Una provincia en vilo: más de 230 episodios de violencia escolar y una madre imputada por intimidación pública
En el 30% de los establecimientos secundarios de todo el distrito debieron activarse protocolos de seguridad; los estudiantes no pueden llevar mochilas
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PARA LA NACIONPablo Mannino
MENDOZA.- Como un espiral sin control o efecto contagio cada vez más escuelas de esta provincia reportan casos de amenazas de tiroteos, en medio del caos que se vive en colegios de todo el país. Sin dudas,hoy, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con más denuncias registradas. Y no se descarta que aparezcan nuevos casos o, como ya está ocurriendo, que no se dé aviso a las autoridades del gobierno escolar.
De acuerdo con datos del Ministerio de Educación local, la tierra “del sol y del buen vino” ya tuvo más de 230 episodios registrados oficialmente, en su gran mayoría escuelas secundarias, donde se activaron los protocolos, lo que representa el 30% de los establecimientos secundarios de toda la provincia. Asimismo, ya son 25 los menores con causas y un estudiante expulsado del colegio, además de una madre imputada, ya que permitió a su hijo llevar un arma de juguete a la escuela. Por su parte, la red social TikTok dijo que daba de baja 1.200 videos en cuentas de adolescentes mendocinos que replicaban las amenazas, haciéndose eco de retos virales, aunque no se descarta que en algún caso puntual se haya pretendido concretar la advertencia.
Con este escenario, desde el Poder Ejecutivo local mostraron preocupación por lo que está ocurriendo, pero también endurecieron las medidas que se están aplicando contra quienes incumplen las normativas vigentes. Por su parte, en cada institución, son los directivos quienes deciden la continuidad del protocolo, que consiste, en primer lugar, en la prohibición de asistir con mochilas o bolsos a clases, por al menos 5 días, además de haber contado hasta hoy con presencia policial en la puerta de los edificios escolares.
Entre los 25 chicos que ya tienen un expediente abierto, seis fueron imputados por la justicia provincial, al ser mayores de 16 años, mientras que otros 19 menores han sido sancionados y sus padres deberán responder ante la justicia contravencional. Los primeros recibieron la calificación del delito de intimidación pública en calidad de autor; en tanto, los segundos, sus padres deberán atenerse a lo que estipule el juez de faltas, quien analizará cada uno de los episodios, por lo que pueden recibir multas económicas, tareas comunitarias y hasta días de arresto. Lo que queda claro es que cada escuela tomará la decisión de avanzar con la quita de puntos a sus estudiantes, lo que podría derivar en que queden en condición de “alumno libre”.
Denuncia penal
En lo referido al estudiante que fue echado de la escuela, ubicada en Luján de Cuyo, se trata de un adolescente que realizó de manera reiterada las amenazas, a pesar de haber sido advertido de que sería sancionado de manera severa. En cuanto a la mujer que fue imputada y luego detenida, bajo el delito de intimidación pública, por permitirle a su hijo llevar un arma ficticia, finalmente fue liberada tras el cambio de calificación a “intimidación pública, agravado por la participación de un menor”, aunque el proceso judicial sigue su curso, y arriesga entre 3 y 8 años de prisión.
El complejo y preocupante escenario fue puesto sobre la mesa hoy por los ministros de Educación, Infancias, Cultura y Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar, y de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quienes anunciaron que habrá jornadas de reflexión obligatoria durante los próximos días en las escuelas, con una duración de dos horas, al tiempo que hicieron un nuevo llamado a las familias para tomar acciones en casa.
“En el caso de la madre imputada, si bien era un arma de juguete, instó a su hijo a ir con un arma a clases y quiso demostrar lo vulnerable del sistema y está expuesta a una condena. El mensaje de los padres a sus hijos deber ser todo lo contrario a lo que ha hecho esta mujer”, señaló Zalazar, aunque buscó calmar las aguas al asegurar que se trata un fenómeno que se está dando en todo el país y en el resto del mundo.
Sin embargo, se mostró sorprendido por la cantidad de episodios registrados en la provincia, al reconocer que el 30% de los edificios escolares tuvieron algún tipo de amenaza de tiroteo, con carteles pegados o pintados en algún sector. “Tienen que entender que amenazar de muerte en una escuela es un delito”, insistió el funcionario.
A su turno, la ministra de Seguridad expuso su visión. “Van a tener una consecuencia penal. Hay seis jóvenes que tienen edad para recibir una imputación. Esto sirve para que magnifiquen que no se trata de una broma”, indicó Rus, y agregó: “Ningún joven tendría que sentir la liviandad de escribir estas amenazas”. En cuanto al apoyo de las fuerzas de seguridad, la titular de la cartera explicó que se sacaron las consignas policiales en los establecimiento para pasar a “un patrullaje activo con objetivo concreto”. Asimismo, la funcionaria contó que el Ministerio de Seguridad en la última semana recibió más de 400 llamadas al 911, poniendo sobre la mesa los recursos públicos que se utilizan en cada operativo.
Redes sociales
También Zalazar se refirió al movimiento de los chicos en las redes sociales y a la necesidad de que los padres tengan mayor supervisión de lo que hacen sus hijos. “Que haya 1.200 publicaciones bajadas de Tik Tok, habla un montón de la formación en casa. Porque eso no se incita en la escuela”, completó el ministro de Educación provincial.
LA NACION pudo constatar que en al menos dos escuelas de renombre en esta provincia tuvieron episodios preocupantes de amenazas en las últimas jornadas y los directivos no activaron los protocolos correspondientes. Se desconoce si concretó el reporte a las autoridades del gobierno escolar pero las familias no fueron avisadas de la situación y los chicos siguen asistiendo a los establecimientos como si nada hubiera ocurrido. “Jamás nos pidieron que vayamos sin mochila, y solo nos dijeron que tienen identificados a quienes hicieron las amenazas de tiroteo que aparecieron en el baño y que van a hablar con sus familias, y que la próxima vez se van a tomar medidas graves”, explicó a este diario un alumno de una de las escuelas, en compañía de su padre, quien se mostraba desconcertado por la inacción de la institución en al menos comunicar el dramático episodio.
“Muchos quieren taparlo o intentan no quedar expuestos, pero es algo que está atravesando a los chicos de las escuelas de toda la provincia. Se necesita poner un freno desde todos los sectores: el gobierno, las escuelas y, sin dudas, la familia. Es fundamental hablar con nuestros hijos de que ni en broma deben hacer eso. Eso sí, poco y nada se ha hecho desde el Estado para prevenir estas situaciones violentas, incluidos los episodios de bullying, que son una constante”, se lamentó el progenitor.
La semana pasada, cuando comenzaron a aparecer hechos de amenazas en escuelas de todo el país, en Mendoza se comunicaron 25 episodios. Con el correr de las horas, la cifra trepó a 70 casos, mientras que al inicio de esta semana, el número superaba las 100 denuncias. Finalmente, este miércoles se conoció que ya son más de 230 las amenazas en escuelas de toda la geografía provincial.
Los especialistas en Psicopedagogía consultados por este diario insisten en la necesidad de que las escuelas se abran al diálogo permanente sobre este tipo de problemáticas, con acciones preventivas, se profundicen las sanciones ejemplificadoras desde el Gobierno y la Justicia, y se genere mayor compromiso de los padres en el control de lo que hacen sus hijos, quienes “deben entender que cada acto tiene una consecuencia”.
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