El gobierno porteño rescató 14 perros de un criadero ilegal en Flores: el lugar ya había sido clausurado el año pasado

La Policía de la Ciudad rescató este jueves 14 perros de un criadero ilegal que ya había sido clausurado el año pasado por el mismo delito en el barrio de Flores. El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en la calle Arrotea al 600 y entre los animales hallados había dos cachorros de menos de 45 días escondidos en un placard, 11 hembras adultas y un macho joven, además de tres hembras en avanzado estado de preñez.

Según informaron fuentes del gobierno porteño a LA NACION, durante el allanamiento, los veterinarios constataron que los animales estaban sucios, con fuerte olor a materia fecal, y sin libretas sanitarias ni vacunas registradas, y algunos de ellos padecían sarro dental y otros otitis. Así se verificó que el espacio no era apto para un criadero, ya que además contaba con solo un bebedero y no había alimento.

Las autoridades secuestraron la totalidad de los animales y las jaulas, y las dispusieron para el chipeado de cada ejemplar para su identificación y seguimiento. También se ordenó el traslado de los perros a una ONG especializada en protección y defensa animal para su estabilización y atención veterinaria. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Blas Matías Michienzi, con intervención del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº5.

El inmueble ya había sido allanado en octubre de 2024, cuando se rescataron 57 caniches y se secuestraron las jaulas utilizadas. En esa ocasión, tras el allanamiento se detuvo a dos personas y los animales quedaron en manos de organizaciones dedicadas al cuidado de estas mascotas para que luego puedan ser ubicados en familias que quieran adoptarlas.

A su vez, las dos personas que estaban al frente del negocio clandestino fueron imputadas por actos de crueldad, según lo establece la Ley 14.346, así como “por violar las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal”.

Esta vez, tras nuevas tareas ordenadas judicialmente se reunió evidencia que confirmó la continuidad de la actividad ilícita en el mismo domicilio, lo que motivó el nuevo operativo encabezado por la División Delitos Ambientales y la División Perros. Además, se comprobó la violación de la clausura anterior, por lo que se reimplantó la medida.

En el operativo participaron efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), de la Dirección General de Control Ambiental, la Dirección General de Control y Fiscalización, la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCBA y médicos veterinarios de APRA.

LA NACION

• gobierno porteño

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