Está preso por matar a un mago y a su novia y ahora, desde la cárcel, estafó a un vecino de Vicente López
El sospechoso, Rubén Grasso, cumple la pena de prisión perpetua en la cárcel de Magdalena
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Enrique V., un vecino de La Lucila, Vicente López, quería terminar 2025 y comenzar el Año Nuevo en Mar del Plata, junto con su familia. Buscó en Internet propiedades con una linda y buena ubicación. No tardó en decidirse al ver las fotos de un departamento en la zona de Playa Varese. Rápido negoció y transfirió a una cuenta de una billetera virtual una seña de 420.000 pesos. Una pocas horas antes de viajar le fue imposible comunicarse con el suopuesto dueño del inmueble. No le respondía los mensajes y tampoco le atendía las llamadas.
Había sido estafado. Detrás del engaño estuvo Rubén Grasso, un preso alojado en la prisión de Magdalena, una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde cumple una condena de prisión perpetua por los homicidos de Leonardo Fernández, conocido como el Mago Alex, y su novia, Jésica Cigola, ocurridos en 2019.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. En las últimas horas, tras un pedido del fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, a cargo de Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty ordenó allanar la celda donde está Grasso, de 43 años.
Tras recibir el dinero enviado por la víctima, Grasso hizo dos transferencias, una a una cuenta del Banco Nación y otra a una billetera virtual, para intentar entorpecer el rastro de la estafa.
La cárcel de Magdalena es la misma prisión donde dos presos planearon y ejecutaron la extorsión de la que fue víctima Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que, agobiado por sus deudas, se quitó la vida en la quinta presidencial de Olivos.
“Es así, que mediante ardid o engaño, consistente en simular ser propietario del inmueble y aparentar una operación de alquiler legítima mediante el envío de documentación personal y la utilización de una publicación en una plataforma reconocida, logró inducir a la víctima al error, ocasionándole así un perjuicio patrimonial económico de 420.000 pesos”, sostuvo el fiscal Ferrari al solicitar el allanamiento en la celda de Grasso, procedimiento realizado por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
En el marco de la investigación de la denominada banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos robos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro, el fiscal Ferrari había solicitado que se les prohiba a sindicados integrantes de la gavilla alojados en cárceles del SPB el uso de teléfonos celulares para evitar que continuaran con la planificación y ejecución de los atracos.
“Se ha consolidado una dinámica de ‘mando remoto’ donde la inteligencia criminal y la selección de blancos se realiza puertas adentro de las cárceles mediante acceso a medios digitales, mientras que la ejecución es dirigida en vivo a través de video llamadas (WhatsApp e Instagram, etcétera), garantizando el control total de los líderes sobre los subordinados que se encuentran en el exterior. Así, los cabecillas, lejos de ver limitada su capacidad de acción por estar encerrados, simplemente reacomodaron su rol dentro de la estructura, pasando a dirigir, ordenar, validar operaciones y obtener provecho desde la cárcel”, sostuvo Ferrari en su dictamen dirigido a jueces de dos tribunales orales, magistrados de Garantías, fiscales del fuero penal juvenil y al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Ahora, en el marco de la estafa sufrida por un vecino de Vicente López descubrió que otro preso, condenado a prisión perpetua, usó desde su celda un teléfono celular para cometer una estafa.
Ahora, al solicitar el procedimiento en la cárcel de Magdalena, Ferrari afirmó: “En el caso que aquí se analiza vuelve a observarse idéntica situación [el uso de teléfonos celulares por parte de internos del SPB] para cometer delitos e inclusive para con un imputado ya condenado a la máxima pena que, a la luz de las constancias obrantes en autos, materializa de mano propia maniobras delictivas como las aquí investigadas”.
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