Uno por uno: el listado de países de la Unión Europea que endurecen su política migratoria
Los ministros del Interior validaron la creación de instalaciones de retorno fuera del bloque y sanciones más severas bajo el impulso de la presidencia danesa; el Parlamento deberá ratificar el paquete
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LA NACION
Los ministros del Interior de los 27 Estados miembros de la Unión Europea validaron un conjunto de normas destinadas a restringir el acceso al territorio comunitario y agilizar las expulsiones. La decisión responde a la presión política interna de los gobiernos y marca un cambio de estrategia en la gestión de las fronteras externas, pese a la baja estadística de los cruces irregulares registrada en el último año. El acuerdo alcanzado en la capital belga contó con el consenso mayoritario de los funcionarios, quienes evaluaron las propuestas presentadas por la Comisión Europea.
Las nuevas medidas de control fronterizo
El objetivo central de la normativa apunta a elevar las barreras sobre los flujos migratorios y acelerar los procesos de deportación. Entre las herramientas aprobadas destaca la creación de “centros de retornos” ubicados fuera de las fronteras de la Unión Europea. Estas instalaciones funcionarán como destino para aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo resulten rechazadas.
La legislación contempla sanciones más severas para las personas que se nieguen a abandonar el territorio europeo tras una resolución negativa. Otra novedad reside en la posibilidad de enviar a los migrantes a terceros países que no corresponden a sus naciones de origen, siempre que Europa los catalogue como lugares “seguros”.
Magnus Brunner, comisario europeo y artífice de este endurecimiento, enfatizó la necesidad política de la medida: “Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo”.
El bloque de apoyo
La validación de este paquete legislativo expuso la voluntad política general hacia la restricción. Dinamarca, país que ejerce la presidencia rotatoria de la UE, lideró el impulso de estas medidas y defendió su implementación durante un largo periodo. Bajo su gestión, los Estados miembros avanzaron con determinación en el examen de las propuestas.
Fuentes diplomáticas confirmaron la existencia de una intención compartida entre los Veintisiete para validar las iniciativas. “Estamos avanzando rápidamente”, declaró un diplomático europeo bajo condición de anonimato.
El respaldo trascendió el ámbito ministerial. Los diputados de derecha y extrema derecha otorgaron un primer visto bueno a estas políticas en el Parlamento Europeo la semana pasada. Varios dirigentes y eurodiputados abogan ahora por una adopción final del texto a inicios del próximo año.
Las objeciones de España y Francia
Pese al consenso para avanzar, surgieron voces disonantes respecto a la implementación técnica y legal de ciertas herramientas. España mostró dudas sobre la efectividad de los “centros de retorno”, basándose en el historial de ensayos fallidos realizados en otros países. La delegación española cuestionó la utilidad práctica de externalizar la gestión de los rechazados.
Francia también planteó reparos específicos. Las autoridades francesas cuestionaron tanto la legalidad como la eficacia de algunas de las propuestas incluidas en el paquete. Estas observaciones marcan un contrapunto dentro de la aprobación general.
Las críticas más contundentes provinieron de organizaciones externas. Silvia Carta, representante de PICUM, una ONG dedicada a la defensa de migrantes indocumentados, alertó: “En lugar de invertir en seguridad, protección e inclusión, la UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica”.
La disputa por las cuotas de asilo
La jornada en Bruselas incluyó negociaciones paralelas sobre el sistema de reparto de solicitantes de asilo. La Unión Europea busca aliviar la carga de naciones situadas en las rutas principales, como Grecia e Italia, mediante un mecanismo de solidaridad obligatoria. La normativa exigirá a los Estados miembros que acojan a solicitantes en su territorio o aporten una contribución financiera de 20.000 euros por cada persona rechazada.
Esta cláusula enfrenta la resistencia de varios gobiernos. Bélgica, Suecia y Austria dejaron claro que no aceptarán solicitantes de asilo procedentes de otros Estados miembros. La negativa de estos países complica la meta de distribuir a miles de personas antes de fin de año.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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