Video: el momento de la agresión de la PFA a un camarógrafo de televisión
Facundo Tedeschini, de la señal A24, fue demorado por los efectivos mientras cubría las protestas por la ley de glaciares en el Congreso; otros cuatro trabajadores de la prensa también fueron lesionados
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LA NACION
Este jueves por la mañana comenzó con tensión en el Congreso por cruces entre la Policía Federal Argentina (PFA) y trabajadores de prensa que fueron agredidos. Los efectivos demoraron a un camarógrafo y arrojaron gas pimienta sobre varias de las personas que cubrían una protesta de manifestantes en las cercanías del Congreso.
En los videos que fueron captados por personas que se encontraban en el lugar se puede ver cómo los efectivos empujaron, agredieron y tiraron al piso de forma violenta a un hombre que llevaba una cámara colgada en el hombro con la que transmitía a un canal de televisión. Para este momento, los que se encontraban a su alrededor trataron de defenderlo y también fueron interceptados por las fuerzas.
Según pudo saber LA NACION por personas presentes en el lugar, el camarógrafo afectado fue Facundo Tedeschini, de la señal A24. Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmaron que el hombre, de 50 años, presentaba lesiones leves y efectos por exposición a gases lacrimógenos, por lo que fue trasladado al Hospital Ramos Mejía.
“El camarógrafo quedó en medio de la situación, lo empujaron y se cayó. No está detenido, solo fue trasladado a un sector para que lo atiendan los médicos del SAME. Por otra parte, ya se inició un sumario administrativo para evaluar si la reacción del oficial de la Policía Federal fue correcta o no”, indicaron fuentes oficiales a LA NACION.
También resultó afectada la cronista Agustina Binotti, del mismo canal, quien recibió gas pimienta en los ojos. En tanto, el jefe de móvil del canal Crónica, Roberto Chiappalone, y su cronista, Facundo Muñoz, denunciaron empujones y agresiones con spray lacrimógeno.
La arremetida contra el grupo de periodistas se dio en la antesala de la sesión en el Senado, en donde se debatirá la propuesta de reforma a la ley de glaciares. La medida busca modificar el alcance de las áreas protegidas y habilitar mayores actividades productivas. En este marco, un grupo de activistas de la organización ambientalista Greenpeace saltó una de las rejas perimetrales del edificio y, cuando los cronistas se disponían a cubrir el incidente, fueron agredidos.
La exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, habló sobre lo sucedido y detalló que el camarógrafo “intentó entrar en donde estaban los detenidos”. “Quiso tomar fotografías de las personas. El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal; hubo una actitud inmediata por parte del jefe de la policía”, consideró y marcó: “Acá hay una acción determinada y eso implica analizar si este policía actuó desmedidamente”.
Cambios en la ley de glaciares
El oficialismo cuenta con los avales justos para avanzar con la reforma: suma 37 senadores solo si referentes del peronismo cordillerano acompañan la iniciativa. Las modificaciones apuntan a redefinir el alcance de las zonas protegidas. El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedaría bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.
La ley vigente protege tanto los glaciares visibles como cuerpos menores cubiertos o mezclados con roca que integran el ambiente periglaciar, y prohíbe allí actividades industriales. La reforma reduciría ese alcance, limitando la protección a las geoformas consideradas relevantes. El punto genera fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y de parte de la comunidad científica.
Otro eje en discusión es quién tendrá la última palabra cuando existan diferencias entre las provincias y el organismo técnico encargado del Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla). Una de las alternativas que analiza el oficialismo es que la Secretaría de Energía —como autoridad de aplicación— defina esos conflictos, una precisión que, según fuentes oficiales, busca evitar planteos de inconstitucionalidad.
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