Prohibieron el uso de celulares en las celdas a los principales miembros de la temible Banda del Millón
La Justicia ordenó el decomiso de los teléfonos móviles usados por los señalados jefes de la organización delictiva que emplea a menores para sus violentos atracos a jubilados
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LA NACION
La jueza Andrea Rodríguez Mentasty a cargo del Juzgado de Garantías n°3 de San Isidro, ordenó la prohibición del uso de teléfonos celulares para cuatro detenidos acusados de formar parte de “La Banda del Millón” y encarcelados por el homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga, jubilada asesinada en octubre en San Isidro.
La importancia de la decisión se encuentra en que los múltiples robos perpetrados por el grupo fueron orquestados por sus cabecillas desde las celdas en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a través del uso de dispositivos móviles.
Los presos alojados en el sistema penitenciario bonaerense tienen permitido el uso de celulares bajo algunas condiciones, cuyo cumplimiento es difícil de verificar. A partir de la pandemia de Covid-19 se permitió a los condenados y procesados que tuvieron teléfonos móviles para mantener contacto con familiares y, pese al regreso de las visitas presenciales en los penales, ese sistema siguió adelante con el único requisito de que los reos no usen sistemas de mensajería instantánea o redes sociales. La reiteración de casos en los que delitos son planificados o directamente dirigidos desde una celda marcan que el celular puede ser una herramienta vital para que las bandas mantengan sus liderazgos más allá de los arrestos. La Banda del Millón tiene un sistema de comando que lleva a los ejecutores de asaltos a comunicarse con sus jefes en el mismo momento del atraco.
Esta semana, efectivos de la Policía Bonaerense aprehendieron a dos menores integrantes de “La Banda del Millón”, uno de ellos acusado de participar en el violento robo a la casa de Mónica Mancini, conocida como “la abuela influencer”, el pasado 9 de enero.
El pedido de remoción de los artefactos había sido solicitado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, a cargo de la investigación para desarticular el grupo delictivo y detener a los miembros responsables de una serie de robos a residencias en el norte del conurbano bonaerense.
Por otra parte, Ferrari solicitó “ante la posible infracción a la restricción impuesta respecto a las comunicaciones de carácter virtual” información sobre otro posible integrante de la Banda del Millón, preso por otro delito pero en sospecha de operar para la organización a través de su celular.
“Requiérase al titular de la Unidad Carcelaria N° 28 de Magdalena que de inmediato, mediante procedimiento eficaz y apegado a la reglamentación vigente, de conformidad con el ámbito de sus atribuciones, proceda a informar respecto del teléfono celular del interno Fernández, Esteban Alexis”, consta en el pedido de Ferrari.
El documento precisa la supervisión y corroboración del uso de dispositivo móvil por parte del interno para detectar actividad por fuera de la permitida por el Protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense.
“En caso afirmativo y de corresponder se proceda conforme lo contenido en el art. 5 del mentado reglamento respecto del aparato tecnológico, se reserve en la Oficina de Instrucción de expedientes disciplinarios, y se inicien las actuaciones administrativas de acuerdo a la normativa de rigor”, apelando al artículo que prevé la incautación del celular ante una posible participación en un delito penal haciendo uso del mismo.
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, por su parte, apuntó contra el permiso que tienen los reclusos para usar celulares: “Detenemos delincuentes y siguen delinquiendo desde la cárcel. La Justicia sigue permitiendo que las cárceles funcionen como verdaderas oficinas del delito”.
“Hicimos todo lo que está a nuestro alcance para prevenir, detectar y detener delincuentes -dijo el intendente Lanús-; estamos trabajando con la Provincia, porque a pesar de que tenemos diferencias ideológicas profundas, la seguridad no puede ser rehén de la política. El trabajo conjunto ya dio algunos resultados: en 2025, en San Isidro el delito bajó un 14 por ciento.”
Y agregó que el esfuerzo de la seguridad pública debe ser acompañado por resoluciones judiciales que impidan el uso de penales como oficinas del crimen. “Hay que prohibir de manera urgente el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Lo contrario se está transformando casi en una burla: detener y privar de la libertad tiene, entre otros, el objetivo de alejar el peligro de la sociedad”, manifestó Lanús.
“Con este uso de los celulares, sigue la impunidad, no se preserva a los ciudadanos y se engaña a la sociedad con una falsa idea de justicia”, expresó el intendente de San Isidro.
LA NACION
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