Con Maduro preso en EE.UU., el gobierno de Trump está dispuesto a trabajar con los chavistas si toman “las decisiones adecuadas”
Marco Rubio habló sobre la transición que prometió el presidente estadounidense tras la captura del ahora exmandatario venezolano, quien pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York
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LA NACION
NUEVA YORK.– El depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció este domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y afirmó haber tomado el control del rumbo político del país sudamericano. Mientras Washington habla de transición, el futuro inmediato de Venezuela permanece envuelto en una profunda incertidumbre institucional y geopolítica.
Luego de que Donald Trump asegurara el sábado que Estados Unidos conduciría a Venezuela hacia una “transición pacífica, adecuada y juiciosa” —sin ofrecer mayores precisiones—, este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, delineó con mayor claridad el enfoque de la Casa Blanca, aunque dejó abiertos múltiples interrogantes.
En una entrevista con CBS News, Rubio sostuvo que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con los actuales líderes del país —es decir, con el entorno que hasta ahora respondía a Maduro— siempre que “tomen las decisiones adecuadas”.
“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, afirmó. “Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión”, advirtió.
Consultado sobre un eventual calendario electoral, Rubio fue tajante. Dijo que es “prematuro” hablar de elecciones en Venezuela. “Queda mucho trabajo por delante”, señaló. Si bien subrayó que Washington valora la democracia y los procesos electorales, dejó en claro cuál es la prioridad inmediata de su gobierno: “Ante todo, nos importan la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos”.
En Caracas, mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia sentenció el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez “asuma” las funciones del “cargo de presidenta de la República”. El fallo descartó la figura de “falta absoluta” del mandatario, que habría obligado a convocar elecciones en un plazo de 30 días, y pareció contradecir los dichos de Trump, quien había señalado que Rodríguez —en contacto con Rubio— había manifestado su disposición a colaborar con el nuevo escenario.
En un combativo discurso, Rodríguez exigió la liberación inmediata de Maduro y reiteró que él era el líder legítimo del país. Sin ofrecer detalles concretos, Trump había indicado horas antes que el proceso de transición sería liderado por miembros de su gabinete “en colaboración” con la oposición venezolana, aunque también habló de una coordinación directa entre Rubio y la propia Rodríguez.
En ese contexto, el mandatario estadounidense pareció tomar distancia de la principal figura opositora, María Corina Machado, a quien calificó como poco viable para encabezar el país. “Le sería muy difícil estar al frente de Venezuela. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país”, sostuvo Trump, pese a que Machado le había dedicado su reciente Premio Nobel de la Paz.
Rubio intentó matizar esa postura. “María Corina Machado es fantástica y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento opositor”, dijo. Sin embargo, remarcó una realidad incómoda para Washington: “La gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos urgentes a corto plazo que deben abordarse de inmediato”.
Machado, por su parte, reiteró que Edmundo González Urrutia —quien denuncia que Maduro le robó la presidencia en las elecciones del 28 de julio de 2024 y presentó actas reconocidas por varios países y organismos internacionales— “debe asumir de inmediato” el poder.
En el plano militar, Rubio confirmó que Trump no quiere descartar públicamente ninguna opción, incluida una ocupación o el despliegue de tropas estadounidenses en territorio venezolano. “No cree que vaya a descartar opciones disponibles, aunque eso no es lo que se está viendo ahora mismo”, explicó. Según el secretario de Estado, la herramienta central hoy es una “cuarentena petrolera” destinada a ejercer una presión decisiva sobre el régimen.
Washington, añadió, continuará con los ataques a presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, y mantendrá el bloqueo a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. “Esperamos ver cambios no solo en la gestión de la industria petrolera para beneficio del pueblo, sino también avances concretos para frenar el narcotráfico y desarticular estas redes criminales”, afirmó.
