Reabren la investigación: el enigmático caso de los 300 barriles oxidados con petróleo enterrados en una playa bonaerense
Los descubrió una ingeniera ambiental en Coronel Rosales; según estudios oficiales no hay riesgo, pero la denunciante sostiene que persiste la contaminación en una zona clave para la biodiversidad
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Por décadas parecieron grandes dunas de arena, pero nunca lo fueron. Muchos visitantes y hasta los mismos vecinos de Arroyo Parejas, en el municipio bonaerense de Coronel Rosales, las rodeaban sin percatarse de que, bajo aquellos montículos repartidos en esta zona situada 40 minutos al sur de Bahía Blanca, se escondían más de 300 barriles de petróleo avejentados, varios de ellos rotos.
Guadalupe Álvarez fue una de las primeras en verlos en 2022 y la única que denunció ante las autoridades la presencia de “más de 70 tambores” corroídos por décadas de contacto con la humedad marina. Ella vive en Coronel Rosales, el pueblo vecino; es ingeniera ambiental y directora de una organización ambientalista llamada Humedal Arroyo Pareja-Isla Cantarelli (Hapic). Cuando los encontró, estaba haciendo un monitoreo de aves después de una fuerte sudestada que golpeó la costa bahiense en marzo de ese año.
En 2023, unos meses después del hallazgo, la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Bahía Blanca, conocida como “policía ecológica”, identificó alrededor de 300 tambores oxidados, con capacidad para almacenar 200 litros de petróleo cada uno, abultados y soterrados cerca de la costa. Varios de ellos tenían una inscripción en relieve que decía en mayúsculas YPF.
“Evidentemente, alguien los había tapado con tierra y después de la tormenta se empezaron a ver. Yo no tenía idea ni de que YPF había estado acá”, reconoció Álvarez en diálogo con LA NACIÓN. Por iniciativa propia, empezó una investigación que después se convertiría en denuncia penal. Además de ser activista e ingeniera, Álvarez es perito ambiental para la gobernación provincial. Hace averiguaciones como esta en su día a día.
Así pudo saber que la empresa estatal petrolera había operado en una zona franca costera entre Coronel Rosales y Bahía Blanca hasta 1994. Se enteró también que, dos años antes de que se fuera de aquel puerto, hubo un derrame de alrededor de 700 m³ de petróleo –alrededor de 3500 tambores– a pocos kilómetros de la zona; al menos eso fue lo que la prensa en aquellos años reprodujo. En 1996 aquel sitio pasó a manos de Otamerica, antes Oil Tanking Ebytem SA, la filial nacional de una empresa de almacenamiento de crudo de origen holandés.
El derrame ocurrió frente a la base naval Puerto Belgrano y se extendió sobre las rías bahienses hasta llegar a Monte Hermoso, a 100 kilómetros del epicentro. En la zona, el incidente se convirtió en un escándalo mediático que acumuló denuncias municipales, una investigación de la Prefectura Naval y la preocupación por los daños que generaría en el ambiente. La empresa estatal tomó medidas de remediación y recolectó los remanentes de petróleo que pudo. No está claro a dónde fueron aquellos tambores.
Cuando Álvarez descubrió esto, le pareció que los barriles que había encontrado y el derrame de 1992 tenían un punto de conexión. Decidió entonces tomar medidas legales. En la demanda que presentó, testificaría ante la policía ecológica que dos trabajadores de YPF de aquella época le confirmaron que habían llevado los tambores con el petróleo de aquel derrame a dos locaciones: una dentro de la planta en la que hoy trabaja Otamerica y otra en donde, en marzo de 2022, una sudestada dejaría al descubierto los barriles que ella encontró.
LA NACION se comunicó con YPF y explicaron que aquel derrame terminó en una acción de remediación. Aunque no pudieron dar certeza de qué pasó después con los hidrocarburos recuperados, pusieron en duda el vínculo entre los 300 barriles y la petrolera estatal, pues “en aquella época todas las empresas usaban los barriles de YPF”, afirmaron. “Podría haber sido cualquiera y en distintos momentos. Tampoco hay una orden judicial para investigarlo”, aclararon.
A principios de 2023, Álvarez radicó una denuncia penal y se abrió un expediente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Leila Scavarda. Esa investigación condensó una serie de evidencias fotográficas actuales y archivo hemerográfico. Las imágenes mostraban los tambores de petróleo soterrados en aquella zona cercana a Coronel Rosales. Según la ingeniera, el principal acusado sería YPF, aunque según se expone en la causa la relación entre la empresa y los tambores no fue comprobada. No obstante, hay un responsable de resarcir los daños.
La ley de pasivos ambientales (14.343) establece en su artículo 5 que “están obligados a recomponer los pasivos ambientales y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad”. Según Álvarez, la Provincia es la propietaria de esa zona y el responsable sería el consorcio del Puerto Coronel Rosales, cuyo presidente en aquella época era Rodrigo Aristimuño (PJ), hoy director del puerto e intendente de Coronel Rosales. En diálogo con LA NACION, Aristimuño negó ser responsable de aquel pasivo ambiental y también dijo que ese sitio no es administrado por el consorcio. A pesar de ello, sostuvo que después de la denuncia fueron ellos los que se encargaron de pagar para que se tomaran las medidas de remediación correspondientes.
