicio, pero con otros jueces.
“Se va a sustanciar el trámite de la recusación, de manera que no podemos fijar una fecha para una nueva audiencia”, sostuvo la presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) N°8, la jueza María Gabriela López Iñiguez
Bonanno, de 31 años, es juzgada como presunta coautora de los homicidios de Rodrigo Alexander Naged Ramírez y de su hijo, John Naged Aguilar, ocurridos el 4 de junio 2018 en un departamento de la avenida Cabildo al 2600, en Belgrano. Esos asesinatos tendrían vinculación con el caso Bobinas Blancas, el intento de contrabando de 2000 kilos de cocaína descubierto en 2017.
Naged Ramírez, de 59 años, era un colombiano nacionalizado mexicano que había estado preso en la Argentina por la causa en la que se investigó el caso del intento de tráfico de droga oculta en bobinas de acero. Había sido procesado con prisión preventiva por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, pero fue exceptuado provisionalmente del proceso tras sufrir un ACV que le dejó graves problemas de salud y que le impedía, en términos legales, comprender la criminalidad de los actos que se le atribuían. La otra víctima era su hijo. Ambos vivían en un departamento alquilado. Fueron ejecutados por un sicario en junio de 2018.
El debate, a cargo de los jueces López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, comenzó en marzo del año pasado.
El juicio se demoró casi un año. La fecha original para su comienzo era el 19 de marzo de 2020, pero se suspendió como consecuencia de las medidas preventivas dispuestas para prevenir el Covid-19.
En su alegato, el Ministerio Público, representado por el fiscal Marcelo Colombo y el auxiliar fiscal Miguel Yivoff, pidió la pena de prisión perpetua para Bonanno, de 31 años. Consideraron que hay pruebas suficientes para condenarla por su participación en el doble crimen. La abogada habría seguido directivas de una misteriosa narcotraficante, conocido solo como La Tía.
La letrada estuvo en el departamento que alquilaban las víctimas, en el 10° D del edificio situado en Cabildo 2659, la noche del ataque del sicario. El homicida, que nunca pudo ser identificado, ingresó en el edificio en el momento en que le abrieron la puerta a la letrada.
Hoy, debía alegar la defensa de Bonanno, a cargo de Murúa y de su colega Nicolás Proz. Pero a poco de comenzar se planteó la recusación del tribunal.
“A lo largo del debate se han vulnerado nuestros derechos de defensa. No sentimos y no apreciamos la imparcialidad”, afirmó Murúa, al explicar los motivos de la recusación. Y, agregó: “No puedo alegar con temor a la parcialidad”.
Para fundamentar lo que definió como “connivencia” entre el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del tribunal, Murúa recordó que en una audiencia de agosto pasado, en la pantalla compartida donde se transmite por Zoom el debate, se mostró una conversación de WhatsApp entre el auxiliar fiscal Yivoff y la jueza Namer.
Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, Yivoff ocupó el cargo de secretario en una fiscalía donde Namer se desempeñó como fiscal, y en la conversación cuestionada por Murúa, la magistrada le preguntaba cómo estaban él y su familia después de un robo que habían sufrido en su casa.
“La conversación a la que hizo referencia Murúa ocurrió antes de que comenzara la audiencia y fue por cuestiones personales”, agregaron las fuentes consultadas.
El futuro del debate ahora depende de la recusación. El peor escenario sería que avance la recusación y el juicio vuelva a foja cero, a la espera de que se sortee un nuevo tribunal.
“La defensa de Bonanno entiende que el alegato del Ministerio Público Fiscal vulneró el derecho a la defensa en juicio y violó el secreto profesional”, sostuvo a LA NACION Murúa tras la audiencia.
La ejecución del plan criminal
Naged Ramírez y su hijo fueron ejecutados por un sicario, que hasta el momento no pudo ser identificado. “A efectos de su consumación, al ser una persona de extrema confianza de los Naged y en virtud de un plan aparentemente acordado en forma previa, Bonanno al menos habría facilitado el ingreso al domicilio del sujeto o de uno de los sujetos que les quitaron la vida”, sostuvo, en el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.
Para el representante del Ministerio Público, Bonanno conocía a la perfección la forma de ingresar en el edificio donde vivían las víctimas, la ubicación de las cámaras de seguridad y la distribución de los ambientes del inmueble.
En un video registrado por aquellas cámaras se la ve entrar desde la calle, a las 21.41, y detrás de ella pasa una persona joven, muy abrigada y encapuchada. Se cree que podría ser el sicario.
Dinero para el alquiler
La primera explicación que dio la abogada fue que había ido al departamento de su cliente para dejarle dinero para pagar el alquiler. Para entonces, Naged Ramírez estaba procesado con prisión preventiva por González Charvay por los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes, en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa. El proceso contra Naged Ramírez fue suspendido en marzo de 2018, tres meses antes de su homicidio.
“Bonanno, en su carácter de abogada de Naged Ramírez, había desarrollado una relación de confianza, además de la relación laboral que los unía, lo que permitió coadyuvar, en virtud de un plan aparentemente acordado en forma previa, que una persona del sexo masculino también ingresara junto a ella al departamento al momento de bajar el nombrado [Naged] junto a su hijo para abrir la puerta de la planta baja del edificio. Bonanno, al menos, habría facilitado el ingreso al domicilio de las víctimas de este sujeto no individualizado que les habría quitado la vida”, se describe en el expediente.
El fiscal Bringas, en la instrucción, remarcó que le había parecido llamativo que el sicario no le hubiese quitado el teléfono celular a Bonanno y que no la hubiera encerrado con llave.
“Párrafo aparte merece la circunstancia de que un sicario que acababa de matar sobre seguro a dos personas deje con vida a la imputada, lo que podría llegar a suponer, en un futuro, la existencia de un testigo en su contra. Ello si se tiene en consideración que la imputada vio a rostro descubierto al sicario, con lo cual, eventualmente, podría reconocerlo, dado que no solo ingresaron juntos al edificio, sino que hasta subieron juntos en el mismo ascensor y, también, le abrió ella misma la puerta del departamento al momento de que esta persona ingresó para así perpetrar las muertes”, afirmó Bringas.
El plan criminal, según la hipótesis de los investigadores judiciales, se orquestó en México, base de operaciones de la organización narco que integraba Naged Ramírez.
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