Maduro preso
Maduro aterrizó el sábado por la noche en un pequeño aeropuerto de Nueva York, tras una operación ejecutada de madrugada en la que fuerzas estadounidenses lo extrajeron a él y a su esposa, Cilia Flores, de su residencia dentro de una base militar en Caracas. El gobierno venezolano calificó el operativo como un acto “imperialista”. Ambos enfrentan cargos en Estados Unidos por conspiración de narcoterrorismo.
Durante la operación, comandos militares detuvieron a la pareja mientras se producían bombardeos selectivos sobre objetivos en Caracas y sus alrededores. La intervención será debatida de urgencia este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU.
El mandatario fue sacado del país a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, trasladado luego en avión y finalmente llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde enfrentará cargos por narcotráfico y terrorismo vigentes desde 2020.
Imágenes difundidas por el gobierno estadounidense mostraron a Maduro esposado, vestido con ropa informal y sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la DEA. “Buenas noches, feliz año nuevo”, se lo escucha decir en inglés. En español, agregó: “Qué triste”.
Con esta operación, Washington dio por terminado el tercer mandato de Maduro (2025-2031), que habría elevado a 18 años su permanencia en el poder y que no era reconocido por numerosos países tras las cuestionadas elecciones de 2024.
La misión, denominada “Determinación absoluta”, culminó meses de planificación secreta y una intensa campaña de presión de la administración Trump, convirtiéndose en la acción estadounidense más contundente para forzar un cambio de régimen desde la invasión de Irak en 2003. Expertos legales plantearon serias dudas sobre su legalidad, ya que se llevó a cabo sin autorización del Congreso.
El costo humano de la operación sigue siendo motivo de versiones contrapuestas. Delcy Rodríguez afirmó que hubo civiles y militares venezolanos muertos, aunque no precisó cifras. Un funcionario del régimen dijo a The New York Times que al menos 40 personas murieron. Trump, en cambio, sostuvo que algunas fuerzas estadounidenses resultaron heridas, pero que no hubo bajas fatales entre sus tropas.
Este domingo, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, aseguró que gran parte del equipo de seguridad personal de Maduro murió durante la operación. En una declaración televisada, no brindó un número exacto de víctimas, pero respaldó a Rodríguez como presidenta interina y afirmó que las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en todo el país para “garantizar la soberanía”.
La mira en el petróleo
Trump también dejó en claro su interés estratégico en el sector energético venezolano. “Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura devastada y empiecen a generar dinero”, dijo el sábado.
Venezuela, bajo sanciones petroleras desde 2019, produce cerca de un millón de barriles diarios y vende la mayor parte en el mercado negro con fuertes descuentos. Según la Agencia Internacional de Energía, el país posee unas reservas estimadas en 303.000 millones de barriles, cerca del 17% del total mundial. Chevron ya opera en el país bajo una licencia especial.
Dudas sobre la legalidad
Maduro y otros altos funcionarios fueron acusados en 2020 de conspiración de narcoterrorismo. El Departamento de Justicia presentó el sábado una nueva acusación que describe a su administración como un “gobierno corrupto e ilegítimo” sostenido por el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
La administración Trump había acumulado fuerzas en la región y ejecutado ataques en el Caribe y el Pacífico oriental contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico. La semana pasada, la CIA llevó a cabo un ataque con drones sobre una zona portuaria venezolana, la primera operación directa conocida en suelo del país desde el inicio de la campaña en septiembre.
Si Estados Unidos violó leyes internacionales o internas sigue siendo una pregunta abierta. “Hay una serie de principios del derecho internacional que podrían haber sido vulnerados con la captura de Maduro”, señaló Ilan Katz, analista en la materia.
A pedido de Colombia, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una reunión de emergencia sobre la operación estadounidense. En Washington, legisladores de ambos partidos expresaron fuertes reparos. Jim Himes, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo no haber visto pruebas que justificaran el uso de la fuerza sin autorización del Congreso y exigió una sesión informativa inmediata para conocer el plan de la Casa Blanca y su sustento legal.
Agencias AFP, AP y Reuters
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