La reacción del padre de un alumno que amenazó a su escuela y deberá pagar una multa de 6 millones de pesos

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe implementó una medida contundente para frenar la ola de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia. Tal como había adelantado LA NACION, las autoridades decidieron trasladar el costo de los despliegues policiales a los padres o tutores legales de los menores responsables. La primera notificación oficial ocurrió esta semana cuando la Policía informó a un padre que deberá abonar una suma superior a los 6 millones de pesos.

Ante la magnitud de la cifra, el hombre reaccionó con sorpresa y exclamó: “Cara la jodita”. Sus palabras llegaron mientras firmaba el acta correspondiente, según reportaron fuentes policiales, que difundieron el video de ese momento.

El ministro de la cartera, Pablo Cococcioni, aclaró durante una conferencia de prensa que esta acción no constituye una multa ni una pena convencional. El funcionario precisó que se trata de una deuda civil destinada al resarcimiento por el daño causado al erario público.

La normativa se ejecuta bajo las disposiciones del Código Civil y Comercial y permite a la administración provincial avanzar con medidas como el embargo de sueldos o la inhibición de bienes. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, afirmó Cococcioni.

En este caso, la cifra exigida asciende exactamente a 6.024.944 pesos. Este monto surge del cálculo detallado de los recursos estatales consumidos durante los operativos de seguridad, los cuales incluyen combustible, movilidad, horas de servicio del personal y el despliegue de brigadas especializadas, tales como las unidades de explosivos.

Medios locales consignaron que el Gobierno provincial atendió 65 amenazas de esta naturaleza desde el pasado viernes, vinculados principalmente a carteles violentos dejados en instalaciones escolares. Cada una de estas intervenciones implica un gasto estimado de entre cinco y seis millones de pesos.

La base legal de esta política se encuentra en el Artículo 1754 del Código Civil y Comercial, el cual establece que los padres son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores que conviven con ellos. La provincia otorgó un plazo de cinco días para que los responsables realicen el pago. Vencido este período, los antecedentes pasarán a manos de la Fiscalía de Estado para iniciar el proceso de cobro judicial.

Cococcioni confirmó además que durante la jornada continuó el despacho de nuevas intimaciones dirigidas a otros núcleos familiares cuyos hijos quedaron identificados como autores de las amenazas.

La estrategia busca desalentar una práctica que genera miedo e incertidumbre en la comunidad educativa y perjudica el desarrollo normal de las actividades escolares. El Gobierno de Santa Fe sostiene que la responsabilidad económica recae sobre quienes tienen el deber de cuidado, buscando así una disuasión efectiva ante el uso indebido de las fuerzas de seguridad ante falsas alarmas que consumen recursos destinados a la prevención del delito en toda la provincia.

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