Desde el 18 de febrero: así afecta en California la medida del DOT para conductores de camiones comerciales
La revisión nacional de centros de entrenamiento para choferes expuso irregularidades, provocó cierres y encendió alarmas entre trabajadores del sector
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LA NACION
El 18 de febrero, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) anunció que a nivel nacional más de 550 escuelas que otorgan licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) recibieron avisos para ser eliminadas del Registro Nacional de Proveedores de Capacitación por incumplir normas federales. En California, camioneros y dueños de academias reaccionan ante el cierre de los centros de formación.
¿Qué decidió el DOT desde el 18 de febrero?
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, informó en un comunicado oficial que 448 escuelas no cumplieron estándares básicos de seguridad establecidos por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés). Y otras 109 se retiraron voluntariamente del registro al conocer la llegada de inspectores.
Durante cinco días, la Fmcsa desplegó a más de 300 investigadores en los 50 estados. En ese período se realizaron 1426 investigaciones presenciales en centros de capacitación. Las infracciones detectadas incluyeron:
- Instructores sin licencias o permisos adecuados
- Uso de vehículos que no correspondían al tipo de entrenamiento ofrecido
- Evaluaciones incompletas de habilidades básicas
- Incumplimiento de requisitos estatales
- Falta de capacitación en transporte de materiales peligrosos
Duffy sostuvo que “las familias estadounidenses deberían tener la confianza de que los conductores de nuestros autobuses escolares y camiones cumplen con cada letra de la ley, y eso empieza por recibir la capacitación adecuada antes de ponerse al volante”.
El administrador de la Fmcsa, Derek D. Barrs, afirmó que el operativo buscó garantizar “el estricto cumplimiento de las normas federales de seguridad” y advirtió que una escuela sin instructores calificados o vehículos adecuados no debe formar a futuros conductores.
Otros 97 proveedores continúan bajo investigación por problemas de cumplimiento.
El impacto en California y la retención de fondos
Los conductores comerciales que atraviesan las rutas californianas expresaron posiciones divididas ante el cierre de escuelas.
Un camionero advirtió a Telemundo 52 que, ante los cierres, muchos aspirantes “van a buscar aprender a manejar con algún amigo o algún pariente”.
Otro conductor consideró positiva la medida. Sostuvo que “es buena porque hay muchas escuelas que no están acreditadas, que están regalando las licencias”. Según el entrevistado, eso perjudica a quienes cursaron formación en academias que hacen las cosas de la forma correcta y afirmó que las licencias obtenidas con facilidad “están saturando el mercado”.
Choferes de camión como Gilberto plantearon otra posición. El hombre señaló al mismo medio que la decisión podría desalentar a trabajadores que buscan empleo como conductores comerciales. Afirmó que cada vez resulta más difícil obtener una licencia y advirtió que el país norteamericano depende del transporte de carga.
Sin embargo, también cuestionó programas que prometen aprendizaje acelerado y sostuvo que existen centros que ofrecen formación en dos semanas.
Por otro lado, Karla Costilla, propietaria de la Academia Masters Trucking en Gardena, California, respaldó la iniciativa federal. Indicó que muchas de las escuelas observadas no cuentan con maestros calificados ni con vehículos adecuados para capacitar.
Costilla afirmó que las evaluaciones en esos centros son incompletas y describió que “se dicen ser escuelas, pero en realidad no lo son. Sino que son personas que aprendieron a manejar y compraron un camión y están enseñando ahora”.
La empresaria consideró que la depuración del registro puede fortalecer la calidad de la formación y diferenciar a los centros que cumplen con las normas federales.
Además de esta medida, California enfrenta otro impacto. El gobierno federal planea retener US$160 millones del estado por no depurar su programa de licencias comerciales en línea con los estándares federales, según informó AP.
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