El conflicto con el movimiento indígena suma otro frente para Noboa, que vuelve a recurrir al estado de excepción
El presidente ecuatoriano decidió tratar el conflicto con los indígenas por el costo del combustible con las mismas herramientas con que enfrenta a los narcos
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LA NACIONRamiro Pellet Lastra
Seis meses después de la elección que lo ratificó en el cargo, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta una protesta del poderoso movimiento indígena, con ribetes de violencia por los dos lados en un enervante litigio que el mandatario decidió militarizar declarando el estado de excepción, su herramienta de seguridad número uno.
El conflicto, que desde su estallido el 22 de septiembre dejó un muerto y cientos de heridos y detenidos, se desató por una quita de subsidios al diésel dispuesta por Noboa y resistida por los indígenas. El fin de los subsidios disparó el precio de 1,80 a 2,80 dólares el galón, un aumento que según los manifestantes impactará en el costo de vida de sus comunidades por la dramática suba del transporte del agro.
La resistencia del movimiento indígena es cosa seria en Ecuador cuando ven amenazados sus medios de vida. Nucleados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), las últimas demostraciones de fuerza se dieron en 2019 y 2022, con dos levantamientos contra la suba de combustibles que incluyeron masivas marchas a la capital.
La protesta se desarrolla mayormente en seis de las 24 provincias del país, con movilizaciones, cortes de ruta y concentraciones. La más activa ha sido la provincia de Imbabura, 70 km al norte de Quito, centro de un conflicto que parece dar para largo sobre el cual Noboa no se plantea dialogar, dar marcha atrás ni ceder en nada.
“Cerrarse al diálogo con los sectores sociales, con las organizaciones indígenas, y establecer una lógica de enemigo con ellos, en el marco de una democracia, es bastante peligroso”, dijo la experta en seguridad Lorena Piedra a la cadena alemana DW. Piedra agregó que ese es el estilo de Noboa: tratar a quienes no siguen su línea como enemigos y priorizar lo que quiere tener como resultados sin que importen otras variables.
Noboa se ha permitido ser expeditivo en la toma de decisiones durante su gestión montado en una aprobación que en la actualidad ronda el 52%, según la consultora Cedatos. Pero la misma consultora señala que un 51% está en desacuerdo con el reajuste del diésel. Y un 27% mostró su apoyo a las manifestaciones, lo que “constituye una base social significativa de protesta, que podría convertirse en un factor de presión política y social”.
“Las protestas, los reclamos de algunos sectores indígenas, incluso de algunos sectores de clase media, van en la línea de lo que significa el fin del subsidio al diésel. Siempre que se ha tocado ha habido problemas, ha habido reacciones. Entonces, indiscutiblemente esta vez que el gobierno anunció de la noche a la mañana el tema sin espacios de diálogo, sin consulta, sin nada, era obvio que íbamos a tener una reacción como la que hemos tenido”, dijo a LA NACION el politólogo Mauricio Alarcón.
No se sabe cuánto durará el conflicto, aunque seguirá en ascenso porque los bandos echan diésel al fuego. Ya murió un manifestante por las fuerzas de seguridad, y el gobierno denunció un intento de asesinato a Noboa, cuando pobladores de la provincia del Cañar lanzaron piedras y palos a la caravana presidencial que atravesaba la zona. Según dijo la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, “hay signos de bala en el carro del presidente”, pero eso no se demostró. Al presidente “nada lo detiene, ni siquiera el riesgo de su propia vida”, dijo con satisfacción un funcionario de Noboa.
Los narcos de la costa
La manzana de la discordia del diésel en las regiones andinas y amazónicas cayó en medio de una compleja situación de seguridad en las provincias costeras de Ecuador, donde el avance de la violencia del narcotráfico disparó las cifras de muertes violentas y puso al país entre los más peligrosos de América Latina.
Noboa decidió aplicar la misma receta para las dos cosas, el crimen organizado y la movilización indígena, como si fueran situaciones equivalentes. Declaró el estado de excepción en las provincias de la revuelta indígena, y renovó el que regía en la costa por los narcos. En esa amalgama, Noboa llamó “terroristas” a los manifestantes, que rechazan la acusación y le dicen autoritario.
“No hay un solo momento desde el mandato de Noboa que inició en noviembre de 2023 que no hayamos estado en estado de excepción. Que si la guerra interna, que si la calamidad, que si la situación de emergencia, que si la situación de inseguridad, siempre hemos estado en estado de excepción como una justificación para movilizar a los militares a distintas provincias”, dijo Alarcón.
En el marco de esta seguridad recargada, Noboa dispuso el viernes la movilización de unos 5000 militares en Quito. La operación incluye el uso de 30 vehículos tácticos.
Es cierto que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Marlon Vargas, amenazó con una “toma de Quito”. Pero los estados de excepción que prioriza el presidente pueden fogonear el conflicto. Ni siquiera han contenido la violencia en la costa, donde las bandas del narcotráfico locales, unidas a cárteles extranjeros, mueven droga desde Colombia y la embarcan al extranjero.
La restricción de derechos y garantías tampoco ayuda con la protesta social, porque da vía libre a un accionar de policías y militares que lastima más que resuelve.
Amnistía Internacional expresó su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Ecuador, y lo incluyó en la lista de países de la región con un “auge de prácticas autoritarias”. Entre ellas cita el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, la apertura de procesos penales abusivos, y el congelamiento de cuentas bancarias de líderes sociales y manifestantes.
Por otro lado, según explicó a LA NACION el politólogo Simón Pachano, Noboa se complicó la vida cuando, solo días después de comenzadas las protestas, llamó a una consulta popular para el 16 de noviembre que avale la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El objetivo final es reformar una Constituciónque Noboa considera garantista con los malos e inservible para combatir el crimen.
El movimiento indígena, que a medida que pasaban los días fue incorporando reclamos sociales para sus postergadas comunidades, le añadió a la factura un llamado a votar en contra de la consulta. Según Pachano, si se sigue agravando, el conflicto puede arrastrar a un sector más amplio de la sociedad a negarle el gusto a Noboa, votando en contra del referéndum, en una derrota causada por el mal timing y la obstinación de salirse con la suya.
“Eso contaminó lo que hubiera podido ser una negociación de los combustibles y las medidas de compensación. Es un momento muy complejo, y espero que retire la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que diga que el país no está en condiciones y que va a esperar. Eso bajaría mucho el nivel del conflicto, las tensiones, en fin, incluso ayudaría a negociar mejor con la Conaie”, dijo Pachano.
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