Más de 550 desalojos en la ciudad: qué cambia en los barrios tras los operativos
La recuperación de inmuebles avanza en distintos puntos porteños; edificios cerrados, carteles de venta y rutinas que continúan alrededor de los predios intervenidos
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Manuela Rovere
En agosto de 2025, a pocas cuadras de la estación Villa del Parque, el predio ferroviario conocido como La Lechería fue desalojado. Durante años había funcionado como base de una cooperativa de cartoneros que utilizaba el espacio para acopiar materiales y guardar carros. El gobierno de la ciudad sostuvo que la habilitación estaba vencida y que el lugar se había convertido en un foco de conflictos e inseguridad.
Cinco meses después, una recorrida por el barrio permite observar que en su lugar funciona una empresa contratista que realiza obras para el Estado, denominada Ilubaires.
Héctor Ramón, un ciudadano chileno de 74 años, vive a pocos metros del predio. “Ni perjuicio ni beneficio. Todo funciona igual. Un poco más limpio, eso sí, pero no hay cambios que se noten mucho”, expresa en diálogo con LA NACION.
Según su relato, la dinámica social no desapareció, sino que se desplazó: “La gente que desalojaron se instaló acá atrás, en La Carbonilla”, un asentamiento junto al ferrocarril San Martín.
Víctor, otro residente que alquila en la zona desde 2019, dice que la inseguridad ya existía antes y aún existe ahora: “A mí no me robaron nunca. Yo no noté un cambio, sigue siendo la misma vida. En el predio desalojado hay una empresa constructora, pusieron luces, sí… Pero lo demás sigue igual”, dice Víctor.
Otro vecino, que pidió no ser identificado, afirma que el malestar continúa, en realidad, asociado al circuito cartonero que todavía pasa por la zona: “Se meten, sacan todo y dejan todo desparramado”.
El caso de La Lechería se inscribe en una política más amplia de recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente. La Ciudad informa haber recuperado más de 550 propiedades, a un ritmo cercano a dos desalojos por día, desde la asunción de Jorge Macri. Según el gobierno porteño, después de los desalojos “se registra una baja casi automática del delito y una mejor convivencia en la zona”, y los vecinos se sienten “más seguros y aliviados”.
Una vez ejecutado el operativo, sostienen las fuentes oficiales, se implementan medidas para evitar nuevas ocupaciones, como vallados, tapiados y consignas policiales.
Alivio, contraste y conflicto
A fines de 2025, dos desalojos ocurrieron sobre la calle Chile al 1200, en el barrio de Monserrat. Ambos edificios hoy se encuentran completamente tapiados. Las puertas y ventanas fueron cubiertas con placas por el gobierno porteño.
Fuentes de la Ciudad señalaron que, en ambos casos, se trataba de inmuebles con denuncias por conflictos y uso irregular, y que una vez desalojados fueron devueltos a sus propietarios para su recuperación y puesta en valor.
Noemí, vecina de 86 años, dice sentir “alivio” tras el desalojo, aunque aclara que “si no se da respuesta a las personas que desalojan, es una injusticia”. Recuerda conflictos previos en la zona, pero advierte que “no sabe si pueden vincularse directamente” con la usurpación del edificio.
Miriam y Carlos, un matrimonio que vive en el barrio desde hace seis décadas y dueños de un corralón de la cuadra, califican el operativo como positivo. “Estamos mucho más tranquilos”, dice ella. Carlos recuerda ambos desalojos de la cuadra: “Fue impactante”. La pareja coincide en que el operativo fue pacífico y no interrumpió su trabajo. Sobre la relocalización, Miriam es tajante: “Yo no tengo que pagarle a alguien para que se vaya de una casa que no es suya”.
En la misma cuadra, el contraste es evidente: a pocos pasos de los inmuebles desalojados, una casona sigue ocupada. Desde allí, una empleada de un lavadero automático –que pidió no dar su nombre por temor a represalias– observa el movimiento todos los días: “Desde las 7 hasta la noche están en la calle”, cuenta. “Hay menores, gente que entra y sale. Además, alquilan; cobran por algo que no es suyo”. También afirma: “A los de al lado ya les robaron dos veces, entraron desde el techo tomado”.
Alexis Montenegro, vecino del barrio desde hace cinco años, responde: “No veo que el barrio esté más limpio, pero si más tranquilo. Antes te cruzabas a gente borracha a las 7, que vivían en las casas ocupadas”.
“Un punto de inflexión”
En el barrio de La Boca, algunos desalojos ejecutados en los últimos años son leídos por vecinos y comerciantes como un punto de inflexión.
Gustavo Romero, camarero de El Gran Paraíso, un restaurante histórico de La Boca que funciona en un antiguo conventillo recuperado tras un proceso de desocupación, sostiene que los desalojos tuvieron un impacto visible en el barrio. “Ya son varios los conventillos donde se vieron desalojos. Fue injusto para algunos, pero si es de forma pacífica está bien. Acá pudieron hacer algo bueno. Es para mejor”.
