Entramados: una política integral para fortalecer a las infancias y juventudes en situación de vulnerabilidad

Las políticas de seguridad representan uno de los desafíos más importantes para cualquier gestión pública, especialmente cuando involucran a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En los últimos tiempos, se ha observado un aumento en la participación de menores en hechos delictivos, así como una mayor gravedad en las conductas penales. Este fenómeno se da en un contexto de deterioro de los indicadores sociales, consecuencia directa del impacto sostenido de la recesión económica y de los recortes en las políticas públicas nacionales orientadas a esta población.

Ante esta situación, se vuelve imprescindible fortalecer la articulación entre las políticas provinciales y municipales para dar respuestas integrales y sostenidas en el tiempo.

En ese marco, nace Entramados, una iniciativa interministerial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires orientada a construir políticas públicas de seguridad con una mirada integral. Se trata de un programa multidisciplinario destinado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, cuyo objetivo central es prevenir el delito, promover derechos y generar oportunidades de inclusión para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

El programa busca romper con las trayectorias delictivas a partir de la reconstrucción de los lazos sociales, fundamentales para la erradicación de la violencia. También se propone recomponer vínculos familiares y comunitarios como parte de un proceso de fortalecimiento de las infancias y juventudes.

Entramados está dirigido a 5000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años en conflicto penal, y se implementa en 51 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Esta política pública combina el acompañamiento psicosocial con propuestas educativas, actividades comunitarias y estrategias de acceso a derechos, promoviendo el trabajo conjunto entre el Estado, las familias y las redes locales.

Entre sus antecedentes se destaca el programa Involucrados, desarrollado en el municipio de Almirante Brown, basado en experiencias de justicia restaurativa. Allí, se impulsaron oportunidades concretas para que jóvenes en conflicto penal pudieran terminar sus estudios o acceder a empleos, alejándose del delito y desarrollando nuevos proyectos de vida.

Evidencia y contexto: el debate sobre la edad de imputabilidad

En paralelo a la implementación de este tipo de programas, sigue vigente el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Sin embargo, los datos disponibles no respaldan esa iniciativa.

Las estadísticas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires indican que, en los últimos 14 años, disminuyó el total de causas en las que se investigan delitos cometidos por personas menores de 18 años. En línea con esto, el informe de posicionamiento de UNICEF sobre Justicia Penal Juvenil en Argentina sostiene que la proporción de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es muy baja en comparación con la población adulta.

Por ejemplo, durante el año 2023, sólo el 2% del total de investigaciones penales iniciadas en la provincia correspondió a adolescentes acusados de haber cometido alguna infracción.

Asimismo, no existe evidencia que demuestre que la reducción de la edad de imputabilidad tenga un efecto positivo sobre la seguridad pública. La Organización Mundial de la Salud advierte que la detención y la institucionalización temprana exponen a niñas, niños y adolescentes a condiciones de vida inadecuadas, negligencia, violencia física, emocional y sexual, además de dificultar su desarrollo integral.

Un estudio de la Universidad de Harvard, realizado en más de 30 estados de Estados Unidos, reveló que entre el 70% y el 80% de los jóvenes privados de libertad reinciden en el delito dentro de los siguientes dos o tres años, lo que demuestra que el encarcelamiento a edades tempranas aumenta la posibilidad de reiterancia penal.

Frente a este panorama, la Provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con políticas públicas que apunten a la prevención, contención y restitución de derechos, entendiendo que sólo a través de una intervención integral se puede transformar de forma estructural el presente y el futuro de las juventudes en situación de vulnerabilidad.

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