El Papa promulga una nueva ley anticorrupción para directivos vaticanos
Es una nueva vuelta de tuerca para evitar escándalos financieros con la contratación de personajes turbios; la novedad: de ahora en más ningún empleado podrá recibir regalos de un valor superior a los 40 euros
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Corresponsal en ItaliaElisabetta Piqué
ROMA.- En una nueva vuelta de tuerca para avanzar con la limpieza interna y el añejo objetivo de lograr una total transparencia en la economía, el papa Francisco promulgó hoy una nueva ley anticorrupción cuyo fin es evitar contratar a directivos con currículums “non sanctos” –como sucedió en el último escándalo financiero relacionado con la millonaria compra de un inmueble en Londres–, así como otras operaciones turbias.
En lo que implica una novedad absoluta, la nueva ley prohíbe a cualquier empleado del Vaticano aceptar regalos u “otros beneficios” por un valor superior a los 40 euros (poco más de 48 dólares). Una disposición que, después de la reciente bajada de sueldos de los superiores, seguramente no caerá demasiado bien entre los altos prelados de la curia, que en diversos casos suelen recibir invitaciones a viajes, vacaciones o presentes por valores muy superiores a los 40 euros.
Más allá de este detalle, que es lo que más llamó la atención, con la carta apostólica con forma de motu proprio (por decisión propia) “sobre disposiciones sobre la transparencia en la gestión de la finanza pública”, el papa Francisco ante todo exige que los directivos y administrativos declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal. Además, los directivos no podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen en contra de la doctrina de la Iglesia.
Qué dice el motu proprio
“La fidelidad en las cosas de poca importancia está relacionada, según la Escritura, con la fidelidad en las cosas importantes. Así como el ser deshonesto en las cosas de poca importancia, está en relación con el ser deshonesto también en las importantes”. Con estas palabras, el exarzobispo de Buenos Aires enmarcó la nueva ley, que entró en vigor de inmediato, con su su publicación, hoy, en el Osservatore Romano.
Al comienzo del nuevo decreto Francisco evocó que al adherir a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (en septiembre de 2016), la Santa Sede decidió “ajustarse a las mejores prácticas para prevenir y combatir” este fenómeno “en sus diversas formas”. Recordó, además, que ya en mayo del año pasado, con otra importante ley sobre contratos públicos y licitaciones, se dieron pasos adelante en la lucha contra la corrupción en este ámbito.
“Pero la corrupción puede manifestarse en diferentes modalidades y formas, incluso en sectores distintos de la contratación pública, y por ello la normativa y las mejores prácticas a nivel internacional prevén para quienes desempeñan funciones clave en el sector público obligaciones particulares de transparencia con el fin de prevenir y combatir, en cada sector, los conflictos de intereses, las modalidades clientelares y la corrupción en general”, explicó.
De ahí, actuando según el principio de transparencia, estableció que de ahora en más todos los que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3 (es decir, desde los cardenales jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años), y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión, deberán firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años. Para hacer esto, agregó unos artículos al Reglamento General de la Curia Romana.
Los directivos deberán declarar que no tuvieron condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y de no haberse beneficiado de indulto, amnistía o gracia, y de no haber sido absueltos por prescripción. Además, de no estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos, evasión o elusión fiscal. También deben declarar que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales (a menos que sus familiares sean residentes o estén domiciliados por demostradas razones familiares, laborales o de estudios).
Y no es todo. Deberán también garantizar, según su conocimiento, que todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas. También es significativa la petición de “no tener” participaciones o “intereses” en sociedades o empresas que operen con fines contrarios a la Doctrina Social de la Iglesia, tal como destacó Vatican News, el portal del Vaticano.
Casualmente el lunes pasado, en lo que apareció como un verdadero escándalo, un programa televisivo de investigación del canal italiano Rai 3 reveló que hace unos años la Secretaría de Estado –a la que el Papa el año pasado le quitó el manejo de dinero, otra movida que creó mucho mal humor interno-, invirtió partes de sus fondos en una empresa farmacéutica que produce la píldora del día después, algo evidentemente en contra de la Doctrina Social de la Iglesia, que condena el aborto.
Lo cierto es que según la nueva ley, la Secretaría para la Economía, el superministerio de Economía que maneja el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, no sólo guardará estas declaraciones (cuya copia también deberá estar en la Secretaría de Estado), sino que además podrá realizar controles sobre la veracidad de las mismas. Y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas o mendaces, podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos.
El “motu proprio” finalmente prohíbe –en una novedad que afecta a todos los empleados de la Curia Romana, del Estado de la Ciudad del Vaticano y de los organismos afines- aceptar, por razón de su cargo, “regalos u otros beneficios” de un valor superior a 40 euros. Se trata de un viejo problema en el Vaticano donde, desde mucho antes de que el papa Francisco fuera electo, es sabido que para que avanzaran causas de canonización, en la Congregación para las Causas de los Santos llegaban dones, regalos y “beneficios” de todo tipo.
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