Norberto –“Guare”, como lo conocen en el barrio– tiene 68 años y es propietario de una casa que permaneció tomada durante años. “No pagaban, rompían. Yo vivía acá mismo, convivía con la gente que me ocupaba”, recuerda. El desalojo llegó tras una orden judicial. “No fue pacífico, no se querían ir. Por suerte, pudieron sacarlos”, apunta.
Sobre la política de desalojos en general, aclara que no es nueva, pero sí más frecuente: “Siempre se desaloja, en todos lados. Pero ahora se nota más”. Según su mirada, el impacto es concreto: “Si te rompen la casa y no la arreglan, más vale que haya desalojo”.
Además, agrega que algunas casas recuperadas se mantienen bajo custodia para evitar nuevas tomas: “Meten gente para que no las vuelven a ocupar”.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires explica que la recuperación de inmuebles usurpados forma parte de una política sostenida de orden del espacio urbano. Al asumir la actual gestión, señalan, se realizó un relevamiento comuna por comuna para detectar ocupaciones irregulares que no habían sido abordadas. Ese mapeo –coordinado por la Jefatura de Gabinete junto con los ministerios de Seguridad, Espacio Público e Higiene Urbana, y Desarrollo Humano y Hábitat– permitió identificar puntos críticos y construir un registro dinámico de casos.
Expresan que ese registro se alimenta de distintos canales: reportes del personal desplegado en la calle, denuncias y reclamos vecinales, recorridas territoriales de funcionarios y causas judiciales o decretos administrativos en los casos que requieren intervención urgente. Cada situación, ahondan, se evalúa de manera particular, pero bajo una misma premisa: el respeto a la legalidad.
“Cuando llegamos al gobierno, sabíamos que no iba a ser fácil. Durante años, eligieron mirar para otro lado, convivir con la ilegalidad y justificar la inacción. Nosotros tomamos una decisión política clara: hacer cumplir la ley y devolverle a cada porteño lo que es suyo. Porque cuando el Estado actúa, vuelve la tranquilidad, vuelve el respeto y vuelve la libertad. Esa época de mirar para otro lado se terminó. En la Ciudad, la propiedad privada se respeta”, escribió el jefe de gobierno en X tras el desalojo número 500.
Escenas del día después
Algo de esto se constata en el caso del antiguo Hotel Sol y Luna, ubicado en el barrio de Constitución, que fue desalojado mediante un operativo policial el 15 de septiembre de 2025. Según vecinos de la zona, la propiedad estaba vinculada al narcomenudeo y a actividades clandestinas.
Allí, la cuadra mantiene un movimiento constante: personas sentadas en sillas sobre la vereda, grupos que revisan bolsas de basura y un tránsito peatonal irregular. No hay elementos que permitan afirmar que esas escenas sean consecuencia directa del desalojo, aunque conforman el paisaje cotidiano que rodea hoy al edificio recuperado.
El edificio, hoy vacío, se impone como una estructura cerrada en medio de esa dinámica. Las persianas bajas y las aberturas tapiadas contrastan con la actividad de la calle.
Sander Alexander, empleado de un comercio ubicado a pocos metros, resume su percepción del lugar antes del operativo: “Había droga. Estaba usurpado por malvivientes. Ahora estamos más seguros”.
En el mismo barrio, el ex Hotel Rutis comenzó a las 8 del 15 de enero y se extendió durante toda la jornada. Pasadas las 17.30, el Pasaje Ciudadela –entre Santiago del Estero y Salta– seguía cortado al tránsito. Camiones y grúas del gobierno de la ciudad entraban y salían del perímetro vallado.
Desde los pisos superiores bajaban muebles, colchones y bolsas con pertenencias. Los objetos eran retirados de manera cuidadosa y cargados en los vehículos. En la vereda, policías y agentes de tránsito custodiaban la cuadra e impedían el ingreso, salvo a vecinos autorizados.
Frente al edificio, varias familias aguardaban mientras personal de la Red de Atención del gobierno porteño tomaba sus datos con el objetivo de evaluar alternativas de relocalización. Las pertenencias, indicaron voceros de la Ciudad, eran trasladadas a depósitos para su posterior retiro.
El inmueble, a dos cuadras de la estación Plaza Constitución, funcionó durante décadas como hotel y contaba con 48 habitaciones. Según informaron fuentes oficiales, estaba ocupado desde la pandemia y fue clausurado tras el operativo para ser devuelto a su propietario.
Los operativos policiales dejan los edificios desalojados y cerrados, así como las calles despejadas. Las fachadas tapiadas conviven con el movimiento habitual del barrio: colectivos que pasan, comercios abiertos, peatones que cruzan sin detenerse.
En el caso del ex Hotel Rutis, tras la finalización del desalojo, el inmueble quedó clausurado y sin actividad visible. Las personas que vivieron allí durante años se retiraron junto con sus familias y pertenencias. No hay carteles ni anuncios sobre su destino inmediato. En la cuadra, la circulación volvió a la normalidad y el despliegue oficial se retiró al finalizar el día.
A diferencia de otros barrios donde los vecinos describen cambios que se sostuvieron en el tiempo, aquí el proceso recién comienza.
Por Manuela Rovere
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