El problema de los fondos: la inversión para el combate del fuego de las provincias más afectadas por los incendios
Además de las partidas nacionales, las gobernaciones destinan presupuesto a equipamiento, aeronaves y capacitación
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CÓRDOBA.- En la última década la Argentina registra cifras importantes de superficie quemada por incendios forestales y rurales, con años críticos como 2020 y 2022 con alrededor de 1.150.000 y 739.000 hectáreas afectadas, respectivamente, según datos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Las regiones más afectadas suelen ser el Delta del Paraná, Córdoba y la Patagonia. Pese a la magnitud del problema, en el país hay discusiones e improvisaciones cíclicas por los esfuerzos y recursos destinados a la prevención y el combate del fuego.
Hace unos días, el gobierno nacional declaró por decreto la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida llegó después de la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad que establece varias medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país, entre ellas la transferencia de $100.000 millones para dividir entre 1062 entidades de todo el país.
Desde el Ejecutivo indicaron que esos recursos son parte de “un amplio despliegue de recursos operativos” que la Nación viene desarrollando en el territorio, que incluye más de 400 brigadistas, medios aéreos, vehículos logísticos, fuerzas federales, asistencia sanitaria y ayuda social. Además del envío de $4000 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Chubut.
Cuando se discutió y aprobó el presupuesto en el Congreso varias entidades ambientalistas advirtieron que las partidas del SNMF de 2025 se subejecutaron. Para este año, los $20.131 millones implican una caída real del 68,9% respecto de 2023 y del 53,6% en comparación con 2025, según cálculos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. El año pasado el Ejecutivo disolvió el fondo fiduciario específico, por lo que ahora depende enteramente de las partidas presupuestarias.
En marzo pasado, el Gobierno creó la Agencia Federal de Emergencias, a la que en el marco de la emergencia ígnea se le encomendaron no solo tareas relacionadas con el combate de los incendios, sino de asistencia a los afectados. Además, cada provincia tiene su propio presupuesto para manejo del fuego y cuenta con sistema de brigadistas, bomberos y defensas civiles.
Ante la consulta de LA NACION a las provincias patagónicas por los recursos que asignan, desde Neuquén indicaron que este año alquilaron tres aeronaves destinadas al combate de incendios forestales para el período 20 de diciembre/31 de marzo por $4.110.700 millones y el de un helicóptero por 158 horas de vuelo (entre el 13 de enero y el 31 de marzo) por US$1.611.600. Además, compraron equipos de lucha contra incendios por $198 millones.
La provincia registró entre el 30 de enero y el 23 de abril del año pasado el mayor incendio de su historia, el de Valle Magdalena, hubo 24.100 hectáreas afectadas. Trabajaron unos 1500 brigadistas, bomberos, personal operativo y técnico y personas de la comunidad desplegados, 17 medios aéreos en operación simultánea y seis vehículos aéreos no tripulados para tareas de observación, mapeo y relevamiento para optimizar la estrategia de combate.
Desde Chubut, apuntaron que “solamente para combustible de aviones hidrantes” en el actual incendio ya se pusieron $7000 millones. “A lo que hay que sumarle los salarios de los brigadistas provinciales, ayudas para bomberos voluntarios, combustible para movilidad terrestre y comidas –describió la fuente–. En total, en estos días, unos $10.000 millones”.

En esa jurisdicción el fuego ya destruyó unas 50.000 hectáreas, con lo que el plan de remediación también requerirá de esfuerzos importantes. En la zona están trabajando brigadistas de todo el país, además de recibir colaboración de equipamiento de otras provincias.
En Río Negro, el presupuesto provincial destina al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) un total de $23.062 millones, considerando el conjunto de sus fuentes de financiamiento: partidas de Rentas Generales y recursos específicos del propio organismo, incluyendo remanentes. Contempla el funcionamiento integral del sistema: personal, logística, equipamiento, infraestructura, prevención, monitoreo y capacidad operativa. Desde la Provincia, plantearon –para tener una referencia comparativa– que la asignación está “entre las más altas, muy por encima de las partidas ordinarias que el organismo recibía en años anteriores”.
El año pasado Río Negro registró una inversión “extraordinaria” a través de financiamiento internacional (Fonplata) para incorporación de equipamiento y tecnología por $12.733 millones.
Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilnek (Río Negro), además, firmaron un convenio para la “articulación interjurisdiccional para la prevención y supresión de incendios forestales” en las tres jurisdicciones.
En el caso de Córdoba, otra provincia con temporadas de incendios muy complejas, entre 2025 y este año la Provincia aportó $45.000 millones.
Alrededor de $16.000 millones fueron para la compra de dos helicópteros y un avión hidrante, además de equipamiento, cursos de capacitación de pilotos y una turbina para recuperar un helicóptero.
Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo, que depende del Ministerio de Seguridad, $29.000 millones fueron para los 194 cuarteles de bomberos en concepto de “Aporte Provincial Fondo de Funcionamiento Operativo”; becas, aporte a cuarteles de bomberos voluntarios, obra social y compra de herramientas.
Foco en la prevención
Un informe de la OECD advierte que, en general, los recursos para prevención son todavía considerablemente menores que los destinados al combate, lo que va en contramano a los planteos científicos y prácticos. Según datos estadísticos, en la Unión Europea, Rumania encabeza el gasto en términos relativos, dedica cerca del 1% de su presupuesto a la protección contra incendios forestales, seguida por Estonia y Grecia con alrededor del 0,7%.
España, que tiene temporadas de incendios importantes, en el 2025 presupuestó 115,8 millones de euros al Plan de actuaciones de prevención y lucha contra incendios forestales, 45% menos en la comparación interanual.
La Argentina, en comparación con otros países, tiene marcos legales similares con lo que la debilidad está en la baja ejecución presupuestaria (se dispara en las crisis) y en la discontinuidad de las inversiones en prevención.
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