En julio de 2023 contrataron a la empresa especializada en saneamiento ambiental DSL SA para que se encargara de aquella zona contaminada. También recibieron asesoría técnica y préstamo de herramientas de parte de Otamerica. Según los reportes y análisis de suelo a los que este medio tuvo acceso, correspondientes a esa fecha, los valores parecen óptimos.
Joaquín Maltas, especialista en recuperación de suelos contaminados y presidente de la empresa DSL SA, descartó la versión de Álvarez. Piensa que, más que barriles de un derrame, aquel sitio fue solamente un depósito de chatarra de todas las compañías que trabajaron en el puerto. Confirmó que su empresa fue la encargada de hacer los estudios y la remediación, aunque hasta el momento –y a pesar de existir una causa abierta– Álvarez no supo que habían ejecutado esa remediación. Ella asegura que sigue habiendo contaminación por petróleo en aquella playa y que existen irregularidades en esos estudios, como la falta de un análisis de contaminación en agua.
“Lo que me importa es que se invierta en remediar los daños, porque no solo fue el derrame sino que probablemente barriles de petróleo recuperado podrían seguir enterrados en Arroyo Parejas”, planteó la perito.
La zona donde se encontraron los barriles está justo al lado de la Reserva Natural Bahía Blanca, que es también parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN por sus siglas en inglés). En la costa argentina, casi un 40% de las aves son consideradas vulnerables, están amenazadas, en peligro o en peligro crítico de extinción. Estas, en general, se alimentan de peces, cangrejos o algún sedimento orgánico que se entremezcla con la arena. Para Álvarez, el petróleo de estos barriles contaminó por décadas el sitio y podría seguir haciéndolo.
Versiones encontradas
La idea de un derrame conduce a imágenes de animales recubiertos de un betún negro y brillante, pero el caso de Arroyo Parejas es distinto. La teoría de Álvarez es que, con el tiempo, el petróleo que había dentro de aquellos tambores se fue haciendo cada vez más viscoso. Prueba de ello serían los terrones de arena que había en la superficie del suelo en aquel sitio en 2022 y que perduran hasta la actualidad.
La consistencia del petróleo avejentado se acerca más a la de brea, que, según Álvarez, con el calor se fluidifica y se esparce. Para ella, además, existe una gran posibilidad de que una parte de esos 300 tambores se hayan roto y el líquido en su interior se haya escurrido.
“El problema es lo que no vemos, lo que está abajo, porque todos los derrames de este tipo lo que hacen es generar una pluma subterránea de derrame”, advirtió Álvarez. Ella teme que exista petróleo algunos metros debajo de la superficie que siga contaminando el agua y el suelo.
Maltas aseguró que debajo de los barriles no había ninguna señal de plumas hidrocarburíferas profundas. O sea que no había manchones que, al escarbar, revelaran que había más petróleo. “Se hicieron vuelos con drones a muy baja altura, barridos con drones, y después se hicieron recorridos a pie. Para mí era chatarra de tambores vacíos o semivacíos”, ponderó el experto. Con esto, el presidente de DSL SA se refiere a que había solo remanentes petroleros en los tambores.
En general, los estudios de suelo muestran valores óptimos y, según Maltas, análisis de agua no fueron necesarios por la superficialidad de la contaminación, a pesar de que en un primer momento fueron solicitados de forma expresa por el gobierno provincial. “Por como estaba el suelo, se decidió no tomar muestreos del agua superficial para el informe, aunque internamente los hicimos y nos dieron valores normales”, explicó a LA NACION. Además de los estudios técnicos, DSL SA se encargó de retirar los tambores y afirmaron que probablemente se llevaron más de 300.
El proceso duró alrededor de seis meses y los estudios fueron aprobados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el entonces presidente de Puerto Coronel Rosales, Aristimuño, que desde diciembre de 2023 es intendente del municipio. Este medio se comunicó con estos actores, quienes afirmaron que todos los protocolos se ejecutaron de manera correcta.
En la fiscalía, la causa fue archivada en octubre del año pasado, aunque se desarchivó poco después de las consultas de LA NACION sobre el caso. En primera instancia, habían dicho que no existían “elementos de prueba que permitan acreditar con el grado de certeza requerido”; se aclaró que la resolución de archivo no era una sentencia definitiva y que no extinguía la acción penal. Según el propio Código Procesal Penal, “nuevas circunstancias pueden fundar la persecución penal en el futuro”. En diciembre del año pasado, Álvarez había apelado la decisión de archivar el expediente y fue unas semanas atrás que la fiscalía retomó la investigación.
En enero pasado, Álvarez había regresado a la zona afectada para inspeccionarla. Tomó registros fotográficos y de video en los que muestra todavía fragmentos de tambores soterrados y terrones de presunto petróleo recubierto de arena. En diálogo con este medio, consideró que la remediación fue un engaño y que los estudios tuvieron un proceso irregular.
A pesar de ello, tanto el presidente de DSL SA como el Ministerio de Ambiente bonaerense, Aristimuño y representantes de Otamerica dicen haber realizado y aprobado la remediación, respectivamente, hace tiempo. Todos mostraron su sorpresa ante la reactivación del caso después de la sudestada, con una causa archivada y ahora reabierta.
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